Motochorros: incumplir la ley

La policía porteña acaba de detener a los miembros de una banda de motochorros que robaban principalmente en la autopista Riccheri. En 65 allanamientos realizados en el partido de Lanús se detuv...

La policía porteña acaba de detener a los miembros de una banda de motochorros que robaban principalmente en la autopista Riccheri. En 65 allanamientos realizados en el partido de Lanús se detuvo a 25 sospechosos de haber cometido al menos 140 robos a mano armada. Lamentablemente, se trata de delitos cada vez más frecuentes. Lo que los medios de prensa registramos y reproducimos es apenas una ínfima porción de lo que ocurre. Es la cifra blanca del crimen, la que se denuncia o se difunde. Un número muy superior ni siquiera llega a formar parte de un expediente y, menos, de una estadística.

Violentos ataques de ese tipo se registran en las principales vías rápidas del AMBA. La Panamericana, la General Paz, la Autopista del Oeste y el Camino del Buen Ayre, entre otras, se transforman en los escenarios preferidos de quienes, subidos a un vehículo ligero con muchas posibilidades de escapar, se apropian de bienes ajenos atentando contra la vida de los que circulan motorizados o a pie durante las 24 hora del día.

Tanto los robos de motos como los de automóviles constituyen dos de los delitos que más crecieron en los últimos años. Según las estadísticas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se roban anualmente más de 42.000 motos en la Argentina. Muchas de ellas son usadas para cometer otros delitos.

Causó estupor ver las imágenes que a poco de terminar 2025, la propia víctima filmó con la cámara que llevaba en su casco. El joven transitaba en su moto por la autopista Riccheri cuando lo interceptaron tres parejas de motochorros que, a punta de pistola, lo despojaron de su rodado cerca del peaje próximo al Mercado Central, en la localidad bonaerense de La Tablada.

Imposible enumerar todos los casos. Cualquiera de nosotros fue testigo directo o escuchó relatos referidos a la impunidad con que se mueven estos delincuentes.

A lo largo de los años se anunciaron sucesivos planes oficiales para hacer frente a esta situación. La mayoría cayó en saco roto. En algunos municipios llegaron a implementarse pequeños cambios, pero casi siempre en idénticos perímetros: alrededor de entidades bancarias, lugares turísticos o puntos de alto tránsito. Son apenas unas pocas cuadras. Los alrededores funcionan como tierra liberada.

Valga recordar el anuncio del cuestionado ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, de abril del año pasado. Rodeado de otros funcionarios dijo que se prohibiría que más de una persona circule en moto en determinadas zonas y barrios, pero que lo tenían que solicitar los intendentes. “Todos me llamaron”, afirmó Alonso.

Los hechos muestran claramente que o las respuestas no llegaron o lo convenido no se implementó. La sospecha está más que justificada. El anuncio de Alonso ya llegaba tarde, pues en 2019 fue sancionada la ley antimotochorros, cuyo objetivo es evitar esos robos habilitando a los municipios a fijar zonas y horarios en los que prohibir la circulación de dos ocupantes en el ciclomotor, además de obligar a esos conductores a llevar grabada la patente del dominio en el casco y a que el acompañante use chaleco reflectante con esa identificación tanto en el frente como en el dorso. Tal iniciativa había sido impulsada por el bloque provincial de Cambiemos durante el gobierno de María Eugenia Vidal y se mantuvo cajoneada por seis años.

Hace casi 12 años, se había dispuesto otra medida similar que modificaba las leyes de seguridad interior y de tránsito. Incluía curiosamente la misma prohibición y también obligaba a que los motociclistas circularan con el número de la patente impreso en el chaleco y en el casco. Debido a que no había una autoridad que aplicara la norma, esa medida no funcionó y los robos y asesinatos siguieron.

En conclusión: está visto que leyes no faltan y que derivan en letra muerta cuando no se las aplica o se las aplica poco, de manera restringida o no se realizan los correspondientes controles ni se dictan penas de cumplimiento efectivo.

Seguir lanzando anuncios proponiendo soluciones sin respaldo concreto solo logra espacio en la crónica periodística. No cumplirlos se traduce en más despojos, más violencia y más muertes de personas inocentes.