Caso YPF: Presidente Milei, no nos decepcione

La defensa legal del Gobierno se ha esmerado en enmascarar, en detalles menores del juicio que presenta como positivos, el vergonzante desarrollo del litigio iniciado por Eskenazi contra la Repúbl...

La defensa legal del Gobierno se ha esmerado en enmascarar, en detalles menores del juicio que presenta como positivos, el vergonzante desarrollo del litigio iniciado por Eskenazi contra la República e YPF.

Sin embargo, mientras la Argentina estira la duración del juicio sumando apelación tras apelación, la sentencia del litigio iniciado por Eskenazi genera un billón de dólares de intereses judiciales por año. Solo hasta el día de hoy, a dos años de la sentencia, este monto pasó de 16 billones a 18 billones de dólares por los intereses ya devengados.

Esto representa cerca de 4 veces el monto del ajuste del “gasto” en jubilaciones que el Gobierno Nacional hizo durante el año 2024, 32 veces el ajuste del “gasto” en Salud Pública, y 18 veces el ajuste del “gasto” en Educación y Universidades.

Este litigio de potenciales efectos devastadores fue iniciado por Eskenazi. Para más claridad, la carátula del juicio en el Juzgado de Preska es “Petersen Energía v. República Argentina and YPF”. Petersen Energía es la sociedad que utilizó Eskenazi para la cuestionada compra de las acciones de YPF.

Los avances de ese juicio en el Juzgado de Loretta Preska, de ninguna manera son resultado de que a Eskenazi le asista alguna razón. Tampoco se debe a una habilidad especial de los abogados del demandante en el litigio. Por el contrario, ese resultado es consecuencia de la desastrosa defensa argentina.

Eskenazi planteó el litigio en el juzgado de Loretta Preska, reclamando que la Argentina debió comprarle sus acciones en YPF cuando expropió las de Repsol. Eskenazi formuló ese reclamo como si fuera un accionista común y corriente de YPF, haciéndose el “distraído” respecto de lo informado por la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF) en 2018.

Ese informe de la UIF señala la adquisición por Eskenazi de esas acciones como socio del expresidente Néstor Kirchner. Señala también que al no contar Eskenazi con el dinero para adquirir esas acciones a Repsol, Kirchner promovió un acuerdo entre Eskenazi y Repsol para que el precio se pagara íntegramente con casi la totalidad de las ganancias de YPF, a ser distribuidas en forma de dividendos a Eskenazi (y también a Repsol). Agrega que para facilitar ese ilegítimo flujo de fondos de YPF a Eskenazi, Repsol nombró como CEO de YPF a Sebastián Eskenazi. Como consecuencia de ello, YPF fue “vaciada”, en palabras de la UIF.

También describe la UIF cómo se planeó el ocultamiento de ese vaciamiento años más tarde, cuando esa situación se hizo inocultable por verse obligado el país a comenzar a importar energía producto del vaciamiento de YPF. Para ello, al expropiar Cristina Kirchner las acciones de Repsol, nombró a un directorio que no investigó ni demandó a Eskenazi ni a Repsol por el vaciamiento, como le imponían sus deberes fiduciarios como directores de YPF. Pavimentaron así el camino para que Eskenazi, en vez de ser demandado civil y criminalmente, en cambio, demande él a YPF y a la República.

Es inexplicable que la Argentina haya escogido tan solo “defenderse” en el juzgado de Preska en EE.UU. frente al reclamo de Eskenazi, en vez de iniciar acciones para ir tras quienes vaciaron a YPF. La defensa de la Argentina ha tratado a Eskenazi en ese litigio bajo la ficción de que se trata de un accionista común y corriente, cuando en realidad “sus” acciones, según la UIF, fueron adquiridas en sociedad con el expresidente Néstor Kirchner. Peor aún, la UIF indica que es posible que la financiación internacional obtenida por Eskenazi para el pago de las acciones la haya conseguido utilizando como garantía (“back to back” dice la UIF) los 600 millones de dólares que Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, hizo desaparecer de la provincia, entregándoselas al Banco de Santa Cruz, también de propiedad de Eskenazi. Es decir, según la explicación de la UIF, una “sociedad” de larga data.

