Crisis sanitaria: en medio de resistencias, el Gobierno insistirá con las reformas administrativas y hospitalarias

En las últimas semanas, a medida que se extinguía el plazo con facultades extraordinarias que el Congreso había concedido a la Casa Rosada, ...

En las últimas semanas, a medida que se extinguía el plazo con facultades extraordinarias que el Congreso había concedido a la Casa Rosada, una batería de cambios alcanzó a la gestión sanitaria nacional dentro y fuera del Ministerio de Salud. Unificación de la administración de los hospitales nacionales, remuneración electiva de la beca para los profesionales en formación dentro del sistema nacional de residencias, disolución de institutos y delegaciones de Salud en las provincias o eliminación de potestades acumuladas desde hacía más de medio siglo para crear organismos fueron algunas de las últimas decisiones oficializadas.

En esa cartera, según plantean, las decisiones “avanzan” a una reducción de la estructura central, financiamiento limitado a lo que por ley le compete al Estado nacional (por ejemplo, citan el calendario de vacunación), dictado de guías y protocolos que unifiquen criterios de atención y respuesta a enfermedades, asistencia técnica a las provincias con intervención de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y mayor responsabilidad de los gobiernos provinciales con una administración federal de funciones y servicios de salud.

Pero no siempre los distritos o las instituciones involucradas conocen de antemano el contenido de esas decisiones o anuncios. Más de una vez refirieron autoridades provinciales en diálogo con LA NACION, no sin fastidio, que no hay comunicación previa. Daniel Salomón, investigador superior del Conicet en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), en Puerto Iguazú, Misiones, dijo a este medio que se enteraron de su “destrucción” durante la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni.

Fue el lunes de la semana pasada, horas antes de la publicación del decreto por el que las líneas de trabajo y recursos del Inmet quedaron absorbidos por otros dos institutos y un laboratorio de referencia dentro de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán. Como exdirector de la institución, Salomón publicó una carta de descargo para “desmentir las razones esgrimidas”, con adhesión de 3569 firmas de colegas del país y el exterior desde el Día de la Independencia.

“La pretendida superposición como competencia, cuando en realidad se actuó siempre en sinergia con los otros institutos y centros de la Anlis, atenta contra el mismo principio de eficiencia esgrimido en los argumentos”, planteó sobre uno de los principales puntos de un informe elevado al ministerio por las autoridades de la Anlis. “Desarrollar estrategias de prevención requiere estudios en terreno con larga permanencia en el mismo, atender en ese sentido enfermedades tropicales desde Buenos Aires implica campañas cortas, costosas, con tránsito innecesario de material biológico de riesgo, y con resultados dudosos por eventualidades climáticas. Estar localizado en la triple frontera, con su flujo de turistas, resultó en un acto de soberanía sanitaria e integración regional –continuó Salomón–. Desperdiciar la enorme inversión realizada por el Estado en formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, es ineficiencia”.

En tanto, en el ministerio que dirige Mario Lugones los motivos más citados para la toma de estas decisiones suelen ser la presencia de irregularidades, la redundancia de roles o el incumplimiento de funciones y la falta de eficiencia en la administración de los recursos públicos.

“Se trata de medidas concretas para poner fin a la dispersión administrativa, eliminar estructuras sin operatividad real o con funciones superpuestas, y garantizar un Estado más ordenado, ágil y transparente”, argumentaron, de hecho, a propósito de los últimos decretos del Ejecutivo que modificaron el organigrama y facultades de esa cartera “después de más de 20 años de emergencia sanitaria sin soluciones estructurales”.

Efectivamente, esas medidas –que la semana pasada tuvieron una repercusión más dispersa que la esperada– se siguen dando en medio de una crisis del sistema de salud (desde la formación de los profesionales hasta la calidad y la oportunidad de los servicios que reciben los pacientes) en la que coinciden funcionarios, asociaciones profesionales, facultades de ciencias de la salud y medicina; prestadores y financiadores, incluidos los sindicatos; y agrupaciones políticas. Sin embargo, aún no encuentran cómo resolverla.

Esto sucede a la par del reclamo público de los profesionales por condiciones laborales adecuadas, incluida la remuneración, que se agudizó desde la salida de la pandemia de Covid. Se da, además, con una fuerte intervención de agrupaciones políticas y gremios en otro año electoral.

Hospitales nacionales

Uno de los principales blancos de la gestión libertaria en salud son los hospitales que dependen de la Nación y, en algunos casos, cofinancia con provincias y municipios por una facultad de creación de nuevos hospitales que se derogó la semana pasada. El Gobierno salió a reclamarles a esos distritos la puesta al día con deudas pendientes y no encontró respuesta en Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad para que se hicieran cargo de los hospitales nacionales ubicados en sus jurisdicciones sin la partida presupuestaria correspondiente.

De hecho, el argumento incluido en el Decreto 460/2025 señala “la acumulación de deudas significativas por parte de diversas provincias, con la consecuente obligación del Estado nacional de afrontar la totalidad o la mayor parte de los gastos, a pesar de ser una competencia reservada constitucionalmente a los gobiernos locales”, lo que “ha puesto en evidencia la ineficacia de los entes interjurisdiccionales”.

La semana pasada, en la misma línea de reducción de estructuras, la administración de los cinco hospitales que solo financia la Nación quedó centralizada en una nueva agencia creada en la órbita del Ministerio de Salud. La Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) quedó a cargo de las compras y las contrataciones, los recursos humanos y el recupero de prestaciones del Posadas, el Baldomero Sommer, el Laura Bonaparte, el Ramón Carrillo (ex Colonia Montes de Oca) y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), en Mar del Plata.

