Megatemplo mormón: La iglesia respondió la cautelar y habló de una “violación a la libertad religiosa”

El futuro del megatemplo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días planea levantar en el centro porteño todavía es una incógnita. En diciembre, un amparo ...

El futuro del megatemplo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días planea levantar en el centro porteño todavía es una incógnita. En diciembre, un amparo presentado por la Asociación Civil Basta de Demoler logró frenar una autorización preliminar del gobierno porteño. El viernes, la iglesia presentó formalmente su respuesta ante la Justicia y denunció una posible violación a la libertad religiosa, en el marco de un expediente que cuestiona la factibilidad del uso “local de culto” en un terreno situado en la avenida Córdoba y Reconquista.

En el escrito presentado ante la Justicia, que tiene 139 páginas y al que accedió LA NACION, las autoridades de este credo sostienen que la medida cautelar resulta inaceptable. Argumentan que, como la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no establece que la autorización de los locales de culto deba someterse a un trámite de doble lectura, que incluya un estudio de impacto ambiental o su tratamiento en la Legislatura porteña, una exigencia de ese tipo “violaría la libertad religiosa y de culto”.

La medida cautelar, dictada el 15 de diciembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9, alcanzaba a la autorización urbanística otorgada por la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), que ordenó suspender los efectos de una disposición administrativa de 2024 que habilitaba un desarrollo de gran escala en un predio lindero al Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena, ambos declarados Monumento Histórico Nacional.

Se trata de la construcción del mayor templo de esta fe, popularmente conocidos como mormones, en una de las últimas manzanas vacías del centro porteño. Las autoridades de este culto anunciaron en junio del año pasado que levantarían allí un megatemplo, que tendría el 60% de su predio destinado a espacios verdes con acceso libre a la comunidad.

“La Disposición DGIUR se limitó a interpretar la viabilidad del uso local de culto en el inmueble y no aprobó ninguna obra ni ningún plano para el proyecto del templo, lo que corresponde a otras instancias posteriores”, aclara la presentación hecha ante la Justicia. El texto apunta que resulta inaplicable, tal como solicitaba Basta de Demoler, el trámite de doble lectura. “La Constitución de la CABA no sujeta los locales de culto al trámite de doble lectura. El Código Urbanístico no incluye los locales de culto en el catálogo de actividades. Ninguna otra ley de la Legislatura ni norma administrativa han sometido los locales de culto al trámite de doble lectura. El trámite de doble lectura no es exigible por el simple hecho de supuestamente superar la superficie los 10.000 metros cuadrados. Sujetar los locales de culto al trámite de doble lectura violaría la libertad religiosa y de culto”, se señala en el documento. También se apunta que “la práctica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratifica que el establecimiento de un lugar de culto no requiere de aprobación legislativa”.

Hay que recordar que, en diciembre último, la jueza Andrea Danas, a cargo del juzgado interviniente, consideró que en esa etapa inicial del proceso se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho invocado. En su resolución sostuvo que, por las dimensiones de la obra y el uso autorizado, la Ciudad debió haber aplicado el procedimiento de doble lectura legislativa previsto en la Constitución porteña y en el Código Urbanístico, exigido para grandes equipamientos públicos o privados, incluidos los destinados al culto.

Por parte de las autoridades de la iglesia mormona “resulta inadmisible” el planteo ya que “no existe un daño concreto, actual ni inminente que justifique la intervención judicial”. Además, se puntualiza que la disposición cuestionada no autoriza ninguna obra ni permiso de construcción, sino que se limita a declarar la viabilidad del uso “local de culto”, conforme al Código Urbanístico vigente. Y se menciona que, ese uso no requiere aprobación legislativa, sino únicamente evaluación técnica por parte de los organismos competentes, “lo que fue debidamente cumplido”, se señaló. “El proyecto se ajusta plenamente a la normativa urbanística vigente y no requiere excepciones ni tratamientos especiales”.

Las autoridades de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días insistieron en que no existe afectación comprobada al patrimonio histórico lindero, el Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena. E insisten en que el proyecto contempla estudios técnicos específicos y el cumplimiento de todos los protocolos arqueológicos exigidos por la normativa.

“La coexistencia de múltiples espacios de culto en una misma zona no está prohibida por la normativa vigente”, subrayan. Y destacan que la iniciativa permitiría poner en valor un predio actualmente sin uso, incorporando un espacio verde de acceso público y mejorando la calidad urbana del entorno.

En la cautelar se cuestionaron los procedimientos de autorizaciones y se denunciaron presuntas violaciones al régimen de protección patrimonial y al Código Urbanístico.

La resolución hizo lugar a la acción presentada por la Asociación Civil Basta de Demoler, con el patrocinio de los abogados María Carmen Arias Usandivaras y Patricio Cabrera, y ordenó al Gobierno porteño suspender los efectos de la Disposición 1957/DGIUR/24, emitida el 22 de noviembre de 2024, hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Sin embargo, el proyecto todavía no cuenta con una autorización de obra, que deberá otorgar la Dirección General de Obras y Catastro (Dgroc). Esa dirección será la que deberá analizar si el proyecto de construcción tiene la altura permitida y los metros autorizados, entre otras cuestiones.

Según las autoridades mormonas, la Argentina es hogar de casi medio millón de fieles de la iglesia de los Santos de los Últimos Días, organizados en más de 730 congregaciones. Hasta hace 10 años, hablaban de unos 400.000 fieles, por lo que dicen que tuvieron un gran crecimiento.

“Celebramos esta resolución judicial que suspende una autorización del gobierno porteño que otorgó el uso de templo sin pasar por la Legislatura, sin respetar el Área de Protección Histórica 51 y excediéndose en los metros y la altura permitidos”, señalaron desde la organización Basta de Demoler.

El conflicto se originó a partir de una autorización administrativa que habilitó el cambio de uso del suelo para la instalación de un “local de culto” en la manzana delimitada por Viamonte, Reconquista y la avenida Córdoba, dentro del Área de Protección Histórica 51 “Catedral al Norte” y del Área Especial AE16. Según consta en la demanda, el proyecto contempla la construcción de un complejo de más de 26.000 metros cuadrados, con un edificio principal de hasta 38 metros de altura, jardines aterrazados, edificaciones complementarias y tres subsuelos.

La Iglesia explicó que el predio no es un inmueble catalogado ni tampoco es un monumento nacional ni un área de amortiguación visual de un monumento nacional por lo que no le aplican esas regulaciones especiales. Además, aseguran que el predio está emplazado en el Área de Protección Histórica APH 51 (zona 2) y en el Área Especial AE16 (zona 3). El proyecto del templo no solo respeta los parámetros de altura y volumetría aplicables para ambas áreas, sino que no requiere excepciones, normas especiales ni convenios urbanísticos, como pudo haber sucedido décadas anteriores para proyectos de otra envergadura y bajo un ordenamiento urbanístico distinto al actual”, se indicó.

Las autoridades de la iglesia aseguraron que acompañaron la presentación judicial con informes técnicos que demostrarían que “no existe prueba concreta de afectación” al Monasterio ni a la Iglesia de Santa Catalina de Siena. “En efecto, el proyecto se desarrollará a más de 13 metros de los monumentos y los estudios técnicos acompañados han descartado impactos negativos sobre visuales y asoleamiento”, señalan en el documento.

Ahora la Justicia deberá determinar si da marcha atrás a la medida adoptada en diciembre último. Mientras tanto, desde la Dirección de Planeamiento Urbano no se informaron avances en el proyecto.