No hay duda de que en su defensa ante la jurisdicción elegida por Eskenazi, la Argentina debió haber solicitado la intervención de la Justicia criminal para que se investigue también el irregular ingreso de Eskenazi a YPF y su posterior vaciamiento. De haberse criminalizado en EE.UU. el litigio ante el Departamento Criminal del Departamento de Justicia (DOJ), hubiera resultado absolutamente impensable que progresara el juicio civil de Eskenazi contra YPF y la República en el juzgado de Preska.

Por el contrario, Eskenazi, Antonio Brufau, CEO de Repsol, y sus cómplices y encubridores, hubieran debido enfrentar serios cargos criminales en EE.UU. Además, de probarse esos cargos, Eskenazi y Repsol hubieran tenido que reparar económicamente los extraordinarios daños causados por el vaciamiento. Repsol nunca hubiera recibido de la República 5 billones de dólares en compensación por la expropiación de sus acciones en YPF.

Cabría preguntarse si las instituciones argentinas no fueran suficientes para ello antes de pensar en recurrir a la Justicia de otro país. Para responder al interrogante basta recordar que Elisa Carrió presentó una denuncia en el juzgado de Ariel Lijo por estos delitos hace mas de 15 años y aún no existe un resolución del juzgado ni avances concretos. El actual Gobierno, que podría haber merituado si esa demora no justificara un juicio político de Lijo, propuso en cambio promoverlo a la Corte Suprema de la Nación.

La defensa de la Argentina, representada en EE.UU. por experimentados abogados, no podía desconocer que de activarse la jurisdicción criminal de EE.UU. - por separado del juzgado civil de Preska- esta acción tendría una influencia decisiva en el litigio. Y es sumamente llamativo que en 10 años de juicio, la Procuración del Tesoro, que está a cargo de la defensa en este litigio, jamás haya formulado cuestionamiento alguno a los abogados de la Argentina en Nueva York, liderados por Robert Giuffra Jr.

La Procuración debería explicar por qué estos abogados, como conocedores del derecho de EE.UU., durante 10 años evitaron actuar en EE.UU. por fuera del juzgado de Preska. Hasta el día de hoy no ha conseguido justificarlo y se ha escudado en la “confidencialidad” de su estrategia. Esto es inverosímil en un litigio que la Procuración transmite a los medios minuto a minuto - en forma sesgada -.

Es altamente probable que la cerrada negativa de la Procuración a dar explicaciones sobre esta omisión se deba al temor de quedar expuestos a las consecuencias legales de no haber cumplido con sus deberes de funcionario público, por no activar esta defensa en favor de la Argentina. Y en el caso de Giuffra, que exista un fundado temor personal a quedar expuesto a las consecuencias reputacionales, y de otro tipo, por haber evitado que la Argentina actuara criminalmente en EE.UU., si aconteciera que el actual Gobierno decidiera hacerlo a 10 años del comienzo del litigio. Con más razón si la iniciativa en EE.UU. resultara exitosa.

Lamentablemente los hechos muestran que en el actual Gobierno no existió ignorancia o simple descuido del tema. El Presidente de la República ha recibido durante los últimos 12 meses recomendaciones y propuestas de exmiembros senior del Departamento Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU. (“DOJ”). Es decir, de personas muy calificadas en EE.UU. en combatir el crimen ante la Justicia penal de ese país. Le ofrecieron abogar frente al DOJ para que este investigue, en colaboración con el FBI, si existió corrupción en el ingreso de Eskenazi a YPF, vía el vaciamiento de la compañía. Y comunicarlo, de iniciar el DOJ una investigación formal, al Juzgado de Preska para solicitarle una suspensión (“stay”) del litigio en su Juzgado, a la espera del resultado final de ese proceso penal. Ello es idéntico a lo que prevé nuestra legislación para aquellos casos en que coexisten un proceso civil y un proceso penal.

La coyuntura política en EE.UU. no podría hoy ser más oportuna. El senador Marco Rubio solicitó al gobierno de Biden sanciones contra Cristina Kirchner, a quien llamó cleptócrata convicta por robar billones de dólares. Más recientemente como secretario de Estado le prohibió la entrada a Estados Unidos.