“Los hospitales Samic operativos (Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Favaloro, Bicentenario de Esteban Echeverría, Néstor Kirchner de La Matanza y El Calafate de Santa Cruz) seguirán funcionando con normalidad bajo sus actuales esquemas de cogestión entre la Nación y la provincia y el municipio donde funcionan”, afirmó Salud.

Hasta fin de año, la ANES estará en un proceso de transición hasta completar el traspaso de los equipos de administración, compras, recursos humanos y asuntos jurídicos de cada hospital. Un grupo más reducido permanecerá como enlace con la agencia y cada establecimiento retendrá la gestión de compras de insumos, reparaciones de equipos y otras urgencias cotidianas. Del director de la ANES dependerán los directores ejecutivos de esos cinco hospitales, no así la dirección médica.

Residencias

Otro frente abierto de conflicto es la reforma del sistema nacional de residencias, sobre la que en los últimos días empezaron a pronunciarse asociaciones profesionales como la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, dos especialidades que dejaron de ser atractivas para los nuevos médicos por la relación entre la remuneración y la exigencia laboral. Analizan sumarse otras entidades en los próximos días.

A los paros y reclamo público de los residentes del Hospital Garrahan por un aumento de las remuneraciones, al que se plegaron los residentes del resto de los centros nacionales, siguió la decisión del Ministerio de Salud de actualizar el reglamento de residencias y permitir que los profesionales que se presenten a examen por uno de los cupos financiados por esa cartera opte entre dos tipos de beca de formación: una, como hasta ahora, que paga esa cartera con descuentos de jubilación y cobertura de salud u otra, sin esos descuentos, con los beneficios que asigne el centro donde hagan la residencia.

Esa posibilidad terminó por abrir otro debate: para el Ministerio de Salud, los residentes son becarios en una etapa de formación de posgrado, como lo define el convenio que suscriben para acceder a la beca, mientras que para un sector de los residentes son trabajadores en igualdad de condiciones que los profesionales de planta.

Pero eso no es unánime entre los futuros residentes, a diferencia del cambio del cálculo de puntaje que beneficia a los egresados de universidades argentinas para asignar el orden de mérito en el ranking que les permitirá elegir el centro dónde formarse. Así lo pudo relevar LA NACION en una se las sedes donde se tomó el Examen Único para cubrir los cupos que ofrecen provincias, universidades, organismos y centros que adhieren a esa evaluación. El sistema privado, en tanto, se expresó en línea con el criterio oficial.

Institutos nacionales

También con la batería de decretos de la semana pasada, el ex Instituto Nacional del Cáncer (INC) –que había dejado de existir como tal en marzo pasado– pasó a ser parte del organigrama de Salud como dirección nacional, dentro de la Secretaría de Gestión Sanitaria. “La medida no afecta la continuidad de los programas ni del equipo profesional que los lleva adelante, sino que simplifica su encuadre organizativo para mejorar la gestión”, insistieron en el ministerio ante la consulta de LA NACION.

La oposición y un grupo de ONG de pacientes criticó la decisión, mientras que la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) se refirió al “deterioro progresivo del INC en los últimos cuatro años ha tenido un impacto negativo en la prevención y el control del cáncer en la Argentina” e instó a no discontinuar “programas y recursos” orientados a la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de los tumores.

También, como se dijo, la Casa Rosada disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), además del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares. El Inmet funcionaba desde hacía 14 años en Puerto Iguazú, Misiones, y su personal y sus líneas de investigación van a ser absorbidos por el Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui, en Pergamino, y el laboratorio nacional de referencia en enfermedades infecciosas. En Salud hablaron, a diferencia del exdirector, de “superposición de roles” y “líneas de investigación redundantes” con esas áreas al justificar la decisión.

A una década de que el Congreso lo creara por ley, el Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares desapareció. Sin voces que se alzaran conocida la medida, en Salud sostuvieron que “nunca fue puesto en funcionamiento real desde su sanción en 2015. Nunca tuvo un presupuesto ni un lugar de funcionamiento asignado, ni tampoco personal”, respondieron en el equipo de Lugones. “Hay varias estructuras que se ocupan de esos objetivos, como la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles y el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas”, agregaron.

Delegaciones sanitarias

Entre normas del siglo pasado que fueron derogadas, está la de creación en 1958 de oficinas en las provincias de representación y enlace del ministerio nacional con los gobiernos locales. Esas delegaciones sanitarias federales quedaron eliminadas del organigrama de Salud. “Eran estructuras inactivas y sin funciones operativas”, definieron en esa cartera. Se mantienen, en cambio, los 39 puntos focales que tienen distintas funciones, como evaluar información sobre enfermedades transmisibles, coordinar tareas de respuesta ante emergencias sanitarias o promover acciones locales de prevención, entre otras.

Para el Ejecutivo, con la creación en 1981 del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en el que participan todos los ministros de Salud del país, esas delegaciones ya no tenían función alguna. “La salud es competencia de las 24 jurisdicciones del país. Las provincias cuentan con sus propios sistemas sanitarios, autoridades y redes hospitalarias. En este contexto, el rol del Estado nacional es acompañar técnicamente, no superponer ni reproducir estructuras que correspondan a las provincias”, argumentó el ministerio tras la publicación de los decretos.