La Ciudad activó un protocolo en las escuelas y lanzó medidas de control y supervisión

¿Y cómo se debe actuar ante situaciones como estas? La pregunta quedó flotando en las escuelas y entre las familias a partir de las amenazas recibidas en distintos establecimientos del país sob...

¿Y cómo se debe actuar ante situaciones como estas? La pregunta quedó flotando en las escuelas y entre las familias a partir de las amenazas recibidas en distintos establecimientos del país sobre posibles tiroteos escolares, luego de que en Santa Fe un estudiante abrió fuego contra sus compañeros y mató a uno de ellos.

Ayer se conoció el protocolo que la provincia de Buenos Aires envió a escuelas y familias, en el que se establecen pautas de actuación frente a la sospecha, la amenaza y la constatación de la presencia de un arma en una escuela. “Nunca se lo debe interpretar como una broma”, se explica en el documento. También la provincia de Mendoza presentó su protocolo ayer.

Ahora fue el turno de la ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció en una conferencia de prensa que el Ministerio de Educación porteño puso en marcha el “Protocolo de actuación para la protección y resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”. También informó que, ante las amenazas recibidas en distintos colegios de la ciudad, se realizaron denuncias penales que derivaron en tres allanamientos, uno de ellos fuera de la ciudad. Además, indicó que se solicitó información a las plataformas por la proliferación de retos virales.

“No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, mucho más cuando se pone en riesgo la propia vida y la de los demás. Si alguien cree que puede vulnerar la paz en una comunidad educativa y que no habrá consecuencias legales, se equivoca. No se trata de una broma pesada, es un delito”, afirmó Macri.

El protocolo porteño no es un documento nuevo: había sido elaborado en noviembre de 2025, aunque recién se puso en marcha a partir de la aparición de amenazas escolares. El lunes fue enviado por el Ministerio de Educación a todas las escuelas. Allí se establecen los pasos a seguir ante amenazas en establecimientos educativos, con el objetivo de “resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y promover intervenciones institucionales basadas en criterios de protección y cuidado colectivo”.

Por ese motivo, el protocolo resulta más atemporal que los presentados por la provincia de Buenos Aires y por Mendoza. Si bien detalla cómo actuar ante la detección o la amenaza que implique la presencia de un arma en la escuela, no refleja el impacto, la urgencia ni la preocupación generados por las situaciones registradas este año. Parte, además, de la premisa de que la presencia de un arma no siempre constituye un peligro inminente para estudiantes y docentes.

El documento está orientado, principalmente, a los casos en los que se toma conocimiento de que un estudiante llevó un arma al colegio, (ya sea un arma de fuego, un arma blanca, como un cuchillo, o un arma impropia, que es como se llama a las armas que no son tales pero pueden lastimar, como un vidrio punzante) pero no necesariamente contempla situaciones de extrema peligrosidad, como aquellas en las que se amenaza a terceros o se abre fuego, contextos en los que el margen de intervención es limitado.

El protocolo determina que ninguna autoridad ni personal de la escuela debe intentar reducir a la persona armada ni quitarle el arma. La forma de actuación indicada es dialogar con él o ella y solicitarle que deje el arma en un lugar seguro, como un mueble de madera o una superficie plana, como el piso. Incluso se sugiere pedirle que retire el dedo del gatillo en caso de tratarse de un arma de fuego. Al mismo tiempo, se establece que otro adulto debe comunicarse de inmediato con el 911 y dar aviso a la Justicia. Para ello, se consignan un teléfono y una dirección de correo electrónico.

En situaciones de peligro inminente, como la ocurrida en San Cristóbal, Santa Fe, donde personal de maestranza se lanzó sobre el estudiante que disparaba contra sus compañeros, lo redujo y le quitó el arma, ese tipo de intervención no estaría contemplada como procedimiento según este protocolo.

“Ante la presencia de armas en el ámbito educativo deberá aplicarse en primer término el procedimiento (...) resguardando la seguridad, evitando intervenciones físicas y convocando a las fuerzas de seguridad cuando corresponda. Todas las acciones deberán enmarcarse en el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes”, dice.

El texto señala que “se considera sospecha fundada cualquier denuncia —verbal, escrita o digital— realizada por estudiantes, equipos de conducción, docentes y no docentes y familias, o indicio que dé cuenta de la posible presencia, portación o amenaza con un arma en el ámbito educativo. Para ello, las manifestaciones deberán estar sustentadas en hechos, comportamientos o indicios concretos y verificables”.

Macri explicó que desde el primer momento se convocó a todo su equipo para definir líneas de acción con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El Ministerio de Educación activó el “Protocolo de Actuación para la protección y resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”. Y se realizaron las denuncias correspondientes.