Esas propuestas de exfiscales senior de EE.UU. fueron presentadas al Presidente a través del Ministerio de Economía. A partir de esas recomendaciones el Presidente instruyó, el año pasado, a su administración para avanzar sin demoras en la criminalización del caso en el Departamento de Justicia de EE.UU.

Sin embargo, tal como se temió, los sucesivos procuradores del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, apoyándose en los consejos del abogado de New York, impidieron concretar esa iniciativa, eligiendo una vez más que la Argentina se defienda únicamente ante el Juzgado de Preska. El único argumento esbozado para ello es que no existen aún evidencias suficientes que sustenten una denuncia criminal. Esta es una excusa inaceptable, porque es contradictorio con los informes técnicos del propio Gobierno Argentino que elaboró la UIF y que han señalado la existencia de graves delitos.

Mientras la defensa de la Argentina no consiga explicar esta resistencia, seguirá luciendo como facilitándole el camino a Eskenazi.

Este camino ha permitido el avance del litigio de Eskenazi. Durante la gestión de este Gobierno la Argentina ha sufrido un nuevo y duro revés al dictar la jueza Preska el 30 de junio de este año una sentencia que ordena a la República entregar las acciones de YPF a los demandantes. Otra resolución negativa que la Argentina también apela, a un costo de tres millones de dólares diarios en concepto de intereses judiciales.

Así, esta situación ya no es responsabilidad solo del gobierno de Cristina Kirchner, que expropió las acciones, ni de las declaraciones imprudentes de su ministro Axel Kiciloff, sino también del actual Gobierno.

Sin duda han conspirado a esta “ingenua” defensa de la Argentina los desafortunados nombramientos por este Gobierno del Primer Procurador y Subprocurador del Tesoro, Rodolfo Barra y Andrés de la Cruz, pues ambos tienen admitidos vínculos con Eskenazi. La Procuración es el organismo que tiene a su cargo la defensa de este litigio. En el caso del subprocurador De La Cruz, la Oficina Anticorrupción a cargo de Alejandro Melik asombrosamente opinó que aquel no tenía conflicto de intereses para estar a cargo de la dirección del juicio, a pesar de haber trabajado De La Cruz para Eskenazi justamente en la cuestionada operación de compra de acciones de YPF. Este tipo de dictámenes desacreditan la credibilidad y la utilidad de esa oficina pública.

Con motivo de la renuncia de Barra por razones no vinculadas a este tema, se designó como nuevo Procurador a Santiago Castro Videla, también con vínculos admitidos de su estudio con los demandantes. Tanto Barra como Castro Videla, a pesar de haberse excusado de actuar en el litigio, participaron de reuniones por este tema, con los resultados conocidos.

Igual de grave: estos funcionarios públicos tampoco cuestionaron a Giuffra por haber acatado las instrucciones procesales impartidas por el procurador Carlos Zannini durante el gobierno de Alberto Fernández. Esas instrucciones impartidas por Zannini a Giuffra fueron perjudiciales para la defensa argentina. La Procuración y la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia del actual Gobierno no pueden desconocer que esas instrucciones provinieron de quien fuera, a su vez, Secretario Legal y Técnico de Néstor Kirchner, y, como tal, el arquitecto de la estructura legal de entrada de Eskenazi a YPF. Tampoco pueden desconocer que con posterioridad a ello, es decir durante la administración Macri, Zannini fue funcionario del Banco de Santa Cruz de propiedad de Eskenazi, como también indica la UIF. Es decir, Eskenazi “refugió” en su banco en Santa Cruz durante la administración Macri al arquitecto legal de su entrada a YPF vía su vaciamiento, quien tiempo después estuvo a cargo de la defensa de la Argentina frente al reclamo del propio Eskenazi.

En resumen, el vergonzante avance del litigio iniciado por Eskenazi es el resultado, por un lado, de la inexplicablemente “limitada” estrategia de “defensa” que siguió Giuffra y por otro lado, del aval a esta “fallida” estrategia por parte de la Procuración del Tesoro, con el apoyo de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, María Ibarzabal.

