El Gobierno intenta salvar una parte de la reforma laboral ante un escenario de cambios inevitables

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El debate por el proyecto de ley de reforma laboral se concentró en los últimos días en una puja de recursos entre la Nación y las provincias que en una disputa por los derechos y responsabilidades de trabajadores, sindicatos y empresarios.

La cancha la marcaron los gobernadores, que dejaron en claro que no convalidarán un recorte en su recaudación por la baja de impuestos coparticipables. La Casa Rosada, en tanto, pelea por resguardar la mayor parte del texto, con la mira en salvaguardar su impulso reformista así como su compromiso de achicar la carga impositiva.

Es que en el proyecto oficial de “modernización laboral” hay un apartado entero dedicado a ajustes tributarios. Uno de ellos es una reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, como así también la exención de este tributo por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación. Las alarmas provinciales se encendieron porque su recaudación se distribuye entre las distintas jurisdicciones.

De acuerdo a un informe del Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), se estima que el costo fiscal inicial de estas modificaciones en Ganancias durante el 2026 sería de 0,22% del Producto Bruto Interno ($1,9 billones anuales). De este total, el gobierno nacional dejaría de recibir $790.000 millones y el conjunto de provincias y la Ciudad, $1,12 billones.

En la Casa Rosada ya descartan que deberán aceptar cambios en el texto para atravesar el Congreso, donde la mayoría de los gobernadores cuentan con legisladores que les responden. Ahora, el Gobierno deberá definir el tenor de esas modificaciones y hasta qué punto ceder. Parte de esa discusión se dio el viernes pasado en la primera reunión de 2026 de la mesa política en Balcarce 50. “Vamos a aceptar cambios, con la condición de que sea una ley para cambiar. Si no, nos quedamos con lo que hay”, había dicho Patricia Bullrich, quien comanda la discusión en el Senado.

La postura de los gobernadores está clara. Incluso aquellos que suelen contribuir con la Casa Rosada, y que apoyan una reforma laboral como motor de una reactivación del empleo y de la producción, adelantaron a LA NACION que no van a convalidar que la reforma se financie con más recortes en sus arcas. Exigen que la baja impositiva sea gradual, atada a la reactivación económica, un proceso escalonado que amortigüe el peso del ajuste.

Otro punto que plantearon es que el Ministerio de Economía se sume a la mesa de discusión que encabezan el ministro del Interior, Diego Santilli, con las provincias; Bullrich con los senadores, y Martín Menem con los diputados. Los artículos 188 y 191 son los que más tensiones generan debido a que reduce la recaudación de Ganancias y, por ende, los fondos coparticipables.

El artículo 192 del dictamen también enciende alarmas en las provincias. El texto propone dejar sin efectos una serie de impuestos internos coparticipables que gravan a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, así como embarcaciones de recreo o deportivas y aeronaves.

Según los cálculos más moderados, como los del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el costo fiscal de la medida -que alcanza principalmente a contribuyentes de mayores ingresos- rondaría los US$334 millones anuales. Para el exgobernador chaqueño y actual senador Jorge Capitanich, el impacto sería aún mayor y ascendería a unos US$548 millones.

En la mesa chica de Milei hay optimismo con respecto al devenir del proyecto. Allí conviven un grupo más conciliador, dispuesto a introducir cambios, liderado por Bullrich; y otro que se ubica en la vereda más dura, referenciada en el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y en el de Economía, Luis Caputo. La senadora está convencida de que lo importante es que salga la ley con sus partes fundamentales, mientras que del otro lado consideran que ya fueron demasiadas las concesiones que se hicieron. La norma, según los ministros, debe salir tal cual está.

“El Presidente es bilardista”, le recordó un dirigente acuerdista al grupo de los intransigentes con el argumento de que “lo importante es conseguir la ley”. Los más flexibles consideran “ridículo” no querer resignar “el 20%” del proyecto si se puede sacar el 80% restante, que es lo más importante de la norma.

A partir de esta semana, comenzará una nueva ronda de reuniones en el Senado con los equipos técnicos de Bullrich, que volverán a tomar la temperatura a los legisladores. Será un primer abordaje para coordinar una agenda formal que termine de ajustar voluntades de cara al recinto. Si esta prueba es superada, la media sanción deberá hacer el mismo recorrido en Diputados. Para evitar dilaciones, Bullrich y Menem trabajan en espejo. Buscan eludir modificaciones no previstas que devuelvan el texto en revisión y alarguen los plazos de su sanción.

La aritmética oficialista es auspiciosa, aunque la negociación sigue abierta. Si todo camina, la idea es ir a recinto en el Senado el 11 de febrero. En el bloque libertario, de 20 senadores, confían en sumar al cordobés Luis Juez, a los tres legisladores de Pro y a los más dóciles de la UCR. Con los dos de Misiones −aliados al gobernador Hugo Passalacqua y al conductor político de la provincia, Carlos Rovira−, a quienes en el Gobierno ya dan por dentro del redil, el conteo supera las 30 voluntades.

Más allá de eso y de que los negociadores del Gobierno si se entusiasman suman 40 votos, todavía hay conversaciones pendientes. La Casa Rosada necesita al menos a los 37 necesarios para abrir el recinto y avanzar sin sobresaltos.