El plan de cinco países europeos para acelerar las deportaciones y enviar migrantes a Ruanda
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BRUSELAS.- Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Holanda anunciarán este lunes un acuerdo con Ruanda para establecer los primeros centros de retorno de migrantes expulsados de la Unión Europea (UE), una iniciativa que busca acelerar las deportaciones y desalentar la inmigración irregular, pero que despierta fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
El proyecto será presentado en una conferencia de prensa en Viena y contempla el traslado a territorio africano de personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que hayan agotado todas las vías legales para permanecer en el bloque, según fuentes diplomáticas y personas familiarizadas con las negociaciones.
Los cinco países, partidarios de una política migratoria más restrictiva, trabajan desde hace meses en la iniciativa, que forma parte de una estrategia europea más amplia para aumentar las expulsiones de quienes no tienen derecho a permanecer en el continente. El acuerdo se produce después de la aprobación del nuevo Reglamento de Retornos de la UE, que busca acelerar las deportaciones y habilita a los Estados miembros a establecer centros de retorno fuera del territorio comunitario.
Con elecciones próximas en varios países europeos y un creciente sentimiento antinmigratorio, los gobiernos enfrentan presiones para demostrar que pueden controlar los flujos migratorios. Para sus impulsores, estos centros tienen una doble finalidad: facilitar la expulsión de quienes recibieron una respuesta negativa a sus pedidos de asilo y disuadir a otras personas de emprender el viaje hacia Europa.
La iniciativa fue desarrollada en coordinación con la Comisión Europea desde hace aproximadamente un año y medio. Durante los últimos meses, diplomáticos, ministros y funcionarios multiplicaron las reuniones para definir sus características y mantuvieron en reserva el nombre del país receptor.
Un proyecto piloto bajo cuestionamientoEl objetivo es que los primeros centros comiencen a funcionar en 2027. Según fuentes diplomáticas, el plan arrancaría a una escala reducida, como una experiencia piloto: cada uno de los cinco países enviaría inicialmente a unas 20 personas, probablemente hombres adultos interceptados en las fronteras y cuyas solicitudes de asilo hayan sido definitivamente rechazadas.
La intención es probar el funcionamiento del mecanismo y anticipar posibles dificultades logísticas y jurídicas, desde el traslado de los migrantes hasta la atención de eventuales problemas de salud. Según fuentes cercanas a las negociaciones, las instalaciones no serían centros de detención cerrados. Ruanda prefiere definirlas como “centros de acogida” y podría ofrecer programas de formación profesional, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) podría brindar asistencia sobre el terreno.
Pero el proyecto genera preocupación entre organizaciones humanitarias, que cuestionan tanto las condiciones de recepción como la responsabilidad de los gobiernos europeos ante eventuales violaciones de derechos.
“¿De qué recursos disponen las personas si se violan sus derechos y quién es responsable?”, preguntó Céline Mias, directora para la UE del Consejo Danés para los Refugiados. La organización también advirtió sobre las dificultades prácticas para garantizar que los migrantes puedan acceder a mecanismos de protección y reclamar ante posibles abusos.
En julio, el Consejo de Europa, organismo paneuropeo de derechos humanos, advirtió que los centros de retorno planteaban “riesgos considerables para los derechos humanos”. El presidente francés, Emmanuel Macron, también había cuestionado la iniciativa al considerar que estos establecimientos no son eficaces ni compatibles con los valores de la UE.
La elección de Ruanda suma otra fuente de controversia. Aunque el presidente Paul Kagame recibió reconocimiento internacional por la reconstrucción del país después del genocidio de 1994 y por haberlo convertido en un destino para inversiones, su gobierno es acusado de reprimir la disidencia, restringir las libertades políticas y recurrir a detenciones arbitrarias. Freedom House clasifica al país como “no libre” y denuncia prácticas de vigilancia, intimidación y tortura.
Los defensores del mecanismo sostienen que la perspectiva de ser enviados a un tercer país podría desalentar a quienes pagan miles de euros a traficantes para llegar a Europa. Sus detractores, en cambio, cuestionan que exista evidencia de que el endurecimiento de los controles y las deportaciones reduzca la migración a largo plazo.
“Las medidas de control cambian la forma en que las personas viajan, no si viajan o no. Algunas se detienen o cambian de ruta, y los traficantes se adaptan y suben sus precios”, señaló Roberto Forin, del Mixed Migration Centre, un instituto de investigación especializado en rutas migratorias.
Ruanda ya había acordado recibir migrantes expulsados de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, en un programa que permitía trasladar hasta 250 personas. También fue el destino elegido por Gran Bretaña para un controvertido plan de deportaciones impulsado por el anterior gobierno conservador, que finalmente fue abandonado después de que el Tribunal Supremo británico lo declarara ilegal en 2023.
El actual primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó el jueves que sigue “con interés” la iniciativa europea. En septiembre, dos eurodiputados visitaron en Kigali las instalaciones que habían sido preparadas para el proyecto británico y que podrían utilizarse para recibir a migrantes trasladados desde países de la UE.
Si la experiencia inicial resulta exitosa, los cinco gobiernos no descartan extender el mecanismo a otros países receptores, entre ellos Uganda y Uzbekistán.
Agencias AFP y Reuters