Desafío al gobierno nacional: Santa Cruz votó una ley para tener su propia barrera sanitaria y frenar el ingreso de asado
EL CALAFATE.- La legislatura santacruceña votó una ley que crea un marco legal para garantizar el control fitosanitario del ingreso de productos agropecuarios a la provincia: lo hizo en medio de ...
EL CALAFATE.- La legislatura santacruceña votó una ley que crea un marco legal para garantizar el control fitosanitario del ingreso de productos agropecuarios a la provincia: lo hizo en medio de la polémica que mantienen las provincias patagónicas con el gobierno nacional luego de que oficializara el permiso para que ingresen cortes con hueso plano –como asado- a la Patagonia desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa.
La flamante normativa surgió como respuesta directa a las medidas del Poder Ejecutivo que flexibilizan la barrera fitosanitaria en la Patagonia vigente hace más de dos décadas. Esta medida ha sido calificada como un “retroceso gravísimo en términos sanitarios, productivos y ambientales” en los fundamentos de la ley.
El diputado radical Mario Boffi, autor de la ley, dijo a LA NACION que la medida busca “darle una herramienta al Ejecutivo y a la autoridad de aplicación para, en base a la avanzada de estas resoluciones, qué hacer y también consensuar con el bloque patagónico”.
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Los dirigentes rurales de toda la región advirtieron sobre un presunto riesgo sanitario ante la pérdida del estatus diferencial luego que la resolución 460 del Senasa habilitó, por primera vez desde 2002, el ingreso controlado de costilla, asado y esternón a la región patagónica, siempre que se cumplan estrictas condiciones sanitarias y de trazabilidad.
La ley de Santa Cruz, que ahora dependerá de su futura reglamentación, faculta a la autoridad de aplicación a disponer las medidas necesarias para controlar, impedir o restringir el ingreso a la provincia de animales en pie, carnes, frutas, hortalizas, productos y subproductos agropecuarios y forestales, así como cualquier otro bien que pueda representar un riesgo fitosanitario, si no acreditan condiciones de inocuidad y certificación sanitaria compatibles con los estándares provinciales.
Además se podrán implementar controles preventivos en los puntos de ingreso terrestre, aéreo o marítimo, así como establecer puestos sanitarios permanentes o móviles en coordinación con fuerzas de seguridad o aduaneras.
La ley, que tomó como base el proyecto presentado por el diputado Juan Matías Lapadula, en la legislatura de Tierra del Fuego, argumenta que no se pretende usurpar competencias nacionales, “sino ejercer las facultades indelegables que le corresponden a la provincia en materia de protección de la salud pública, el ambiente y la producción local”. El Poder Ejecutivo Provincial deberá reglamentar la ley dentro de los 30 días de su promulgación.
Mientras tanto, los ministros de las provincias patagónicas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut y Neuquén mantuvieron una reunión virtual donde analizaron las implicancias de la resolución 460 del Senasa, donde se expusieron las preocupaciones compartidas ante el riesgo que la medida podría generar sobre el estatus sanitario diferencial.
“Si bien desde el gobierno provincial no podemos presentar un amparo, sí trabajamos para coordinar una estrategia que permita a los sectores damnificados -productores, frigoríficos, asociaciones- presentar los recursos judiciales que correspondan. La sinergia entre lo público y lo privado es clave para que prevalezca el interés general ante decisiones unilaterales que nos perjudican como región productiva”, subrayó la ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci tras la reunión.
Según fuentes de la gobernación santacruceña, se acordó avanzar con la elaboración de un documento técnico-político que será remitido a la Secretaría de Agricultura y el Senasa, solicitando precisiones sobre los alcances reales de la norma y para exigir garantías de que no se verá comprometida la continuidad de los mercados internacionales con la región patagónica.
A su vez, se solicitó al gobierno nacional que comparta de forma oficial las respuestas de organismos internacionales como la Unión Europea y Chile respecto a esta normativa. “Hasta ahora no hemos recibido documentación que confirme que no habrá impacto en los mercados de exportación. Es fundamental contar con esa información para tomar decisiones con responsabilidad y resguardar los intereses de la provincia”, afirmó la ministra.
Durante la reunión también se señaló la ambigüedad de la resolución nacional que, si bien menciona explícitamente la carne vacuna con hueso plano, no aclara el tratamiento para otras carnes, lo que genera incertidumbre y posibles interpretaciones que podrían agravar el impacto en la cadena productiva regional, según detalló un comunicado de la gobernación tras la reunión.
Finalmente, el secretario de Comercio provincial, Pablo Lunzevich, remarcó que el supuesto beneficio de un “asado más barato” no compensa el riesgo que enfrenta una economía regional construida sobre bases sanitarias diferenciales.
