Abuso a menores. Dejan sin efecto el juicio previsto contra el sacerdote Sidders en La Plata

MENDOZA.- Es un giro abrupto que pone en alerta a víctimas de abusos sexuales, que ahora deberán recurrir a tribunales internacionales para intentar obtener justicia. Es que en las últimas horas...

MENDOZA.- Es un giro abrupto que pone en alerta a víctimas de abusos sexuales, que ahora deberán recurrir a tribunales internacionales para intentar obtener justicia. Es que en las últimas horas se conoció, en sintonía con el reciente fallo de la Corte por prescriptibilidad del delito que sobreseyó al reconocido cura Justo José Ilarraz, que se deja sin efecto el juicio contra Anatoly Raúl Sidders, un sacerdote de La Plata acusado de obligar a una niña de 11 años a tocar sus genitales a través de su sotana en reiteradas oportunidades, durante años.

Hstórico capellán del colegio San Vicente de Paul, en la capital de la provincia de Buenos Aires, Sidders fue denunciado por la víctima recién en 2020, cuando tenía 32 años. Como transcurrieron los 12 años previstos por el Código Penal y las normativas argentinas para condenar al imputado, a tono con lo dispuesto esta semana por el máximo tribunal del país, sus abogados recurrieron a los jueces que tenían previsto iniciar el debate el próximo jueves 10 de julio, quienes finalmente hicieron lugar a la solicitud, con un fallo que desactiva todo el proceso y deja libre de culpa y cargo al religioso platense.

La mujer denunciante falleció el año pasado, por lo que sus familiares había dado el impulso final al proceso judicial contra el cura, que debía sentarse en el banquillo. “Ella murió antes de ver enjuiciar a este pedófilo; solo exigimos Justicia”, exclamaron días atrás desde el entorno de la denunciante, expectantes de la decisión que podía tomar el tribunal. Ahora, todo cambió. La sorpresa y conmoción por la decisión empieza a inundar de interrogantes a los damnificados por este tipo de delitos en todo el país.

Este viernes, el Tribunal en lo Criminal Nº 5 de La Plata determinó la “extinción de la acción penal por la causal de prescripción” así como “sobreseer al imputado Anatoly Raúl Sidders” y proceder a otorgar su “inmediata libertad”, notificando a todas las partes, con la firma de la jueza Carmen Rosa Palacios Arias. De esta manera, quedó desactivado el debate bajo la modalidad de juicio por jurado, que iba a dar su veredicto el sábado 12 de julio.

“No se me escapa que las víctimas de estos aberrantes delitos denuncian cuando pueden, y no siempre cuando deben, pero existen normas de rango constitucional que no permiten excepcionar estos supuestos del régimen en materia de prescripción. De lo contrario ningún delito de abuso sexual estaría sujeto a ninguna regla de prescripción en tanto la víctima no formule la denuncia“, indica la magistrada en los considerandos de la decisión, atada a la resolución de la Corte Suprema en el expediente de Ilarraz, incluso reconociendo que “la representante de la particular damnificada sostuvo que el planteo de prescripción ya fue rechazado por la Cámara de Apelación y Garantías”.

Sidders, quien hasta ayer se encontraba con detención domiciliaria, estaba imputado bajo la figura penal de “abuso sexual gravemente ultrajante, por su duración en el tiempo y las circunstancias de su realización, doblemente calificado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima y por haber sido cometido por un ministro de un culto religioso, en concurso real con corrupción de menores calificada por ser la víctima menor de 13 años”.

En esta instancia decisiva se había previsto un acompañamiento especial, de alcance internacional, teniendo en cuenta los casos resonantes en la iglesia católica en los últimos años, como fue la sentencia histórica contra los curas y empleados del Instituto Antonio Próvolo, de Mendoza, condenados por vejar a niños sordomudos, que tuvo repercusión mundial.

Vale recordar que también hubo víctimas de sacerdotes en la sede del Próvolo en La Plata. Por eso, este juicio tomaba mayor relevancia, además de la gran repercusión que venía teniendo en las redes sociales, por lo que estaba confirmada la presencia de dos directivos de la entidad internacional Ending Clergy Abuse (ECA), que en español significa Fin al Abuso del Clero, que viene exigiendo al Vaticano “tolerancia cero” para los responsables de esos delitos.

