Crece el conflicto entre intendentes bonaerenses del PJ y el gremio de Moyano por el ajuste en recolección de residuos

Para los intendentes de la provincia de Buenos Aires, la municipalización del servicio de recolección de residuos o de la ...

Para los intendentes de la provincia de Buenos Aires, la municipalización del servicio de recolección de residuos o de la prestación privada del barrido es una variable de ahorro tan importante como conflictiva. En los últimos meses, escogieron ese camino municipios como Villa Gesell y La Plata, en el marco de la resistencia del gremio de Camioneros que, en el caso del municipio costero, incluyó una demostración de fuerza con la presencia de Pablo Moyano.

Una reciente intervención del líder de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, Hernán Doval, con una opinión favorable a la municipalización, levantó de nuevo la polémica con Moyano. Esta alternativa de ahorro se esparce como rumor en otros municipios.

Villa Gesell, donde gobierna el intendente peronista Gustavo Barrera, recortó un porcentaje del servicio de barrido, y La Plata, también gobernada por el peronismo, con Julio Alak, transformó en municipal la recolección de residuos en diez de las delegaciones municipales.

A principios de mes, el gremio de Camioneros protestó en Villa Gesell ante la posibilidad de despidos en el área de barrido. A pesar del conflicto, la municipalidad logró su cometido de ahorrar en ese servicio. “La recolección está tercerizada a la empresa Santa Elena. En ese contrato, estaba la recolección y un servicio de barrido manual, de barrenderas que hacían 15 cuadras de la avenida 3. Cuando se cumplió el plazo del contrato se decidió no renovar el barrido porque no teníamos presupuesto. Eran $40.000.000 mensuales. Camioneros hizo un paro, luego hubo una conciliación obligatoria, y el gobierno provincial propuso un plan con el que costea el 50% de los salarios. Así, el personal se reincorporó a la empresa y sigue prestando el servicio, pero sin responsabilidad de la municipalidad”, informaron a LA NACION desde la Municipalidad de Villa Gesell.

Si bien desde la comuna costera (donde no se aprobó el presupuesto municipal tras una escandalosa sesión en la que fue agredida la concejala de Pro Clarisa Armando) indicaron que no planean municipalizar la recolección de residuos sólidos, admitieron que “el contrato más grande es el de la recolección”.

Según cifras del distrito, en 2025 el municipio de Villa Gesell tuvo una pérdida neta de recursos de coparticipación provincial de $2.903.492.707; hasta marzo de 2026, la pérdida neta de esos fondos llegaba a $750.405.215. La consultora PPA indicó en su último informe que el total de transferencias enviadas desde el gobierno provincial a Villa Gesell cayó un 11,3% durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado. En términos generales, los datos de la consultora marcaron que la coparticipación bruta provincial hacia los municipios cayó un 18,6% interanual en términos reales entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

En el caso de La Plata, se municipalizó una porción de la recolección de residuos de la empresa ESUR. Se aplicó esa solución en el caso de nueve localidades (Abasto, Arana, Arturo Seguí, El Peligro, Etcheverry, Ignacio Correas, Lisandro Olmos, Melchor Romero y Sicardi-Garibaldi). Desde la municipalidad, no aportaron detalles. Pero, según pudo saber LA NACION de fuentes distritales, se evitaron despidos, se abrieron retiros voluntarios y se achicaron servicios. El monto ahorrado con el cambio de sistema rondaría los $10.000 millones anuales; el presupuesto total destinado a la empresa ESUR es cercano a los $90.000 millones anuales.

A fines de marzo, Camioneros realizó una asamblea en La Plata para oponerse a posibles despidos en el sector. La municipalización parcial de la recolección en La Plata se implementó hace aproximadamente un mes, mediante una resolución del jefe comunal Alak. La consultora PPA ubicó en 1,59% la caída de transferencias provinciales a La Plata en el primer trimestre de 2026, en comparación con el primer trimestre de 2025.

El gasto en la recolección de residuos a manos de empresas privadas es la erogación principal para muchos presupuestos municipales. En un distrito mediano del interior bonaerense, que lleva décadas con su servicio de recolección privatizado, insume unos $300.000.000 mensuales.

A principios de marzo, Hernán Doval, secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) declaró que el costo del servicio de recolección “baja un tercio” si lo hacen trabajadores municipales y subrayó que “hay que remunicipalizar la recolección de los residuos sólidos en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires”. Ese planteo le generó una réplica de Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de camioneros. “¿Qué diferencia hay entre Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, reducir salarios y empujar a miles de familias trabajadoras a la pobreza”, remarcó el número dos del sindicato que conduce Hugo Moyano.

Días más tarde, la Fesimubo publicó una declaración de apoyo a Doval, en la que reivindicó su postura a favor de la municipalización de servicios privatizados y dejó una crítica velada al gremio de Camioneros. “Luchamos en contra de la precarización y los bajos salarios en el sector municipal, para elevar la calidad de vida de los municipales, pero nunca a costa de otros trabajadores, porque tenemos una concepción solidaria y fraterna de la clase trabajadora toda y no nos miramos solo nuestro ombligo. Tampoco, y nuestro secretario general lo ha demostrado en Avellaneda , nunca buscamos ni nunca buscaremos robarle afiliados a otros gremios, nosotros no actuamos de esa manera”, subrayó en su comunicado la federación municipal.

La posibilidad de buscar ahorrar recursos en la municipalización de la recolección de residuos corre como un rumor en otros distritos, en los que las fuentes oficiales prefieren el silencio. Uno de ellos es Ituzaingó, donde no se buscaría la estatización, pero sí se impulsaría conseguir la baja del IVA para los municipios en esos contratos, según señaló una fuente opositora. En Bahía Blanca, los camioneros realizaron una asamblea, hace un mes, ante versiones de achique en la recolección y el barrido, que el sindicato atribuyó a sectores de la oposición local.