Financiamiento universitario | La oposición acordó en Diputados un dictamen mayoritario que desafía un eventual veto de Javier Milei

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Una amplia mayoría opositora avanzó esta tarde en la Cámara de Diputados en un dictamen para insistir en un mecanismo que garantice el financiamiento de las universidades públicas, iniciativa que fuera vetada por el presidente Javier Milei el año pasado.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de los rectores universitarios, está listo para ser debatido en el recinto en una sesión que, se estima, se convocaría para fines de este mes.

Esta mayoría se construyó merced al consenso alcanzado entre casi todos los bloques de la oposición, salvo un sector de UCR y la izquierda –que firmaron sus propios dictámenes-, Pro y un puñado de aliados del oficialismo. Satisfechos, los opositores confían en que este nivel de acuerdo permitiría aprobar el proyecto con dos tercios de los votos en el recinto, número que permitiría resistir un eventual nuevo veto del Poder Ejecutivo si finalmente es convertido en ley.

La propuesta se basa sobre dos ejes troncales: por un lado, la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, de los hospitales universitarios y de las partidas destinadas a ciencia y tecnología retroactiva al año pasado; a partir de este año se propone un ajuste bimestral, también por inflación.

El otro eje se refiere a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes. Sobre este punto el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias cada tres meses, aunque fija como piso de aumento mensual el índice de precios del consumidor. Asimismo, se dispone la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles y la realización de auditorías obligatorias en todas las universidades por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Los dictámenes se firmaron durante el plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto, convocadas luego de que la oposición emplazara la semana pasada a sus presidentes –Alejandro Finocchiaro (Pro) y José Luis Espert (LLA)- a dar el debate. El siguiente paso será llevar los dictámenes al recinto; aún no hay fecha de sesión por el inminente receso legislativo, pero se estima que no pasará de la primera semana de agosto.

Los opositores reconocieron el consenso alcanzado. “Es cierto que hace un año impulsamos un proyecto que fue vetado por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad estamos en un lugar distinto, el consenso es mucho más amplio y se incorporaron elementos nuevos en el dictamen. Creemos que a partir del aprendizaje del año pasado logramos obtener un dictamen de comisiones con más potencia y más fuerza”, exaltó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

“Celebro el amplísimo consenso. Lo que hubo fue sentido común y conciencia colectiva. Esta vez decidimos bajarnos del pedestal y acercarnos a quienes vienen visibilizando la realidad del sistema universitario”, enfatizó, por su parte, Danya Tavella (Democracia para Siempre), una de las principales promotoras del dictamen.

“Cuando no invertís en educación, cortás las posibilidades de desarrollo. Cuando no apostás a la ciencia y la tecnología, te quedás afuera del mundo. Por eso es clave construir una alternativa que garantice inversión pública y un proyecto de país con futuro”, agregó.

El socialista Esteban Paulón exaltó que el proyecto cuenta con el respaldo de los rectores, docentes y no docentes universitarios, además de la mayoría de los espacios políticos de la Cámara. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que el presupuesto universitario cayó, en términos reales, un 32% y que la inversión presupuestaria por estudiante “es la más baja desde 2005. “Hemos logrado una mayoría contundente que demuestra que, más allá de nuestras diferencias, hemos actuado con generosidad”, enfatizó.

Los detractores del dictamen se retiraron sin pronunciar palabra. Solo cuando finalizó el plenario el diputado Finocchiaro cuestionó los alcances del proyecto. “No le corresponde al Congreso intervenir en una paritaria. Eso lo tienen que resolver las partes. Es un antecedente muy peligroso”, alertó.