En este caso, iban a marcar presencia el exeurodiputado, Matthias Katsch, autoridad de la institución en Europa, que tenía previsto llegar al país desde Alemania en las próximas horas, y el abogado mendocino Sergio Salinas, titular de la organización en América y representante de las víctimas del Próvolo en Mendoza. Sin embargo, crecía el malestar y alerta por las recientes novedades en la causa del cura Justo José Ilarraz, que había sido condenado a la pena de 25 años de cárcel por haber abusado sexualmente de adolescentes que estuvieron a su cargo en un seminario de Entre Ríos: la Corte Suprema de Justicia decidió sobreseerlo por prescripción de la acción penal.

“Estamos muy preocupados por los fallos como el de la Corte argentina, que generan en un futuro inmediato responsabilidad internacional del país ante tribunales internacionales”, sostuvieron desde ECA. En tanto, Salinas, con la misma inquietud, en diálogo con LA NACIÓN se mostró consternado por lo ocurrido. “Esto provoca un efecto cascada, donde muchos tribunales, a partir de las defensas, se van aprovechar de esta prescripción, violentando los tratados internacionales de derechos humanos. Es un retroceso que viola lo que se conoce como cláusula de progresividad en derechos humanos. Lo que genera es más instancia en tribunales internacionales como puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una futura responsabilidad del Estado”, explicó el profesional. “En concreto, utilizar el derecho interno para no dar justicia a niños, niñas y adolescentes es una violación a los derechos humanos, con responsabilidad internacional argentina”, completó.

En el medio de esta compleja y dramática situación, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que se trabajará en una reforma de Código Penal para acabar con los plazos de denuncia con los abusos sexuales. “Los delitos sexuales no deberían prescribir. Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso, propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, escribió en su cuenta de X.

Para los especialistas en la materia y defensores de los derechos de las víctimas se trata de un paso trascendental que debe dar la Argentina. Sin embargo, aclaran que la normativa, como toda ley, no será retroactiva, por lo que apelan a reclamos en tribunales internacionales y lograr que este tipo de delitos, por más que hayan ocurrido hace décadas, tengan el respaldo legal y global necesario para revertir las decisiones de la justicia nacional.

Según denunció la víctima, Daniela, los abusos de Sidders comenzaron cuando ella tenía 11 años, mientras cursaba cuarto grado y se producían en el momento en que se realizaban los recreos escolares. Fue un calvario que duró 4 años, entre 2004 y 2008. El sacerdote la invitaba a acercarse para “darle calor”: la obligaba a colocar sus manos “frías” en los bolsillos de la sotana, pero luego empezaba a sentir su miembro erecto. La mujer contó que en el momento de las confesiones le preguntaba sobre la masturbación y le daba “recomendaciones” sobre cómo mantener relaciones sexuales. El expediente comenzó a tomar forma recién en 2020 cuando la mujer, que cursó los estudios primarios y secundarioss en San Vicente de Paul, ya tenía 32 años y tuvo el coraje de denunciar al religioso, luego de recibir un extenso tratamiento psicológico. Daniela murió en 2024, producto de una larga enfermedad, por lo que su madre y su esposo continuaron como querellantes en la causa, junto con las abogadas Josefina Rodrigo y Pía Garralda.

Cuando se inició la denuncia, el caso tomó gran repercusión por lo que el entonces arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, a quien se lo cuestionó por “silenciar” los hechos, finalmente desplazó a Sadders del puesto en el colegio. El cura fue trasladado a Misiones y se ordenó la prohibición de tener contacto con menores.

A fines de 2020, Sidder quedó detenido y a los pocos meses obtuvo la prisión domiciliaria, luego de presentaciones que realizó la defensa por problemas de salud; también solicitó la prescripción de los delitos e incluso su absolución. El sacerdote en diferentes oportunidades negó haber conocido y tenido contacto con la mujer que lo denunció, aunque existen testimonios de compañeras de Daniela que relataron haber vivenciado situaciones similares, además de la contundencia de los informes psicológicos de la víctima. Solo restaba esperar el inicio de juicio contra Sidders y el veredicto del jurado popular. Ya nada de eso ocurrirá.