El espionaje ruso y la libertad de prensa

En los últimos días, provocó no poca conmoción la noticia, difundida por un consorcio internacional de periodistas, que incluye a profesionales de nuestro país, que dio cuenta de la existencia...

En los últimos días, provocó no poca conmoción la noticia, difundida por un consorcio internacional de periodistas, que incluye a profesionales de nuestro país, que dio cuenta de la existencia de una campaña de espionaje y desinformación originada en una red de agentes rusos durante el año 2024. Según esa fuente, el propósito de esa red, que habría operado en distintos países, era incentivar la difusión de noticias falsas que ubicaran favorablemente a Rusia en el delicado contexto internacional, especialmente tras la invasión de Ucrania, y desacreditar a líderes considerados rivales de Moscú, entre los que se hallaba el presidente argentino.

De acuerdo con la información disponible, la red de espionaje rusa, conocida como “La Compañía”, instaló un sistema de distribución de contenidos en medios digitales y redes sociales de nuestro país, que permitió la publicación de unas 250 noticias y artículos de opinión en una veintena de sitios. Muchos de esos artículos no tenían autor o bien llevaban la firma de personas que no existen. Entre los medios que difundieron esas notas no se encuentra LA NACION; tampoco Clarín, Perfil ni Página 12.

Podríamos estar ante una artera e inaceptable maniobra de injerencia externa y de un vil intento por manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional, que deberá ser investigada a fondo por la Justicia. Nadie puede ampararse en la libertad de prensa para influir en la opinión pública a partir de la difusión de falsedades. Como lo ha subrayado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), el periodismo desempeña un papel esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial, y esta clase de campañas ilegítimas distorsionan el sentido de ese trabajo y afectan la confianza pública en los medios periodísticos.

Ni la democracia ni el Estado de Derecho serían concebibles sin el valor fundamental que representa la libertad de expresión, pilar de todas las otras libertades que enaltecen la condición humana. De ahí que la libertad de prensa sea considerada, desde estas páginas, como madre de libertades, ya que sin libertad de prensa no hay libertad. Pero así como el ejercicio del periodismo debe estar indisolublemente asociado a los ideales republicanos al abrigo de los cuales nacieron naciones como la Argentina, es necesario que esa libertad sea permanentemente cuidada tanto por quienes la ejercen desde la profesión periodística, como por el poder político y quienes deben impartir justicia.

Independientemente de la necesidad de que la Justicia actúe rigurosamente para hallar a los responsables y cómplices de cualquier delito, debe lamentarse que el presidente Javier Milei intente aprovecharse de aquel episodio para lanzar una indiscriminada e irresponsable batalla contra el periodismo argentino, recurriendo una vez más a proferir insultos a diestra y siniestra contra profesionales que pudieran haber escrito o expresado algo que no le cayera bien, y que nada tienen que ver con las citadas maniobras de desinformación. Más aún, su gobierno tomó una peligrosa decisión: prohibió el ingreso a la Casa Rosada a periodistas acreditados -algunos de larguísima y respetada trayectoria- por el solo hecho de desempeñarse en alguno de los medios que pudieran haber sido utilizados para la campaña rusa. En lugar de adoptar esa desafortunada medida, hubiese sido más aconsejable que las autoridades argentinas pidiesen explicaciones a la Embajada de Rusia, cuyos miembros deberían estar al tanto del vil accionar, o que, con datos en su poder, demandaran ante la Justicia a los presuntos responsables de acciones que pudieran ser consideradas como una traición a la patria. Cabe aclarar que, desde la sede diplomática rusa, se emitió un comunicado en el que se señala que no se han aportado hechos ni pruebas que respalden aquellas insinuaciones.

Así como es menester que los responsables de los medios de comunicación y sus periodistas maximicen los procesos de verificación de la información, como resguardo de la necesaria calidad profesional, es imprescindible que, desde el poder político se valore y respete a rajatabla la libertad de prensa. Lo peor que puede hacer el Gobierno es limitar el acceso a la información pública y seguir agrediendo a quienes, en forma seria y responsable, buscan esclarecer a la población sobre todo aquello que tiene derecho a saber, aunque no resulte del agrado de los funcionarios.