ATE montará una “carpa negra contra la corrupción” frente al PAMI de Río Negro

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− Tras ...

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− Tras denunciar sobreprecios en el PAMI en la compra de lentes intraoculares, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) montará mañana frente a la sede central del PAMI en General Roca “una carpa negra contra la corrupción”. En diálogo con LA NACION, aseguraron que si no obtienen respuestas, nacionalizarán la acción.

Desde ATE, uno de los dos gremios estatales de representación en todo el país, indicaron que el acampe busca “la actuación de la Justicia contra cada uno de los responsables de cobrar sobreprecios y coimas en la adquisición de lentes intraoculares para la operación de cataratas y el empleo discrecional de profesionales militantes de La Libertad Avanza”.

El lunes, Rodolfo Aguiar, jefe de ATE a nivel nacional, señaló que comprobaron “la existencia de sobreprecios y el pago de retornos en la adquisición que la obra social hizo de lentes intraoculares para la operación de cataratas”.

Según señalaron desde el sindicato, la licitación pública 12/25 de PAMI adjudicó a las empresas Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad la compra de lentes intraoculares por un total de $80.730.354.421, a valores que superan en un 32% los precios de mercado. “No sólo alguna autoridad se quedó con ese excedente, sino que además el PAMI designó en la provincia de Río Negro a profesionales militantes libertarios para llevar adelante Campaña Visión. Estos técnicos triplicaron sus facturaciones a la obra social en los últimos meses. En julio, por $30.000.000”, sumaron.

Hace unos días, en un informe periodístico del canal TN, los oftalmólogos que son prestadores del PAMI advirtieron que los productos estaban entre cinco y seis veces más caros que el precio de mercado. “Los lentes, que tienen un costo de 35.000 pesos, se pagaron a 150.000 y en algunos casos hasta 230.000 pesos. Además, los insumos adquiridos son de menor calidad. Son miles los jubilados que ya denunciaron haber sufrido afecciones graves a partir de utilizar estos productos”, acusó Aguiar. La Unidad Fiscal de Investigación especializada en PAMI activó una investigación preliminar.

En ese sentido, Rodrigo Vicente, secretario general de ATE, dijo: “Así como ATE accedió a las pruebas de la corrupción, las autoridades y la Justicia también pueden hacerlo. Esta utilización política que hacen de la obra social es el corolario de gravísimos hechos, como la leña entregada a destiempo y los pañales que nunca llegaron a la casa de los jubilados”.

Aguiar añadió: “Hasta el mes de julio los lentes los compraba cada profesional médico. A partir del 1 de agosto el PAMI cambió el mecanismo para comprar de manera directa. Centralizaron las compras para robar. No es casual que desde que asumió este Gobierno, en la gestión de PAMI hayan eliminado todos los controles y las auditorías. Acá hay mucho más que un 3% en vueltos”.

El dirigente indicó hoy a LA NACION que el próximo martes convocarán a los delegados de ATE en PAMI de todo el país y resolverán los pasos a seguir. Subrayó que “se sumarían nuevas denuncias sobre prótesis y traslados en ambulancia”.

En tanto, desde PAMI rechazaron el pago de sobreprecios. “PAMI no paga de más y el ejemplo es lo que pagan otros financiadores del sistema. El costo de la prestación varía dependiendo de la cirugía que se realice y de la lente necesaria. En PAMI la lente más barata se abona $160.000 más la práctica, que la más baja es de $408.000, dando un total de práctica más lente igual a $568.000. El mismo lente, con la misma práctica, la obra social del Poder Judicial lo paga $740.000 y prepagas como OSDE, $1.148.016. PAMI paga más bajo en parte por los grandes volúmenes que trabaja”, señaló el organismo en un comunicado.

Y agregó: “Con relación al sistema anterior, PAMI incrementó los valores de la lente porque ahora se mejoró la calidad, hay control y seguimiento del insumo que se le coloca al afiliado y se garantiza la provisión en todo el país. Asimismo, el precio de referencia anterior se encontraba atrasado y los médicos mentían con el stock o cobraban copagos a los afiliados para otorgar el insumo, algo que está prohibido”.

En el Gobierno también rechazaron las acusaciones. “Durante años, las cirugías de cataratas estuvieron rodeadas de prácticas sin control. No existía trazabilidad sobre los insumos, lo que hacía imposible verificar qué lente se colocaba ni si era el adecuado. La sustancia viscoelástica, indispensable para la seguridad del procedimiento, se fraccionaba entre varios pacientes en un mismo día quirúrgico, lo que implicaba un riesgo sanitario inadmisible. A esto se sumaban múltiples reclamos de afiliados por acciones antiéticas por parte de algunos oftalmólogos: prácticas sin comprobante, exigencias de dólares en efectivo y montos en negro que llegaron a superar el millón de pesos por un lente que ya estaba cubierto por el Instituto. Ese sistema, opaco y permisivo, favorecía a unos pocos prestadores en perjuicio de los jubilados”, explicaron.