El Protocolo establece cómo accionar ante amenazas en los establecimientos educativos. En tres hechos las amenazas derivaron en investigaciones judiciales con operativos policiales, incluso uno fuera de la Ciudad. En todos los casos la Justicia sigue investigando los hechos. La Ciudad intensificó las medidas de supervisión en todas las escuelas y “reforzó el cuidado de la convivencia”, apuntó Macri.

También habló de la importancia del diálogo en los hogares, “ya que muchas de estas situaciones están vinculadas a dinámicas que encuentran en las redes sociales un espacio de reproducción y difusión. Son tendencias virales que convierten la violencia en contenido”, dijo.

“Ante la sospecha fundada o detección de presencia de un arma, el equipo directivo, coordinación o representante/apoderado/a legal, deberá desplegar las siguientes acciones: Preservar la seguridad de la comunidad educativa, evitando situaciones de alerta y pánico. No intervenir físicamente ni requisar a la persona involucrada, ni intentar quitarle el arma. Separar preventivamente a la persona presuntamente portadora del arma, si la situación lo permite, sin ejercer violencia ni exponerla públicamente y en un marco de cuidado. Llamar inmediatamente a la línea de emergencias 911: en todos los casos en los que se detecte un arma de fuego, se deberá dar inmediato aviso al 911, independientemente de que exista o no una amenaza activa, dado el potencial riesgo para la integridad de la comunidad educativa. Solo las fuerzas de seguridad están autorizadas a manipular y retirar armas de fuego", señala.

El protocolo porteño no determina medidas como las que se están adoptando en distintas provincias e incluso, en algunas escuelas puntuales, que les piden a los estudiantes que asistan por los próximos días sin mochilas, sino con los útiles en la mano o dentro de una bolsa transparente para constatar que no ingresen con armas.

El protocolo que presentó la Provincia de Buenos Aires, si bien es un documento más breve, al ser elaborado a partir de los últimos sucesos, contiene de alguna manera la urgencia y la preocupación de las familias y las escuelas, ante cómo actuar ante casos de amenazas. El protocolo establece que en ningún caso puede ser interpretado como una “broma”.

“Ante la circulación de mensajes que refieran a un posible tiroteo o a la presunta presencia de armas, la Institución Educativa intervendrá bajo los principios de celeridad, protección y promoción de los derechos de NNAyJ, y corresponsabilidad. Se priorizará en todo momento el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad, sin dilaciones y con carácter estrictamente institucional, evitando cualquier acción individual y teniendo en cuenta elementos contemplados en el Plan de prevención de riesgo, de modo de evitar que escale el conflicto o la exposición a mayores riesgos”, dice el texto.

También apunta que ante la presencia de mensajes con “contenido amenazante identificados en inscripciones, cartelería u otros soportes digitales, el personal de la Institución Educativa deberá dar aviso inmediato al Equipo de Conducción. Este informará de forma urgente a las Inspectoras o los Inspectores de Enseñanza, quienes a su vez notificarán a las Jefaturas Distritales de Inspección, y luego a las Jefaturas Regionales”, dice el protocolo bonaerense. Sin embargo no hace mención alguna a la obligación legal de poner en aviso a las familias de los estudiantes sobre la aparición de amenazas. O incluso, de desmentir si existieran versiones entre la comunidad educativa, para evitar la propagación del miedo o pánico.

En cambio esto es algo que sí contempla el protocolo de la provincia de Mendoza: No solo los padres deben ser informados, después de que se active el protocolo de seguridad, judicial y del sistema educativo, las autoridades de la institución deben informar a las familias. Incluso se incorpora un modelo de cómo debe hacerse. “Se debe emitir una comunicación formal a las familias que transmita previsibilidad y gestión de riesgos, asegurando que la institución cuenta con las herramientas necesarias para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro. “No se debe replicar el texto de la amenaza para no generar pánico”.

El protocolo de Mendoza contempla que después de la aparición de una amenaza, se les solicitará a los alumnos, por un tiempo determinado, que asistan sin sus mochilas. “Gestión de pertenencias: De manera preventiva y hasta nuevo aviso, se solicita que los estudiantes concurran únicamente con carpeta y cartuchera, evitando el ingreso de mochilas al establecimiento para facilitar la supervisión del entorno escolar”, dice. También determina que se desplegará un operativo de atención de salud mental para la comunidad de estudiantes. Y recomienda estar atentos ante la aparición de conductas de riesgo, posteriores a la emergencia. Y detalla señales de alerta a monitorear, tales como Temores excesivos, irritabilidad, cambios de humor; dolores físicos recurrentes; si recrean el evento en juegos o escritos, si aparecen pensamientos sobre la muerte, entre otros.