Inaceptable privación de justicia en Santa Cruz

Un poder judicial cooptado por la política, una parte de los jueces supremos que acaban de aumentarse el sueldo por lo que cobrarán mensualmente 24 millones de pesos y una resolución de la Corte...

Un poder judicial cooptado por la política, una parte de los jueces supremos que acaban de aumentarse el sueldo por lo que cobrarán mensualmente 24 millones de pesos y una resolución de la Corte nacional que sigue siendo desoída por la Legislatura. Así está hoy la provincia de Santa Cruz: asfixiada por el tan poderoso como nefasto resabio kirchnerista a pesar del cambio de timón decidido por el electorado.

Un diputado nacional que responde al gobernador Claudio Vidal volvió a reclamar la intervención federal al Poder Judicial. En Santa Cruz, el viejo feudo sigue privando a la población de justicia.

La crisis judicial es profunda y presenta ribetes escandalosos. Es el reducto que ha blindado el kirchnerismo durante tres décadas para seguir con sus fechorías, resiste con vehemencia y desfachatez los intentos de reforma impulsados por el gobernador Vidal.

La controversia más reciente y de mayor impacto se centra en la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Mediante una ley promovida por Vidal, se incrementó el número de sus integrantes de cinco a nueve. A partir de ello, se desencadenó en la provincia una batalla legal y política sin precedentes.

Cuatro meses después de sancionada la norma, los vocales identificados con el kirchnerismo, que conforman la mayoría del tribunal original, declararon la inconstitucionalidad de la ampliación.

El fallo del TSJ, emitido en diciembre pasado en respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de julio” argumenta que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para los nuevos nombramientos.

Dado el largo historial de la provincia de Santa Cruz en el desconocimiento de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quizá esté próximo el momento en que no haya otra alternativa que apelar al remedio de la intervención federal de esa rama del gobierno provincial, severa y gravemente politizada

La sentencia, firmada por los vocales Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, Reneé Fernández y la subrogante Romina Saúl, declaró, además, la nulidad absoluta de todos los actos dictados tras la ley de reforma, incluyendo la designación y jura de los nuevos vocales impulsados por el gobierno de Vidal. Son los mismos vocales que no dudaron en aumentarse el sueldo un 42% acumulativo hasta octubre, lo que llevará, en algunos casos, a que cobren 24 millones de pesos mensuales.

Esa declaración de inconstitucionalidad pretende tener efectos retroactivos y generales, invalidando todos los actos dictados y restableciendo la plena vigencia de la norma previa a la reforma. Esto significa que las designaciones como vocales de los doctores José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio Ramón De la Vega y Gabriel Contreras Agüero fueron declaradas sin eficacia jurídica. Aun antes del fallo, y pese a haber jurado en el cargo, el TSJ se negó a pagarles sus sueldos como jueces. Como si eso fuera poco, los nuevos vocales denuncian que los acólitos de Cristina Kirchner en el tribunal los maltratan: les ponen condiciones absurdas para ingresar al edificio. Un abuso de poder, destrato y pésima educación.

A la situación de gravedad institucional que exhibe a través de sus pronunciamientos el alto tribunal provincial debe sumarse otra reciente: cuando los jueces afectados por la declaración de nulidad de sus nombramientos buscaron la intervención de la Corte federal por vía del recurso extraordinario, la Presidencia del STJ ordenó, por su único voto, el desglose de dicho recurso, sin darles intervención a las otras partes del conflicto, como ordena la ley.

Esta grave anomalía fue remediada rápidamente por la Corte Suprema nacional, la cual dispuso a fines del año pasado declarar la “inexistencia” de aquella resolución, haciendo notar que era indispensable que se observen los recaudos legales que permiten el acceso de los litigantes a esa última instancia de nuestro sistema judicial.

El Poder Ejecutivo Nacional haría muy bien en monitorear cómo responde el Superior Tribunal provincial a esta admonición del máximo órgano judicial de la Nación. Dado el largo historial de la provincia de Santa Cruz en el desconocimiento de fallos de la Corte Suprema, quizás esté próximo el momento en que no haya otra alternativa que apelar al remedio extremo de la intervención federal de esa rama del gobierno provincial, severa y gravemente politizada.

Hace apenas unos días, el diputado nacional José Luis Garrido, que llegó a la banca por Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), el partido fundado por el gobernador Vidal, reiteró el pedido de intervención al Poder Judicial que había presentado en el Congreso en octubre pasado, cuando los cuatro vocales cercanos al kirchnerismo desconocieron la reforma de la ley de ampliación.

La deleznable resistencia del Poder Judicial provincial se inscribe en una larga historia de subordinación total al poder político. El caso de Eduardo Sosa es emblemático de esta dinámica. Treinta años después de haber sido desplazado de su cargo de procurador general de Justicia mediante una reforma impulsada por Néstor y Cristina Kirchner, Sosa podría ser restituido por una iniciativa de Vidal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en numerosas oportunidades su reposición, pero los sucesivos gobiernos kirchneristas desoyeron los fallos, convirtiendo a Santa Cruz en el laboratorio de un modelo político en el que la Justicia debía responder ciegamente al Poder Ejecutivo.

