Analizan impulsar convenios por empresas, cambios en indemnizaciones y la posibilidad de cobrar en pesos, dólares o euros

El Gobierno planea cerrar el año con la aprobación de la reforma laboral. El proyecto que recorre los despachos oficiales y al cual accedió LA NACION, prevé impulsar convenios por empresa, conc...

El Gobierno planea cerrar el año con la aprobación de la reforma laboral. El proyecto que recorre los despachos oficiales y al cual accedió LA NACION, prevé impulsar convenios por empresa, conceder premios a la productividad, crear bancos de horas, una posible reducción de los impuestos al trabajo y la opción de que los trabajadores cobren en pesos, dólares o, incluso, en euros.

Hay en carpeta beneficios fiscales y reducción de cargas sociales -siempre bajo la lupa del equilibrio fiscal que tiene como norte el equipo económico- e, incluso, condonación de multas y sanciones si se regulariza al personal no registrado.

Se trabaja, por otra parte, en dar mayor claridad contractual a los tipos de vínculos laborales y las condiciones de contratación, y en ofrecer mayor flexibilidad para adaptar contratos y modalidades existentes en el mercado.

El Gobierno buscará, por otra parte, darle al fondo de cese laboral, que ya rige pero que no tuvo adhesión, un marco de certidumbre. No está definido aún, pero los nuevos empleados podrían ya ser redirigidos a este nuevo sistema obligatoriamente, según contaron a este medio, en referencia a las alternativas para reemplazar las indemnizaciones.

Bajo revisión, según el texto oficial, está la Ley de Contrato de Trabajo, que necesita, dicen los libertarios, una modernización. Sin embargo, en el programa oficial -en la búsqueda de la viabilidad del proyecto en el Congreso- puede leerse entre líneas cierta moderación.

“Se hace evidente la necesidad de debatir cuanto antes una reforma que fomente la creación de empleo, reduzca la informalidad y acompañe adecuadamente el crecimiento de la actividad”, dicen fuentes allegadas al Gobierno, que no consideran entre las posibilidades una aprobación que se estire a marzo.

Agregan que las más beneficiadas serán las pymes -las mayores empleadoras del país-, porque son las que más sufren los juicios laborales, las altas indemnizaciones a pagar y el costo de registrar a los empleados.

¿Se esperan fuertes chispazos con los sindicatos? El proyecto al que accedió este medio no toca intereses claves de las entidades, como la cuota obligatoria para los trabajadores o la ultraactividad, un principio por el cual un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. Sin embargo, quienes conocen la letra chica afirman que estos temas podrían también ser parte del debate.

Además, está bajo análisis la obligación de las empresas de retener las cuotas sindicales y derivarlas a los gremios.

Existen dos posturas en el Gobierno a la hora de presentar el nuevo proyecto de ley. Ir por todo o sacar la reforma posible. Todo sigue aún en discusión en los despachos oficiales.

El resto de lo que se está “cocinando” para reformar la Ley de Contrato de Trabajo no generaría grandes problemas, según creen. Sobre todo, lo que tiene que ver con el impulso a la formalización de empleados (vale recordar que el 37,7% de los asalariados no cuenta con descuento jubilatorio, según el Indec), una acción que beneficia no solo a los trabajadores a quienes se les abre la puerta para tener un empleo de calidad y el derecho a una jubilación, sino también a sus representantes gremiales que, con los mismos costos, tendrían mayores ingresos.

“Es un disparate que los trabajadores del Estado salgan a protestar contra la reforma laboral, ya que no los afecta en nada. Ellos se rigen por la Ley de Empleo Público. Hay muchas ganas de mezclar todo y hacer ruido para que el Gobierno no pueda sacar esta ley”, cuenta un funcionario cercano a la Casa Rosada, haciendo referencia al paro nacional que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante en reclamo contra la reforma laboral.

La reforma impulsada por el Gobierno cuenta con el asesoramiento del Consejo de Mayo, donde está representado el Ministerio de Capital Humano (Sandra Pettovello) a través de la Secretaría de Trabajo; el Ministerio de Desregulación (Federico Sturzenegger); las diferentes cámaras empresarias y los sindicatos. Hay propuestas además del Ministerio de Economía (Luis Caputo), y también del ámbito tributario que rozan lo laboral. También se tuvieron en cuenta tres proyectos de ley presentados en el Congreso, pero el punteo final viene de la mesa chica libertaria, con el aval del presidente Javier Milei.

El documento al que accedió LA NACION explicita que la reforma busca “recomponer el vínculo entre el trabajador y la empresa, promoviendo un marco más justo, ágil y previsible que incentive la formalización del empleo e impulse la creación de nuevas fuentes de trabajo”.

