De la fiesta en el piso 40 a la investigación contra “Lelo” Pérez, el vendedor de autos acusado de lavar dinero en dos torres de Rosario

ROSARIO. Leandro David Pérez tenía una teoría que repetía como un mantra en las cenas de empresarios a las que se coló hace más de 15 años: “No pregunto de dónde sacó la plata el que qui...

ROSARIO. Leandro David Pérez tenía una teoría que repetía como un mantra en las cenas de empresarios a las que se coló hace más de 15 años: “No pregunto de dónde sacó la plata el que quiere uno de mis autos. A mí qué me importa cómo hizo su fortuna”.

Esa frase, que entonces sonaba a bravuconada de un vendedor “con calle” que había llegado a la cima de los negocios, hoy funciona como una confesión anticipada. La Justicia federal convirtió esa indiferencia calculada sobre el origen del dinero en el corazón de una causa por lavado de activos que terminó con Pérez detenido junto a su socio y a un grupo de policías y con una batería de medidas cautelares que pretende alcanzar bienes por 3600 millones de pesos.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Matías Scilabra, y la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con Juan Argibay Molina a la cabeza, pidieron al Juzgado Federal N° 3 de Rosario órdenes de allanamiento, requisas y detenciones en el marco de una investigación por lavado de dinero. “Lelo” Pérez, que fue novio de la mediática Vicky Xipolitakis, fue indagado la semana pasada y recién este lunes se levantó el secreto de sumario en la causa.

Según el libro Rosario, que este cronista coescribió con Hernán Lascano, Lelo Pérez es aquel “muchacho simpático” que una noche de 2009 llegó de invitado a “la mesa” del restaurante Pampa —el cónclave donde los principales hombres de negocios de la ciudad afinaban lealtades entre carnes rojas y malbec de buenas cosechas— y en tres o cuatro cenas los tuvo a todos en el bolsillo. Es el mismo que pagó la primera cuenta sin hacer alarde, que contaba anécdotas desopilantes sobre cómo había empezado desguazando un Alfa Romeo averiado, y que había hecho una fortuna vendiendo autos importados en Reina Automotores a una clientela que nadie quería mirar de frente: la que salía de los suburbios con dinero líquido de la droga y quería, antes que cambiar de casa, exhibir el ascenso arriba de un auto de lujo.

En aquel relato, Pérez terminaba comprando un departamento en la torre Aqualina, el edificio más caro de Rosario, inaugurado en 2009, de 40 pisos y 127 metros sobre el río, a metros del Monumento a la Bandera; el mismo donde la familia de Lionel Messi adquirió un piso poco después.

Su ambición era tener un piso entero, “como Messi”. Organizó una fiesta de cumpleaños en la terraza, con guardaespaldas tatuados y champán importado, que dejó helados a sus flamantes amigos empresarios cuando descubrieron con quién se estaban codeando. La escena de la lista de invitados falsa —todos de apellido Cantero, el de Los Monos— y la trompada al intendente del edificio, el expresidente del puerto Guillermo Salazar Boero, condensaba la novedad de un Rosario que cambiaba: los dos mundos, el de los negocios formales y el del dinero narco, se habían cruzado y los límites ya no se distinguían.

Aquel capítulo cerró en 2009. El escrito fiscal de 2026 le da continuidad y muestra que Lelo no se movió del mismo lugar: sigue viviendo en la torre Aqualina y sigue haciendo lo que siempre supo hacer, mover autos. Solo que ahora lo hace a una escala industrial.

Si algo revela el expediente es una obsesión: los vehículos. El detalle de las imputaciones enumera decenas de camionetas de alta gama adquiridas en los últimos años a través de Transporte Overland SRL, la sociedad que Pérez integra con su socio Marcelo Malatesta. La lista es un catálogo de las pickups más caras del mercado: Volkswagen Amarok V6 en todas sus variantes (Extreme, Black Style, Highline), Ford Ranger Raptor y XLS, camiones Mercedes-Benz y Volkswagen, motocicletas BMW S1000RR y KTM. Solo entre 2020 y 2026 los fiscales identifican más de cuarenta operaciones de compra atribuidas a Pérez y Malatesta, cada una valuada en cientos de salarios mínimos.

El problema, según la fiscalía, es que los números no cierran por ningún lado. Transporte Overland recién se dio de alta en el rubro “venta de autos, camionetas y utilitarios usados” en junio de 2024, pero la AFIP —hoy ARCA— informó que en 2021 la firma tenía dos vehículos, en 2022 sumó siete, en 2023 tenía seis y en 2024 al menos 18, todo antes de estar habilitada para ese negocio.

Los estados contables declaran una estructura patrimonial “incompatible con la magnitud de los bienes incorporados”: la cuenta de inversiones se mantuvo en cero, no se detectaron préstamos y en un ejercicio las ventas netas apenas superaban los $22 millones cuando los autos incorporados ese año sumaban más de $58 millones. La conclusión de la Unidad Forense Contable es contundente: la sociedad “por sí sola no tuvo fondos suficientes para la adquisición de todos los bienes muebles detectados”.

