Cocaína, coimas y poder tras las rejas: el líder que manejó una red narco desde la cárcel recibió 15 años de condena

Seis metros cuadrados bastaban para que el jefe moviera la estructura: una celda de la Unidad Penitenciaria N° 1 de San Luis fue convertida en base de operaciones, con teléfonos, una notebook, pe...

Seis metros cuadrados bastaban para que el jefe moviera la estructura: una celda de la Unidad Penitenciaria N° 1 de San Luis fue convertida en base de operaciones, con teléfonos, una notebook, pendrives, cuadernos, carpetas con documentación, un talonario de pagarés, estupefacientes y una balanza de precisión. Desde allí, y con trato preferencial dentro del penal, organizaba compras, transporte y distribución de cocaína que, según pudieron comprobar los investigadores, llegaba desde Villazón, Bolivia, y se canalizaba hacia la ciudad puntana de Villa Mercedes.

La estructura financiera incluía el lavado de activos mediante empresas y lugares detectados durante la pesquisa, y se sostenía con coimas dirigidas a las máximas autoridades penitenciarias para asegurar que la “oficina” funcionara sin obstáculos. La maniobra descubierta en 2023 terminó en juicio y condena: el Tribunal Oral Federal de San Luis impuso penas de hasta 15 años de prisión, de acuerdo con lo publicado en su web fiscales.gob.ar.

La investigación comenzó el 31 de agosto de 2023, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Jujuy a una persona que estaba por entregar un bolso con 5,263 kilogramos de cocaína, cuyo destino final era Villa Mercedes. Ese primer hallazgo desató allanamientos en San Luis: se detuvo a otros implicados y se secuestraron estupefacientes, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo, según informó el MPF. En esa misma línea, se ordenó allanar la celda del principal sospechoso —que se encontraba detenido por una causa de violencia de género— y se corroboró que había montado un esquema de trabajo con elementos prohibidos que facilitaban la continuidad del delito desde el establecimiento carcelario.

La pesquisa permitió establecer que el liderazgo desde la cárcel se apoyaba en beneficios internos y en la connivencia de funcionarios. De acuerdo con el parte oficial, la cabeza de la organización era Rafael Dante Churquina y la operatoria fue posible gracias a la participación del director y del subdirector del penal, quienes aceptaban dádivas y otorgaban un trato diferencial a él y a otros integrantes de la organización durante las visitas. Esa estructura administrativa corrupta resultó indispensable para que la organización siguiera operando con la celda como centro de mando.

El hilo del dinero fue clave para reconstruir la cadena de provisión. Según el MPF, Churquina y sus colaboradores enviaron a Jujuy la suma de US$12.500 —US$10.000 aportados por Daniel Hedel Becher— para adquirir poco más de cinco kilos de cocaína. La compra se efectuó con US$6000 dólares, a razón de US$1200 por cada “ladrillo”, y el resto se destinó a mantener la logística del tráfico. Ese esquema económico se complementaba con el lavado de activos: se identificaron empresas, lugares y testaferros que servían para blanquear bienes y ganancias ilícitas, información que se consolidó gracias al aporte de un imputado colaborador en los términos de la ley 27.304.

Con el avance de la causa, el Juzgado Federal de San Luis dictó el procesamiento con prisión preventiva para el líder y otros miembros de la organización por transporte y comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, lavado de activos y cohecho. En paralelo, se detuvo y procesó a dos funcionarios del servicio penitenciario provincial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cobro de dádivas y participación en el transporte agravado de estupefacientes. La etapa de procesamiento fue informada oficialmente por fiscales.gob.ar el 18 de diciembre de 2023, con el detalle de los hallazgos en la celda y la hipótesis de dirección desde el lugar de detención.

El expediente derivó en debate oral dos años más tarde. El 26 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por las juezas María Carolina Pereira, María Paula Marisi y Gretel Diamante, condenó a tres acusados con penas que llegaron a 15 años de prisión. Según la acusación del fiscal federal subrogante de la Unidad Fiscal San Luis, Cristian Rachid, y del fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, se acreditó que Churquina organizó y financió el tráfico ilícito desde su celda, lavó los bienes generados por la actividad y pagó coimas al director y al subdirector del penal para operar sin controles, todo ello en concurso real de delitos. El tribunal le impuso 15 años de prisión y una multa de $50.000.000.

Becher, identificado como financista y partícipe en el lavado de activos, también quedó incluido en el pago de dádivas a funcionarios penitenciarios. Fue condenado a 13 años de prisión y a una multa de $48.000.000. En tanto, Efraín David Cortez recibió 4 años de prisión como partícipe secundario en el transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

La sentencia oral se apoyó en evidencia reunida por la PSA, en audios y conversaciones de los acusados y en el testimonio del imputado colaborador que permitió conocer la dinámica interna de la organización. Los fiscales hicieron hincapié en la gravedad de que el delito se ejecutara desde un establecimiento penitenciario, lo que exigió la cooptación de autoridades para garantizar el funcionamiento de la estructura criminal dentro del penal.

Antes del inicio del debate, se celebraron acuerdos de juicio abreviado con otros siete acusados del proceso. Entre ellos estuvieron el director y el subdirector de la Unidad Penitenciaria N° 1 de San Luis, Jorge Ángel Orozco y Mario Ojeda, condenados por cohecho pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Orozco recibió 3 años y 6 meses de prisión y Ojeda, 3 años y 3 meses. Para ambos se dispuso la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Esos acuerdos fueron homologados el 31 de julio de 2025.

Además de las penas, el tribunal ordenó el decomiso de bienes vinculados a la actividad delictiva: dos inmuebles, dos fondos de comercio, 15 automóviles, motos, bicicletas, electrodomésticos, dinero y dispositivos electrónicos. A instancia del MPF, se resolvió también dar intervención al Servicio Penitenciario Federal para evaluar la incorporación de Churquina al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, un protocolo que apunta a administrar a quienes representan particular peligrosidad dentro del sistema.

En su alegato, los representantes del MPF remarcaron que el caso “no es uno más”, por la modalidad desde la cárcel y por la necesidad de una estructura administrativa corrupta que lo hiciera posible. La frase se inscribe en una línea de trabajo que la Procuración General de la Nación impulsa desde 2021 para abordar el fenómeno del delito complejo gestionado desde establecimientos penitenciarios, según se consignó en el parte de prensa.

La sentencia oral dejó aspectos abiertos: el TOF indicó que los fundamentos se conocerán dentro de los 20 días hábiles posteriores al veredicto. En tanto, el decomiso de bienes busca afectar los activos que permitieron sostener la maniobra, un punto central para atacar la base económica del delito.