“Dólares del colchón”: el oficialismo busca apurar el proyecto de inocencia fiscal con el apoyo de los gobernadores, pero la oposición plantea reparos
El oficialismo quiere premura y una sanción a libro cerrado, confiado en el apoyo de los gobernadores. La oposición más dura ya encendió luces rojas y pretende una discusión a fondo. El oficia...
El oficialismo quiere premura y una sanción a libro cerrado, confiado en el apoyo de los gobernadores. La oposición más dura ya encendió luces rojas y pretende una discusión a fondo. El oficialismo declama que el objetivo es que el “Estado deje de perseguir a los contribuyentes”. La oposición cree que, detrás de esta proclama, podría haber “gato encerrado”.
El debate sobre el proyecto de principio de inocencia fiscal que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados todavía no arrancó, pero ya genera polémica. La iniciativa busca darle un blindaje legal al plan del Gobierno para que los argentinos saquen los dólares que tienen en la informalidad −“debajo del colchón”− y los inyecten de nuevo en la economía. Se trata del denominado “Plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos” que si bien se instrumentó por decreto, aún no genera los resultados esperados por el Ministerio de Economía, justamente, por la falta de un blindaje legal.
Por lo pronto, a los opositores les llamó la atención que uno de los capítulos troncales del proyecto, referido a la actualización de los montos por el delito de evasión tributaria, es casi idéntico a un dictamen que se suscribió por unanimidad en la Comisión de Legislación Penal −que preside la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro)− hace seis meses.
En su propuesta, el Gobierno eleva los montos a partir de los cuales se persiguen los delitos penales tributarios. Por evasión simple, el monto mínimo será $100 millones; por evasión agravada será de $1000 millones. En el dictamen del año pasado, que tuvo como base un proyecto del diputado Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy, los valores son similares, aunque expresados en el equivalente al monto del salario mínimo vital y móvil.
El proyecto que presentó el Gobierno sobre el Régimen Penal Tributario ya existe, tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.
No hace falta empezar todo de nuevo: podemos aprobarlo la semana que viene.
Mientras el nuevo texto… pic.twitter.com/gd0AeMOcuT
¿Por qué el Gobierno no optó por avanzar con este dictamen, que hace seis meses está listo para ser discutido en el recinto, y en cambio optó por replicarlo en otro proyecto? Las suspicacias son infinitas, pero lo cierto es que esta jugada podría entorpecer el debate.
“Ese dictamen fue fruto de un trabajo de consenso de los distintos bloques. Incluso lo firmaron los diputados de Unión por la Patria. Es irritante que el Gobierno pretenda imponer el suyo solo por figurar”, fue la interpretación de un diputado aliado al oficialismo. “Ya sucedió con el proyecto de ‘ficha limpia’; el Gobierno ninguneó el proyecto de los legisladores e impuso el suyo. Esa actitud no ayuda”, agregó.
Otros opositores son más sofisticados en sus elucubraciones. Sospechan que el Gobierno deliberadamente incorporó este capítulo en el proyecto −a sabiendas de que reúne un amplio consenso− para facilitar la aprobación del resto de los artículos que componen la iniciativa y que son, a priori, más complejos y polémicos. Entre ellos, el capítulo sobre el régimen simplificado de Ganancias.
Pensado para las personas residentes, solo podrán entrar a este régimen simplificado las que tengan ingresos totales anuales por hasta $1000 millones y quienes no tengan $10.000 millones de patrimonio. Aquel que adhiera gozará de una especie de tapón fiscal (esto significa que ARCA no mirará su variación patrimonial ni sus consumos); si el contribuyente acepta la declaración simplificada que le ofrece el organismo recaudador y paga lo correspondiente por el impuesto, habrá un efecto liberatorio más allá de la variación patrimonial existente.
“El proyecto es como lo fue la Ley Bases: un caballo de Troya que a primera vista parece sensato pero que podría traer ‘gato encerrado’”, deslizó un opositor en tono más cáustico.
Apoyo de los gobernadoresPor lo pronto, aún no hay fecha para el inicio del debate. Todo indicaría que se concentraría en la Comisión de Presupuesto, que conduce el libertario José Luis Espert, el elegido por la Casa Rosada para presentar el proyecto en sociedad. Participaría también la Comisión de Legislación Penal.
Lo único cierto es que el oficialismo quiere darle celeridad al tratamiento del proyecto. Descuenta que contará con el respaldo de los legisladores que responden a los 12 gobernadores que ya adhirieron al “Plan de reparación histórica de los argentinos” luego de que el Ministerio de Economía advirtiera que aquellas provincias que no lo hagan perderán acceso a información clave de ARCA, como los datos de facturación de personas físicas y jurídicas, y los consumos que superen los umbrales establecidos por el organismo recaudador, actualmente fijados en $50.000.000.
“Es algo que la Argentina necesita, necesitamos un Estado que deje de perseguir a los contribuyentes”, insistió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se mostró optimista en que el oficialismo podrá “rápidamente llevarlo al recinto”.
Espert no anduvo con subterfugios y apuntó, directo, a los gobernadores díscolos. Entre ellos el bonaerense Axel Kicillof, el rival a vencer en las elecciones legislativas de octubre. Espert suena como primer candidato a diputado nacional en el distrito bonaerense.
“Tienen dos opciones −advirtió−. O acompañan este proyecto y permiten que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial de una buena vez o se oponen y condenan a los argentinos a esconder sus ahorros bien habidos empujándolos a la informalidad y a la evasión”, azuzó el diputado libertario.