En las escuchas telefónicas —una de las patas más sólidas de la investigación— Pérez aparece hablando con su pareja de la compra de “tres chatas a precio de flota”, de cheques largos, de motos XR “iguales” que vende y compra, de un cuatriciclo, de camiones y autoelevadores.

El otro eje de la maniobra es el “ladrillo”. Si en el libro Rosario se contaba que Lelo compraba departamentos en el edificio más caro de la ciudad, del expediente surge que los construye.

La investigación pone el foco en dos obras. La primera es el edificio Nélida I, en Avenida Pellegrini 3864, una torre “premium” levantada a través del Fideicomiso Nélida I en el que Malatesta figura como fiduciario. Las escuchas registran a Pérez encargando materiales al por mayor —“necesito termotanques eléctricos... deben ser 20 en total”; “es para un edificio que estamos terminando”, dijo— y a su hijo Agustín ofreciendo departamentos por teléfono.

En una comunicación, el hijo de Lelo le informó a un interesado que un departamento costaba 320.000 dólares. El precio de una sola de esas unidades equivale, según la fiscalía, a 1465 salarios mínimos. La cuenta de “otros ingresos” por alquileres en Transporte Overland saltó de 24 millones de pesos en 2022 a casi 120 millones en 2024, sin que la sociedad tuviera inmuebles que justificaran semejante renta.

La segunda obra está en Pellegrini 3800 y aparece mencionada de manera recurrente en las conversaciones intervenidas. Los fiscales también rastrean la compra de dos lotes sobre el bulevar Avellaneda, esquina Rueda, que no fueron declarados ni en los estados contables ni en las declaraciones juradas y que se suman al patrimonio inmobiliario que la investigación pretende congelar.

Hay un dato que conecta directamente con la vieja historia: entre los bienes de Pérez figura un inmueble en la calle Alvear, la misma zona donde, según el relato de aquel libro, Lelo había ofrecido un campo para saldar la deuda del piso que soñaba comprar “como Messi”. Los mundos vuelven a cruzarse.

La causa no se agota en Lelo Pérez: alcanza a tres integrantes de la Policía de Santa Fe cuyo crecimiento patrimonial, según la fiscalía, no tiene explicación legal.

Maximiliano Novillo fue destituido de la fuerza en 2023 tras una investigación por “aumento patrimonial injustificado”: es dueño de tres autos de alta gama, compró moneda extranjera y viajó con frecuencia a Perú, Brasil, Colombia y Emiratos Árabes.

Emiliano Haro, subinspector, aparece como titular de más de una decena de inmuebles y locales comerciales —incluido un edificio de diez departamentos del que cobra alquileres, según Litoral Gas— con acreditaciones bancarias que duplican su salario. En las escuchas se lo escucha cerrando el alquiler de un local en 330.000 pesos “con aumento cada cuatro meses”.

Aparece también Víctor Sergio Colatti, “el gringo Colatti”, amigo de Pérez, dueño de Trial Internacional SA y de la marca comercial This Week, un local que fue blanco de varias balaceras en la ciudad; a su nombre estaba registrada una de las camionetas Ford Ranger blancas que la inteligencia policial ubicó en Fraga 145, el domicilio laboral de Lelo.

El mecanismo que describen los fiscales es el que las guías internacionales del GAFI y la OCDE identifican desde hace años: mezclar y confundir las ganancias ilícitas con operaciones comerciales a priori lícitas —compraventa de autos, construcción, alquileres— para alejar el origen del dinero y, de paso, generar ganancia limpia a partir de él. El uso de sociedades interpuestas —Palabra Santa SRL, Araca Corazón SRL, Transporte Overland SRL— y de testaferros completa el cuadro.

Pérez no es un imputado sin antecedentes. En febrero de 2023 fue condenado por la Justicia provincial a tres años de prisión efectiva por lavado de activos simple. Ya en 2017 la Procelac había advertido su vinculación con operaciones de lavado a través de personas jurídicas, y su nombre aparecía asociado, vía la desaparecida Reina Automotores, al fallecido líder narco Luis Medina y a causas contra Los Monos.

Además de las detenciones, los fiscales pidieron el embargo de más de veinte automotores y una veintena de inmuebles, el secuestro de vehículos, la inhibición general de bienes, el embargo de las cuotas sociales de las tres empresas y —una medida poco habitual— la intervención judicial de las firmas con un síndico con facultades de recaudación, para impedir que la administración cotidiana consolide el provecho del delito. También solicitaron el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del fideicomiso que levantó la torre de Pellegrini.

Quince años después de aquella fiesta en la terraza donde los empresarios formales descubrieron, azorados, quién era el muchacho simpático de los autos, la escena se invirtió. Ya no se trata de fingir que no se sabe de dónde viene la plata: ahora la pregunta que Lelo Pérez se negaba a hacer —de dónde salió el dinero— es exactamente la que la Justicia le está haciendo a él.