La Argentina rechazó dar información sobre el oro del BCRA en el juicio por la estatización de YPF

Nadie sabe cómo terminará la disputa judicial por la expropiación de YPF en la que la Argentina busca anular un fallo que la obliga a pagar US$16.100 millones; sin embargo, la defensa del país ...

Nadie sabe cómo terminará la disputa judicial por la expropiación de YPF en la que la Argentina busca anular un fallo que la obliga a pagar US$16.100 millones; sin embargo, la defensa del país y su contrincante, el fondo Burford, son conscientes que la recta final está llegando. Ninguno oculta esa tensión. Ambos sumaron reclamos, nuevos pedidos y también rechazos, como por ejemplo el de brindar información sobre las reservas en oro del Banco Central (BCRA).

Mientras las partes aguardan que se pronuncie la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, el juzgado de Loretta Preska desarrolla otro expediente. Es decir, la acción por el caso YPF avanza por dos carriles.

El primero es el más importante, dado que se trata de la causa madre. Se encuentra a la espera de una decisión que puede patear el tablero, en función de su resultado. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos debe expedirse sobre el fallo en primera instancia, dictado por Preska. La magistrada consideró que la Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora y, por ende, determinó que el país debe pagar US$16.100. Esta sentencia fue apelada por la defensa argentina, que busca que el tribunal de segunda instancia dé marcha atrás sobre lo dictaminado en la etapa anterior, y se espera que en los próximos meses haya una definición.

La tensa pausa del principal expediente contrasta con los chispazos del segundo, denominado discovery. En él, la Justicia estadounidense busca bienes embargables de la Argentina con los que el país podría pagar la sentencia de primera instancia en su contra. En términos técnicos, la causa tiene por objeto encontrar posibles alter ego del Gobierno. Los demandantes, el megabufete internacional Burford Capital que compró los derechos a litigar de las sociedades (Petersen Energía y Petersen Inversora) creadas por la familia Eskenazi, plantearon distintos recursos como la solicitud de chats de exfuncionarios y funcionarios argentinos y la información sobre las reservas de oro del BCRA.

Esta estrategia judicial ha tenido un primer impacto: la escalada de la rivalidad. Fuentes allegadas a la defensa de la Argentina hablaron de “acoso procesal en la recta final”.

LA NACION contactó a representantes de Burford, quienes declinaron realizar comentarios. En una carta que presentaron a Preska el 21 de enero, afirmaron que la Argentina “falla” en cumplir con sus “obligaciones” en el discovery, acusación que rechazan del lado argentino.

El último movimiento del discovery estuvo vinculado a los bienes de la entidad dirigida por Santiago Bausili. “El Banco Central mantiene como confidencial la información sobre la locación y movimientos de sus reservas de oro”, respondió la defensa argentina.

Fuentes oficiales ampliaron: “El pedido no tiene fundamento alguno. Las reservas de oro son propiedad del BCRA que es un ente autárquico, y están bajo su administración”. Desde esta misma filial de la Administración Pública Nacional indicaron que dichos activos “tienen inmunidad y no están sujetas a ejecución”.

En este caso, la jueza Preska solicitó a la Argentina documentación que alude a las “off channel communications”. Esto implicaría, entre otras cuestiones, la entrega de información como chats y correos de exfuncionarios y de actuales miembros del Gobierno. Allí puede haber datos sensibles. La orden de la Justicia norteamericana incluye desde los mensajes de WhatsApp de funcionarios como Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería) hasta el detalle de activos de la Argentina que eventualmente podrían ser embargados para pagarles a los demandantes.

El asunto acumuló varias semanas de controversias. Una fuente relacionada con el juicio asegura el país ya hizo entregas parciales de documentación y ha recuperado el contenido de muchos teléfonos, pero que los demandantes no encuentran la información que buscan para demostrar que YPF o el Banco Central son alter ego del Poder Ejecutivo.

“Argentina cumplió plenamente con el discovery y no hubo prueba alguna sobre un alter ego con el Banco Central”, sostuvieron estas mismas fuentes.

En frente de la Argentina está la iniciativa de Burford. Los demandantes del país, antes de que terminara el 2025, propusieron a la jueza Preska un cronograma de presentación de mociones de sanciones. Allí plantearon que el 15 de enero podrían entregar esa solicitud contra la Argentina. A su vez, según el calendario de los demandantes, el país podría responderle el 19 de febrero.

La historia también posee otros capítulos de mayor tensión. Tal como contó LA NACION, el 19 de diciembre Preska cuestionó la falta de información sobre algunos puntos relacionados con la Argentina.

Precisamente, el problema, en aquella ocasión, giró en torno a los acuerdos con China por el swap, dado que los demandantes consideran que ese convenio es una alternativa para empezar a cobrar.

La fricción ocurrió tras la afirmación de que “la República” no tendría acceso a ciertos documentos porque habrían sido firmados por el Banco Central y no por el Poder Ejecutivo. Los letrados del país defienden entre sus argumentos la independencia del ente monetario con respecto al gobierno nacional.

La Argentina planteó que revisó en distintos ministerios los detalles sobre el convenio con China, pero no encontró nada. Según las búsquedas realizadas, ningún organismo de la administración central tenía copia de esos acuerdos. Fue allí cuando Preska interrumpió con una frase que marcó un punto de quiebre en la audiencia: “¿Se está escuchando?”.

La jueza no frenó allí. Inmediatamente, profundizó el reproche y dejó en claro que el argumento no le resultaba creíble: “La idea de que la República no tenga acceso a un documento firmado en su nombre suena ridícula”, señaló.

El discovery acumula idas y vueltas entre las partes. Sube la tensión entre ellas; sin embargo, ambas miran a la Corte de Apelaciones, cuyo fallo sin fecha marcará una bisagra en el pleito judicial más costoso que enfrenta la Argentina.