Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
En medio de las denuncias del Gobierno por la filtración de audios de Karina Milei, por las que responsabilizó entre otros a Marcela Pagano, la diputada que se fue del bloque de La Libertad Avanz...
En medio de las denuncias del Gobierno por la filtración de audios de Karina Milei, por las que responsabilizó entre otros a Marcela Pagano, la diputada que se fue del bloque de La Libertad Avanza presentó una denuncia por amenazas anónimas y coacción. El escrito fue a sorteo y recayó en el juzgado federal N° 2 de Sebastián Ramos.
En su denuncia, la legisladora planteó que recibió mensajes anónimos en su cuenta de Telegram donde le hacían advertencias y sugerían que era ella quien había filtrado los audios del Gobierno.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este lunes la denuncia presentada por su cartera contra varios periodistas, entre ellos Jorge Rial, con el argumento de que forman parte de una operación de “inteligencia ilegal” contra el Gobierno, por la difusión de audios editados del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en la que el exfuncionario habla de presuntas coimas pedidas por Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Para Bullrich, el tema tomó mayor dimensión cuando los periodistas Mauro Federico y Rial divulgaron un fragmento de una grabación a la hermana del Presidente y anticiparon que había más.
Un juez federal en lo civil y comercial ordenó, a pedido del Poder Ejecutivo, el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”. Fue a través de una presentación que lleva la firma de la propia funcionaria. En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto “espionaje ilegal” por estas grabaciones. La avanzada judicial del Gobierno ocurre tras el escándalo político que provocó el caso Spagnuolo, que también se disparó a través de la difusión de audios.
En esa presentación, la cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino -principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios. Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.