Para intentar ayudar a corregir el rumbo perdedor de la defensa de la Argentina, nos hemos presentado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a formular las correspondientes denuncias; existen institutos legales para hacerlo. La Argentina e YPF no son las únicas posibles víctimas de estos delitos, porque estos también afectarían sensiblemente a los inversores institucionales de EE.UU. en YPF, a quienes los organismos de aquel país deben protección. Además, existe una “utilización” de las cortes de EE.UU. para intentar perpetrar nuevos delitos federales.

Por separado, estamos colaborando con un grupo de accionistas importantes de YPF en una próxima presentación ante ese Departamento de Justicia.

Esperamos que esta vez el Presidente de la Nación se sume a estas iniciativas para actuar ante ese organismo. El Presidente debería evitar que quienes activamente obstaculizaron la criminalización de estos hechos durante sus 21 meses de gobierno intenten tardíamente participar, ya sea directa o indirectamente, a través de la incorporación al proceso de firmas de abogados internacionales nuevas “afines”, que agreguen interferencias o demoras para limitar esta línea de defensa y ataque, a la que Argentina pudo haber recurrido desde el inicio del juicio.

La Procuración y la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de este Gobierno han mal gastado 21 meses de proceso, al día de hoy ya existe un riesgo mediano alto de que las iniciativas criminales en EE.UU. se frustren por llegar tarde. Por ello, el desastroso resultado actual ya no sería solo responsabilidad de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof, como se pretende comunicar públicamente, sino también del actual Gobierno.

De tomar el Presidente el toro por las astas, sumándose a las iniciativas en curso ante el DOJ, en lugar de delegarlo nuevamente en los mismos en quienes ya lo hizo, demostraría a la sociedad un compromiso claro de poner fin a los 17 años de corrupción e impunidad en el asunto YPF. Exhibiría también una promisoria capacidad de corregir errores relevantes de su administración o complicidades, cuando se hacen evidentes.

Ello tampoco pasaría desapercibido en la consideración pública internacional en materia de ataque a la corrupción. Pues de confirmarse el importe de esta sentencia, sumado al daño ya producido por el vaciamiento de YPF y al monto de la indemnización pagada a Repsol, tendrían el triste privilegio de colocar al caso “YPF” en el podio de los tres fraudes más grandes del mundo, detrás de los infames casos “Madoff” y “Enron”. Pasaría a ser un caso de estudio en los centros académicos más prestigiosos.

La reducción del riesgo país para recuperar una senda de crecimiento sostenido no se alcanzará tan solo con el saneamiento de nuestras cuentas públicas, requiere también un saneamiento de nuestras instituciones y una activa lucha contra la corrupción. El Gobierno aún presenta un déficit en ambas. El último Nobel de Economía justamente premió estudios de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, que comprueban empíricamente que la calidad de las instituciones es esencial para explicar por qué algunos países prosperan mientras otros quedan rezagados.

A partir de ahora, y para intentar evitar la criminalización en EE.UU. del vaciamiento de YPF, es solo esperable que se acentúe el “lobby” feroz de Eskenazi, que ha demostrado una notable eficacia en infiltrar actores de esta historia, tanto públicos como privados. Pues los responsables de estos delitos no solo tendrían en riesgo un botín hoy de 18 billones de dólares, sino peor aún su libertad personal, de dictarse condenas de cumplimiento efectivo en las prisiones del país del Norte.

El tremendo sacrificio actual de la sociedad argentina, que estoicamente ha intentado hasta ahora acompañar la histórica reducción del déficit fiscal que viene realizando este Gobierno, ha sido especialmente traumático en los sectores más vulnerables de la población. No existe margen ético, ni de cualquier otro tipo, para que la totalidad del ahorro fiscal, producto de ese descomunal y doloroso esfuerzo, se termine dilapidando por no existir voluntad política, o capacidad polìtica, para detener este brutal saqueo a las arcas del Estado.

Por esta vía criminal internacional, además, se podrían encontrar y recuperar más bienes ocultos producto de la corrupción, como los que persiguen el fiscal Luciani y su equipo, y otros tantos jueces y fiscales valientes decididos a terminar con la impunidad.

Presidente Milei, no nos decepcione.

(*) Esta columna de opinión es realizada a título personal y no representa la opinión del estudio que el autor fundó y lideró hasta su mudanza al exterior en 2020, y que e integró hasta este año.