La ley que entra en vigor en Florida en julio 2026 y afectará a los conductores migrantes con autos comerciales

Un proyecto de ley en Florida, aprobado en comisión y con fecha de entrada en vigor definida, plantea un cambio profundo para quienes conducen vehículos comerciales y ...

Un proyecto de ley en Florida, aprobado en comisión y con fecha de entrada en vigor definida, plantea un cambio profundo para quienes conducen vehículos comerciales y no cuentan con estatus migratorio regular. La iniciativa no solo apunta a los choferes, sino que impacta de lleno en las empresas transportistas, la operatoria logística y el esquema de controles estatales y federales.

La ley de Florida que cambia las reglas para choferes de camiones sin estatus legalEl Senado de Florida avanzó con el proyecto SB 86 que establece un nuevo régimen para los vehículos comerciales operados por personas consideradas “migrantes no autorizados” según la legislación estatal y federal. La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Transporte el 27 de enero de 2026, con seis votos a favor y tres en contra, y fija su entrada en vigor para el 1° de julio de 2026.

El texto crea la sección 316.3021 de los Estatutos de Florida y define con precisión las obligaciones de las fuerzas de seguridad, las sanciones económicas y las prohibiciones operativas que se aplicarían en caso de detectarse una infracción.

Qué se considera un conductor “no autorizado” en Florida

La base del proyecto se apoya en una definición ya existente en la legislación estatal. Florida considera “migrante no autorizado” a toda persona que se encuentre en Estados Unidos de manera ilegal, conforme a los términos de la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad. Esta interpretación debe ser consistente con las normas, reglamentos y estatutos federales vigentes.

Este punto es central, ya que la determinación del estatus migratorio no se realiza de manera aislada, sino en coordinación con las agencias federales. La iniciativa parlamentaria establece que la actuación de las fuerzas estatales debe alinearse con la ley federal, lo que refuerza el esquema de cooperación que el Estado del Sol mantiene desde hace años en materia de control migratorio.

Detención obligatoria y traslado a agencias federales

Uno de los ejes de la iniciativa es el rol que se asigna a los agentes de seguridad. El proyecto dispone que, si un oficial de las fuerzas del orden determina que una persona que conduce un vehículo comercial es un inmigrante no autorizado, deberá tomarla bajo custodia de inmediato y facilitar su transferencia a una agencia federal de inmigración.

Este procedimiento no queda librado a la discrecionalidad del agente, sino que se presenta como una obligación legal. El análisis de comisión remarca que esta medida se inserta en un marco más amplio de cooperación entre Florida y el gobierno federal, en el que participan organismos como la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) bajo acuerdos del programa 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Multas de hasta US$50.000 y decomiso de camiones

El impacto no se limita a la situación personal del conductor. El proyecto ordena que todo vehículo comercial operado por un inmigrante no autorizado y cuyo conductor sea detenido debe ser incautado de manera obligatoria. Esa retención activa una cadena de consecuencias económicas para el propietario del rodado.

Según el texto del SB 86, el dueño del camión o unidad comercial deberá pagar una multa de 50.000 dólares al departamento correspondiente, además de cubrir todos los costos asociados al decomiso.

Entre esos gastos se incluyen las tarifas de remolque, almacenamiento y notificación. Solo una vez cancelado el total de esos montos el vehículo podrá ser liberado.

El análisis legislativo subraya que esta sanción económica representa uno de los aspectos más duros de la ley y que su efecto disuasorio apunta tanto a conductores como a empresas transportistas que operan o contratan servicios en el estado.

Las sanciones que afectan directamente a las empresas de transporte

Otro punto del proyecto es la responsabilidad que se traslada a las compañías. La norma establece que cualquier transportista que sea propietario, arrendatario u operador de un vehículo comercial conducido por una persona detenida bajo este esquema quedará automáticamente impedido de operar en Florida.

Esta prohibición no distingue entre operaciones intraestatales o interestatales y puede afectar a empresas registradas en otros estados que transiten por Florida.

El propio informe del Senado advierte que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados podría verse obligado a aclarar cómo se aplicarán las órdenes de “fuera de servicio” para efectos de acuerdos interestatales como el International Registration Plan y el International Fuel Tax Agreement.