Los fondos que tienen deuda en default de 2001 también reclaman cobrar con acciones de YPF

Los fondos que todavía tienen deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 le pidieron a Justicia de Estados Unidos cobrar también la indemnización con acciones de YPF. La ord...

Los fondos que todavía tienen deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 le pidieron a Justicia de Estados Unidos cobrar también la indemnización con acciones de YPF. La orden “me too” (yo también) se presentó ayer, luego de que la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, sorprendiera con la orden que dispone que el Estado argentino debe girar el 51% de sus acciones de YPF para pagar dos litigios en Estados Unidos.

Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos –más conocidos como holdouts– que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Entre ellos hay siete compitiendo para lograr que se embarguen los pocos activos argentinos que hay en el exterior.

Estos son los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Los primeros dos están representados por el abogado Dennis Hranitzky, que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML - Elliott Capital Management.

“Beneficiarios de un fallo por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad sobre los beneficiarios de los casos expropiación YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores”, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.

La jueza Preska ordenó el lunes al país que pague con las acciones de YPF las sentencias de primera instancia por la expropiación de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park, y por la deuda en default de 2001 que está en manos del fondo Bainbridge Fund.

“Vuelve un clásico: los me too. Quedan solo dos fondos buitre que no aceptaron los canjes de deuda de Kirchner y Macri y tienen sentencias firmes por el default de 2001. Preska ya dictó en favor de uno, Bainbridge (US$95 millones) una orden igual a la que obtuvo Burford por YPF, y ayer el otro, el grupo liderado por Attestor (US$259 millones), le pidió a Preska lo mismo”, dijo Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior.

“Si la Cámara de Apelaciones de Nueva York no revoca el fallo sin precedentes de Preska (objetado hasta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos), sus consecuencias serán globales y pondrán en riesgo futuras reestructuraciones de deuda soberana de cualquier otro país”, agregó.

Pese a que el artículo 10 de la ley 26.741 de la expropiación de YPF prohíbe al Gobierno transferir las acciones de la petrolera, la jueza Preska dijo en su fallo del lunes que “no hay ninguna limitación territorial expresa que prohíba la entrada en vigor de una orden de entrega que requiera dinero o propiedad a Nueva York desde otro estado o país”.

En otra parte del escrito, la magistrada fue más directa con relación a la ley argentina que prohíbe la transferencia de acciones: “La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos, (2) tomar medidas para cambiar la ley, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes”.

Y agrega: “Los gobiernos extranjeros no pueden simplemente invalidar las excepciones a la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), al invocar su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos. Si la cortesía pudiera prevalecer sobre la FSIA y permitir que el derecho extranjero controle qué activos soberanos están sujetos a ejecución, todo estado extranjero podría declararse invulnerable a las sentencias judiciales en los tribunales estadounidenses con solo aprobar una ley que exigiera su propia aprobación para cualquier transferencia de su propiedad”.

El martes, el Gobierno presentó un escrito ante la jueza de Nueva York en el que pidió la suspensión de la orden hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. En paralelo, dijeron que están diseñando la apelación sobre la cuestión de fondo, que se presentará antes de mediados de mes.

A la espera de esta apelación, de manera paralela, la Argentina ya había apelado el fallo de primera instancia por la expropiación de YPF, que la obliga a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses.

Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.

Los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, apelaron también porque quieren que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino pidió que se revise la sentencia.

En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el entonces gobierno pagó US$9300 millones a un grupo de holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los bonos Globales que en 2020 el exministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.

El pago de 2016 permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.

Sin embargo, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina. Eran aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.

Pese a que la Argentina había logrado en los sucesivos canjes más de un 95% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001, que hubiese fondos buitres que seguían litigando contra el país popularizó luego en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC). Este instrumento establece que si el país deudor efectúa una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática.