Entra en vigor el Tratado de Alta Mar: qué es y por qué es importante para la Argentina

Luego de casi dos décadas de negociaciones, entró en vigor el Tratado de Alta Mar. Esta es la primera vez en la historia que la comunidad internacional cuenta con un marco jurídicamente vinculan...

Luego de casi dos décadas de negociaciones, entró en vigor el Tratado de Alta Mar. Esta es la primera vez en la historia que la comunidad internacional cuenta con un marco jurídicamente vinculante que busca proteger los océanos.

Este tratado de las Naciones Unidas (ONU) busca regular y proteger las aguas fuera de las jurisdicciones nacionales, es decir, casi dos tercios del océano. Hasta el momento, en este espacio funcionó un “régimen de libertades” con muy poca regulación sobre actividades extractivas.

Los países tienen jurisdicción marítima hasta las 200 millas náuticas desde la costa, límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). A partir de allí comienzan las aguas internacionales, un espacio que el Tratado busca proteger mediante nuevas reglas para la extracción de recursos y la creación de áreas marinas protegidas.

Entre los principales objetivos, el Tratado de Alta Mar busca frenar la pérdida acelerada de biodiversidad marina y ordenar el uso de un espacio sometido a presiones crecientes. Esto reconoce el valor estratégico del océano para el equilibrio climático y la vida en el planeta: estas masas de agua producen un 50% del oxígeno que se necesita para respirar y absorbe un 25% de las emisiones de dióxido de carbono.

De esta manera, esta decisión se alinea con la meta 30x30: objetivo global clave del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, que busca proteger y conservar al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para el año 2030.

Si bien el acuerdo fue adoptado por consenso en junio de 2023, debían alcanzarse otros dos requisitos para su puesta en marcha: llegar a las 60 ratificaciones, que se logró en septiembre del año pasado, y el cumplimiento posterior de un plazo de 120 días, estándar común en tratados internacionales.

Al día de hoy, 145 países firmaron el tratado y 83 ya lo ratificaron. La Argentina firmó el acuerdo en junio de 2024, un año después de su adopción, pero aún no lo ratifica. Para que sea vinculante, deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.

El impacto real va a depender de su implementación y del número de países que adhieran. En ese escenario, la posición de Estados Unidos es clave: aunque lo firmó en 2023, durante la presidencia de Joe Biden, aún no lo ratificó y no se prevé que suceda durante el mandato de Donald Trump.

Hoy entra en vigor el tratado y tienen un plazo de un año para reunirse en Nueva York para la primera Conferencia de la Partes (COP). Definirá las reglas de procedimiento y las primeras decisiones operativas, incluida la sede de la Secretaría Técnica. Mientras tanto, los Estados podrán comenzar a identificar áreas de alta mar que requieran protección para elevar propuestas en las próximas COP.

Más allá de las 200 millas de la costa argentina, frente al límite de la ZEE, se concentra cada temporada una flota pesquera extranjera de gran escala. Según datos de la Prefectura Naval, durante la zafra del calamar illex argentinus operan en la zona más de 500 buques de aguas distantes, en su mayoría de bandera china, taiwanesa, coreana y española.

En los últimos años, la Prefectura reforzó el control con patrullajes y sistemas tecnológicos como el Guardacostas, lo que redujo los ingresos ilegales a aguas jurisdiccionales. El principal problema persiste fuera de la ZEE, en el límite y más allá de él, donde la pesca se desarrolla con mínima regulación internacional.

César Lerena, experto argentino en pesca y Atlántico Sur y exsecretario de Estado, advierte que, aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) establece la libertad de pesca en alta mar, eso no habilita prácticas depredatorias. “El hecho de que sea libre no significa que se pueda depredar el recurso”, señaló en diálogo con LA NACION.

Lerena sostiene que la pesca que se realiza en la milla 201 es ilegal en las condiciones actuales por, al menos, tres razones: la falta de control efectivo de los Estados de bandera, la ausencia de estudios de captura máxima sostenible y el daño que esa actividad causa a terceros Estados, como la Argentina, debido al carácter migratorio de las especies.

En términos económicos, Lerena asegura que el impacto es significativo. Según sus estimaciones, en alta mar se capturan alrededor de 750.000 toneladas anuales. Con un valor estimado de 3000 dólares por tonelada, las pérdidas para el país ascenderían a miles de millones de dólares, sin contar los descartes, que podrían representar un 30% adicional de la captura.

En ese escenario, el Tratado de Alta Mar se presenta como una oportunidad para la Argentina. Puede reforzar la gobernanza en zonas hoy desprotegidas y habilitar la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, como el “Agujero Azul”, sobre la plataforma continental extendida, un área de 148.000 km² que busca frenar el avance de la pesca de arrastre de fondo.