Los colegios de la abogacía: volver a su razón de ser
Hay una verdad incómoda que atraviesa hoy a la abogacía: mientras su rol institucional sigue siendo indiscutido, las condiciones reales en que se ejerce la profesión se deterioran de manera sost...
Hay una verdad incómoda que atraviesa hoy a la abogacía: mientras su rol institucional sigue siendo indiscutido, las condiciones reales en que se ejerce la profesión se deterioran de manera sostenida.
No es un fenómeno teórico ni una percepción aislada. Es la experiencia cotidiana de miles de abogados que enfrentan trámites innecesarios, sistemas que no funcionan como deberían, herramientas que no acompañan y un esquema previsional que, lejos de dar certezas, suma preocupación. En ese contexto, la distancia entre las instituciones que representan a la abogacía y el ejercicio profesional ya no puede ser ignorada.
Los colegios de abogados ocupan un lugar clave en la arquitectura institucional. Administran la matrícula, ejercen potestades disciplinarias y tienen, además, una responsabilidad indelegable en la defensa del ejercicio profesional y en el fortalecimiento del sistema de justicia. Pero esa centralidad no los exime de una revisión crítica. Por el contrario: la vuelve impostergable.
Porque el problema no radica en la falta de diagnósticos, sino en la persistencia de un enfoque equivocado.
Durante años, algunos colegios han derivado hacia lógicas de funcionamiento cada vez más cerradas sobre sí mismas. Se ordenan, regulan, gestionan; pero con demasiada frecuencia pierden de vista aquello que justifica su existencia: el abogado que ejerce. Y cuando eso ocurre, la institución deja de ser una herramienta para convertirse en una estructura que se sostiene a sí misma.
Ese desvío tiene consecuencias concretas. No solo complica el trabajo diario de los profesionales, sino que también impacta en el acceso a la justicia y debilita la legitimidad de la representación. Una institución distante no solo es menos eficaz: es, en definitiva, menos necesaria.
Revertir esta situación exige algo más que declaraciones. Implica una redefinición clara de prioridades: poner al ejercicio profesional en el centro.
Eso supone, en primer lugar, simplificar. Menos burocracia, menos circuitos innecesarios, menos tiempo perdido en gestiones que no agregan valor. Supone también modernizar en serio: la digitalización no puede ser la mera reproducción, en formato electrónico, de las mismas ineficiencias del sistema tradicional. Si la tecnología no facilita, fracasa.
Pero hay además cuestiones estructurales que no admiten más postergaciones. El sistema previsional de la abogacía es, probablemente, el ejemplo más evidente. La desproporción entre aportes y beneficios y las limitaciones para continuar en actividad configuran un escenario que resulta, para muchos profesionales, directamente inviable. Mirar hacia otro lado ya no es una opción.