Astucia jurídica y anemia republicana

Cuando se escriba la historia política reciente de la provincia de Buenos Aires –y de la Argentina en su conjunto–, resultará inevitable detenerse en uno de los rasgos más perdurables y corr...

Cuando se escriba la historia política reciente de la provincia de Buenos Aires –y de la Argentina en su conjunto–, resultará inevitable detenerse en uno de los rasgos más perdurables y corrosivos de nuestra cultura institucional: la obsesión por eternizar el poder. Mejor o peor disimulada, persiste la tentación de manipular las normas para el logro de cargos electivos perpetuos, vaciando de contenido la alternancia democrática, que debería ser el nervio de cualquier república.

Esta lógica se cristaliza en la Legislatura provincial mediante un proyecto de ley (promovido por el kirchnerismo) que apunta a reinstalar las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires, revirtiendo lo logrado en 2016. Aquel año, bajo la gestión de María Eugenia Vidal, se sancionó la ley 14.836, que, por primera vez, puso freno a las reelecciones indefinidas al establecer un límite de dos mandatos consecutivos para intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores bonaerenses (habilitando una nueva postulación luego de un mandato de interrupción).

Dicho proyecto propone derogar las restricciones electorales existentes para concejales, diputados, senadores provinciales y consejeros escolares, mientras que un segundo proyecto, presentado recientemente en comisión, amplía este beneficio a los intendentes. En suma, se intenta retrotraer el sistema electoral bonaerense al viejo régimen que en el pasado ha permitido a las hegemonías locales consolidarse sin límites.

Hay quienes, con ingenuidad o cinismo, argumentan que la reelección indefinida es una expresión de la voluntad popular y un derecho de los electores a ratificar indefinidamente a sus líderes locales. Olvidan –o eluden– que la esencia de una democracia republicana no radica solo en el voto, sino en el equilibrio de poderes, la limitación de cargos y la garantía de que ningún dirigente ha de volverse dueño del Estado. Como advertía Juan Bautista Alberdi, “la reelección continua, aun por elección popular, no es menos despótica que el gobierno vitalicio: es la perpetuación del mando por otros medios”.

Lo que está en juego no es una mera disputa de reglamentos o un tecnicismo legislativo: es la pugna entre dos concepciones antagónicas de democracia. De un lado, la concepción republicana de gobierno limitado, alternancia y rendición de cuentas; del otro, una democracia degradada a plebiscito permanente, cuyo mérito es haber perfeccionado el arte (y las mañas) de la maquinaria electoral, y la eternización de aparatos políticos territoriales que condicionan la vida democrática de la provincia.

Esta situación se agrava por la falta de una autonomía municipal plena en la provincia de Buenos Aires, una deuda pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Paradojas del federalismo argentino: la provincia más grande y poderosa sigue rigiendo sus municipios con un régimen que, en términos estrictos, resulta inconstitucional. La ausencia de una autonomía real –que permitiría a cada municipio definir su sistema de gobierno, representación y control– es lo que mantiene vivo este círculo vicioso.

Entonces no estamos ante un esfuerzo por mejorar la representación democrática: la “reforma” que se impulsa desanda el camino de alternancia, oxigenación de la representación y apertura de las estructuras políticas (municipales y legislativas) iniciado en 2016. Si se concreta, y si el electorado vuelve a convalidar con indiferencia o resignación estas maniobras, habremos dado otro paso hacia la desnaturalización de nuestro sistema republicano. Porque una democracia sin alternancia no es democracia: es una autocracia refrendada periódicamente. Las reglas de juego deben ser claras, estables y previsibles. Cambiarlas según la conveniencia coyuntural vulnera el marco jurídico y mina la confianza ciudadana en las instituciones.

El desafío, en definitiva, no es solo jurídico ni exclusivamente político. Es también, y sobre todo, cultural: reconstruir una ciudadanía activa que comprenda que limitar los mandatos no es un capricho normativo, sino un resguardo de la libertad colectiva. La historia reciente demuestra que los oficialismos que confunden permanencia con legitimidad terminan, tarde o temprano, aislados y desgastados, víctimas de sus propias maniobras; porque la astucia coyuntural que permite retener el poder puede ser, paradójicamente, la semilla de una derrota política más profunda.

Pro sostiene con firmeza que las reelecciones indefinidas son un retroceso que erosiona las bases del sistema democrático. Defender los límites a los mandatos no es solo una cuestión jurídica: es un compromiso político y ético para frenar los abusos de poder y garantizar que las instituciones estén siempre por encima de los nombres propios. Hoy el verdadero desafío no es preservar cargos, sino mejorar la representación y regenerar legitimidades. Y esa tarea empieza siempre por limitar, voluntariamente, los propios privilegios.

Presidente del bloque de senadores Pro, provincia de Buenos Aires