Néstor Kirchner llegó a encabezar un multitudinario acto para oponerse a la orden de la Corte, denunciando una supuesta intervención federal. El propio Sosa, quien mantuvo una digna actitud durante décadas de destrato e injusticias, expresó su voluntad de “aportar algo constructivo”. En opinión de Vidal, el proyecto para reinstaurar el cargo de procurador general busca saldar una deuda histórica de la provincia y restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional gravemente menoscabada por el incumplimiento de mandatos judiciales. Sin embargo, hasta ahora, la restitución de Sosa no logró avanzar en la Legislatura local.

Otro ejemplo que ilustra la profunda injerencia política en la Justicia es el del vocal Fernando Basanta, nombrado por la exgobernadora Alicia Kirchner, en 2022. Amigo de Máximo Kirchner y exministro de Gobierno de la propia Alicia Kirchner, fue cuestionado por no cumplir con el requisito de los seis años en el ejercicio de la abogacía. A pesar de ello, su pliego fue aprobado por la mayoría kirchnerista en la Legislatura. La Asociación de Abogados de Río Gallegos llegó a la Corte provincial en reclamo del nombramiento irregular y esta demoró tres años en rechazar el recurso de Casación. Ahora, hace otro tanto con la resolución del recurso extraordinario federal, presentado por los abogados del fuero. El abogado Sergio Macagno presentó un pedido de juicio político contra Basanta, que derivó en su suspensión en el cargo y una reducción del 50% de su sueldo durante un mes, pero el oficialismo provincial no contó con la mayoría en la Sala Juzgadora y se frustró su remoción.

El kirchnerismo santacruceño, ahora en la oposición, tiene el caradurismo de denunciar persecución. Se trata de una gran paradoja, ya que fue ese sector político el que, durante 30 años, manipuló la Justicia, ignoró los fallos de la Corte Suprema nacional y disciplinó a los jueces que no se alineaban políticamente con ese sector

Entre otros casos escandalosos blindados por el kirchnerismo a cualquier investigación judicial se pueden mencionar los del exvicegobernador de Alicia Kirchner, Eugenio Quiroga, denunciado por transferencias indebidas de caudales públicos; el de la exesposa de Máximo Kirchner, Rocío García, con denuncias por irregularidades en la administración de un hospital; el del actual intendente kirchnerista de Río Gallegos, Pablo Grasso, con denuncias por facturaciones apócrifas en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y la del cura y ahora diputado nacional por el kirchnerismo, Juan Carlos Molina, denunciado por irregularidades en el manejo de subsidios. Se suma también el caso del juez Marcelo Bersanelli, vinculado con una denuncia por contrataciones millonarias irregulares mientras fue subsecretario de gestión en el Ministerio de Salud de la provincia.

En esencia, es la misma justicia provincial que archivó sin investigar los más de 1100 millones de dólares que el entonces gobernador Kirchner depositó en el exterior y utilizó a discreción sin rendir cuentas, así como el uso del avión sanitario con fines electorales, la escandalosa venta de terrenos fiscales a 7,50 pesos en El Calafate a la familia Kirchner y sus funcionarios, y es la misma Justica que no inició ninguna causa que involucrara la figura de la expresidenta Cristina Fernández por la presunción de lavado de dinero en sus hoteles o sus vínculos con Lázaro Báez, quienes serán juzgados por tribunales porteños, no santacruceños.

Durante el año que acaba de finalizar, fue el propio gobernador Vidal quien denunció un golpe judicial en Santa Cruz, apuntando directamente a Cristina y a Máximo Kirchner. Según Vidal, ambos siguen dominando la escena a través de sus operadores judiciales Basanta y Bersanelli, en tanto que calificó al Poder Judicial como un sector más de la política opositora. “La justicia fue cómplice de mucho robo en la provincia”, afirmó. Esta acusación se dio en el contexto de la decisión del juez Bersanelli (exabogado de Cristina Kirchner, valga recordarlo) de hacer lugar al amparo del gremio judicial que derivó en la inconstitucionalidad de la ley de ampliación de la Corte.

En este intrincado laberinto, el kirchnerismo, ahora en la oposición, tiene el caradurismo de denunciar persecución y advierte sobre el peligro de una justicia intervenida. Se trata de una gran paradoja, ya que fue ese sector político el que, durante 30 años, manipuló la Justicia, ignoró los fallos de la Corte Suprema nacional y disciplinó a los jueces que no se alineaban políticamente con ese sector.

La historia de la Justicia santacruceña es un recordatorio de cómo la injerencia política puede erosionar los cimientos de la independencia de poderes, transformando una de las ramas del Estado en un reflejo de los intereses del gobierno de turno. Esta situación plantea un desafío fundamental para la forma republicana de gobierno, en la que la división de poderes es esencial para garantizar la justicia y la rendición de cuentas.