Cómo afecta la nueva ley fiscal de Donald Trump a los beneficiarios de Medicaid y SNAP

Millones de estadounidenses enfrentan incertidumbre sobre su seguro médico y asistencia alimentaria debido a la reciente ...

Millones de estadounidenses enfrentan incertidumbre sobre su seguro médico y asistencia alimentaria debido a la reciente ley fiscal impulsada por el presidente Donald Trump. La nueva normativa republicana aprobada por el Congreso de Estados Unidos añade requisitos laborales y burocráticos más estrictos para Medicaid y SNAP, que podrían dejar sin cobertura a miles de beneficiarios.

Cambios en los requisitos laborales para Medicaid y SNAP: qué establece la ley de Trump

La ley fiscal recientemente aprobada establece que los beneficiarios de Medicaid entre 19 y 64 años deberán trabajar, estudiar o realizar servicios comunitarios al menos 80 horas al mes para mantener su cobertura, informó Associated Press. Sin embargo, padres con hijos menores de 14 años y personas con discapacidades quedan exentos.

Aunque en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya existe un requisito similar para adultos de hasta 55 años, ahora este límite se extenderá hasta los 65 años.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que casi 12 millones de personas podrían perder su seguro médico hacia 2034 debido a estas medidas, según CNN. Pero además, en el caso particular de Medicaid, los beneficiarios deberán someterse a revisiones de ingresos y direcciones cada seis meses, lo que aumentaría la carga administrativa. Martha Santana-Chin, directora de L.A. Care Health Plan, explicó a AP que quienes no tengan domicilio estable podrían perder fácilmente su cobertura por no recibir notificaciones oficiales.

Ley fiscal de Trump: cómo afecta a los niños e inmigrantes de Medicaid

Por otra parte, la nueva ley autoriza a los estados a impedir temporalmente la inscripción de niños cuyos padres presenten retrasos en el pago de primas, que en algunos casos alcanzan hasta 100 dólares mensuales. Además, podrían imponerse períodos de espera para menores que pasen de seguros privados a Medicaid, lo que revocaría la prohibición establecida previamente por la administración Biden.

A su vez, la normativa restringe el acceso a seguros de salud subsidiados a refugiados y solicitantes de asilo. Los estados que cubren a inmigrantes indocumentados también verán reducidos sus fondos federales del 90% al 80%, lo que obligará a algunos de ellos, como California e Illinois, a detener la inscripción de nuevos beneficiarios.

Para Amanda Hinton, de Missouri, beneficiaria de Medicaid con fibromialgia, el cambio es alarmante. “Estoy en pánico. Tengo algunas enfermedades crónicas incurables y dependo de mis medicamentos para sobrevivir el día”, afirmó en diálogo con Univision.

SNAP: recortes presupuestarios y cargas para los estados

Por otro lado, la ley establece que los estados deberán asumir, por primera vez, al menos un 5% del costo de SNAP desde 2028, algo hasta ahora cubierto totalmente por el gobierno federal. Esta exigencia podría llevar a muchas entidades a limitar la cobertura o incluso abandonar completamente el programa. Se estima que los recortes ascenderán a US$230 mil millones en una década.

Gobernadores demócratas de 23 estados afirmaron en una carta conjunta que los recortes propuestos por la nueva ley “destruirían efectivamente” el programa SNAP. Según ABC News, señalaron que “los estados tendrán que destinar millones o incluso miles de millones de dólares adicionales a sus presupuestos o se verán obligados a abandonar el programa SNAP por completo, lo que podría privar a millones de estadounidenses de esta asistencia vital”.

Cómo impacta la ley fiscal de Trump en hospitales rurales y clínicas comunitarias

Tal como consignó Associated Press, expertos anticiparon que los hospitales rurales también sufrirán el recorte. La reducción en fondos de Medicaid “provocará muchos cierres” de centros médicos, según indicó R. Kyle Kramer, director ejecutivo del Hospital Day Kimball en Connecticut, quien además advirtió que la medida podría llevar a una crisis financiera en áreas rurales.

Asimismo, la ley prohíbe la financiación federal para Planned Parenthood, lo que afectaría a servicios de planificación familiar y detección temprana del cáncer y llevaría al cierre de aproximadamente un tercio de sus clínicas en todo el país norteamericano, precisó AP.