¿Cuál es el proceso para la aplicación de los cambios? El rumbo previsto es una simplificación de las normas que lleve a la reducción de la litigiosidad y una mayor flexibilidad. Se busca, según el pliego con el que trabajan los que piensan la reforma, generar las condiciones para un mercado laboral competitivo y sostenible.

Los lineamientos generales que están en el borrador que vio LA NACION son:

1- Aumentos salariales y salarios dinámicos: la idea del Gobierno es “fomentar el crecimiento y aumento de la competitividad y la producción”. Quienes más produzcan, podrán obtener mayores ganancias a través de un reconocimiento diferenciado y compensaciones según su rendimiento y productividad.

En despachos públicos sostienen que una cosa es que el empleador pueda pagar voluntariamente por encima del mínimo pactado con los sindicatos, como sucede hoy, y otra es que esté acordado entre las partes que haya un aumento si se dan determinadas variables o parámetros objetivos.

En ese sentido, el objetivo es que la paritaria sea un piso (bajo) en las negociaciones colectivas y que haya resto, sobre todo para las pymes, para ir por encima y pagar por el buen desempeño.

2- Convenios por empresa: para el Gobierno, las negociaciones son más productivas si son por empresa que por actividad. Se trata de abrir esta puerta, que también puede favorecer a que fluya mejor el fondo de cese laboral, que hasta ahora no tuvo mayor adhesión.

El objetivo, afirman, es conservar los puestos de trabajo en las empresas menos favorecidas, impulsar la creación de empleo y favorecer mayores aumentos de sueldo en las empresas con mayores ganancias.

Quienes trabajan la letra chica del proyecto oficial observan que, “cuando se homologa una paritaria, rige para toda la actividad en todo el país. La idea es que los acuerdos se puedan hacer por empresa o por región y sean un piso de la negociación y no un techo. Porque el almacén de barrio, o de un pueblito del interior, entonces, tiene que pagar lo mismo que un hipermercado. Se considera que las empresas más grandes terminan absorbiendo a las más chicas, que no están en condiciones de pagar esos salarios. Tienen la disyuntiva de ir a la informalidad, a la quiebra o trabajar con muy poco personal”.

3- Pacto de monedas: los trabajadores podrán elegir libremente cómo cobrar sus salarios en pesos argentinos, dólares o euros.

4-Formalización: se pondrá en marcha la posibilidad de normalizar el empleo informal sin perder la antigüedad y asegurando el acceso a la jubilación. Los beneficios de esta medida son claros: el acceso a la obra social, aportes jubilatorios y cobertura legal. Las ventajas para los empleadores vendrían por el lado de facilitar la registración y la condonación de multas y sanciones al regularizar al personal no registrado. Hay en carpeta beneficios fiscales y reducción de cargas sociales. Se busca, de esta manera, bajar la litigiosidad.

5- Previsibilidad: habrá mayor claridad contractual en tipos de vínculos laborales y condiciones de contratación.

6- Fondo de cese laboral: aseguraría el acceso a la indemnización y garantiza al trabajador su cobro rápido al finalizar la relación laboral. Según la idea del Gobierno, brinda mayor previsibilidad y promueve un menor costo laboral en caso de desvinculaciones.

El fondo de cese laboral, en rigor, es una propuesta optativa para el empleador y el trabajador que forma parte de la Ley Bases, pero que no tuvo demasiada adhesión. El Gobierno intentará entonces dar más certidumbre respecto a su funcionamiento. Hasta ahora existe la posibilidad de que se negocie a través de los convenios colectivos.

Para que hoy se articule un fondo de cese tiene que haber un acuerdo entre la cámara empresaria del sector y el sindicato. No está definido, pero se podría incluir la idea de que la forma de reemplazar la indemnización sea a partir de un fondo de cese obligatorio para los nuevos empleados. Las empresas tendrían que evaluar los números, porque el fondo tiene que ser a través de un aporte patronal.

Un participante de las negociaciones lo describe como “un cambio de cultura”, donde para el empleador será más ágil la desvinculación, pero para el empleado será más fácil insertarse en el mercado de trabajo.

7- Flexibilidad horaria: Es un sistema que permite compensar horas. Las horas adicionales trabajadas se acumulan en una cuenta personal del empleado. Cuando la actividad baja, esas horas se usan como tiempo libre, sin afectar el salario. No reemplaza el pago de horas extras, los recargos del 50% en días comunes ni el 100% en fines de semana o feriados. La jornada laboral, afirman, seguirá igual.

8- Acuerdos entre partes: Habrá mayor flexibilidad para adaptar contratos y modalidades de trabajo.

En el Gobierno creen que hay un agotamiento del esquema laboral vigente, y el crecimiento económico de 2025 -según calculan, de 5%- no se tradujo en una decisión firme por parte de las empresas privadas de contratar más empleados. “Esto es lo que no puede pasar”, cuestionan. Así, apuestan a un cambio que, piensan, puede dinamizar el mundo del empleo.