La nueva ley en Illinois que entra en vigor en 2026 e impacta en propietarios e inquilinos

La nueva normativa que entrará en vigor en Illinois en 2026 transformará la relación entre propietarios e inquilinos al imponer obligaciones inéditas y reforzar protecciones para quienes enfren...

La nueva normativa que entrará en vigor en Illinois en 2026 transformará la relación entre propietarios e inquilinos al imponer obligaciones inéditas y reforzar protecciones para quienes enfrentan situaciones de violencia doméstica o sexual. El cambio central gira en torno a la obligación de entregar un “Resumen de derechos para hogares más seguros” en todos los contratos de alquiler por escrito.

La nueva ley de Illinois que cambia las obligaciones de propietarios e inquilinos desde 2026La Safe Homes Act fue creada para permitir que personas sometidas a violencia doméstica, de pareja o sexual puedan abandonar un alquiler sin quedar atrapadas en deudas o penalidades. La ley sostiene que el objetivo principal es reducir la exposición de víctimas a situaciones de riesgo, al habilitar la huida inmediata de una vivienda peligrosa.

A partir de la ampliación normativa que entra en vigencia el 1° de enero de 2026, todos los propietarios deberán adjuntar como primera página del contrato de alquiler el resumen obligatorio que explica estos derechos, tanto en acuerdos nuevos como en renovaciones firmadas a partir de esa fecha.

Además, cada inquilino deberá firmar el acuse de recibo incluido al pie de cada página del documento. De ese modo, la ley garantiza que ninguna persona pueda alquilar una vivienda sin conocer las facultades que brinda la Safe Homes Act.

Quiénes están protegidos por la nueva ley de Illinois y qué derechos garantiza la Safe Homes Act

El marco legal abarca un universo específico: víctimas de violencia doméstica o sexual y sus familias. Esto significa que los beneficios, defensas legales y derechos de confidencialidad se aplican únicamente en ese contexto.

La Safe Homes Act establece dos protecciones fundamentales:

Permite terminar un contrato de arrendamiento sin pagar el alquiler restante, siempre que el inquilino pueda demostrar ante un tribunal que existía una amenaza creíble e inminente.Obliga al propietario a cambiar las cerraduras en un máximo de 48 horas desde la notificación escrita realizada por el arrendatario. Si el locador no lo hace en ese plazo, el inquilino queda habilitado para reemplazarlas sin permiso.

Este derecho a procedimientos rápidos es especialmente relevante para evitar que una persona en situación de riesgo continúe en un espacio donde no se siente segura.

Qué exige la nueva normativa de Illinois a los propietarios desde 2026: multas y obligaciones

La Ley de Resumen de Derechos para Viviendas más Seguras fija responsabilidades claras. El arrendador o su representante deben:

Colocar el resumen de derechos como primera página de cualquier contrato residencial por escrito.Recopilar las firmas de cada inquilino en el acuse de recibo incluido al final de cada página.Proveer el documento tanto en contratos nuevos como en renovaciones posteriores al 1° de enero de 2026.

Si el propietario no cumple, puede ser responsable de la cifra más alta: hasta US$2000 en daños reales o US$100 como monto mínimo.

El documento oficial —publicado por las autoridades de Illinois— deja en claro que el resumen no solo es obligatorio, sino que busca que todos los inquilinos lleguen informados sobre cómo actuar ante situaciones de violencia.

Los acuerdos con múltiples firmas también están contemplados. El documento de derechos incluye espacio para que los dos primeros arrendatarios firmen cada página, mientras que los adicionales pueden hacerlo en los espacios contiguos. Esto impide que cualquier persona involucrada en el contrato alegue desconocimiento de las cláusulas.

Otras obligaciones clave para propietarios según la nueva ley de viviendas seguras en Illinois

Los inquilinos pueden exigir el reemplazo de cerraduras tanto en contratos escritos como orales. Si el agresor es también un arrendatario, la solicitud debe incluir una orden de protección plenaria o un civil no contact order que otorgue la posesión exclusiva de la vivienda a la víctima.

Si el propietario no interviene dentro del plazo legal, el propio inquilino puede cambiar la cerradura. En este supuesto, la persona debe entregar una copia de la llave dentro de las 48 horas siguientes.

Además, la ley prohíbe a los dueños revelar que un arrendatario utilizó estos derechos, así como cualquier información presentada durante el proceso. Una divulgación indebida puede generar sanciones de hasta US$2000 más honorarios legales para el propietario.