No es necesaria una nueva ley educativa

Estamos en lo cierto si afirmamos que el consenso sobre educación que existe actualmente es sobre sus déficits de aprendizaje, reflejados en resultados bajos muy cómodos en su estancamiento. Un ...

Estamos en lo cierto si afirmamos que el consenso sobre educación que existe actualmente es sobre sus déficits de aprendizaje, reflejados en resultados bajos muy cómodos en su estancamiento. Un acuerdo por lo negativo, pero que, bien mirado, no deja de ser una base nítida desde la cual partir.

El anteproyecto de ley de educación que circula, que reemplazaría la ley de 2006, no aporta novedades sustantivas. Simplemente puntualiza cosas que existen y que conforman la naturaleza histórica del sistema educativo argentino. La libertad educativa y el reconocimiento del núcleo familiar, como cada uno lo conciba, como primer ámbito educativo, no choca contra un Estado garante del derecho a la educación y agente de equidad. Tampoco las iniciativas educativas de sociedades, particulares, fundaciones, confesiones religiosas diversas que dinamizan la pluralidad de un sistema amplio y diverso. La participación de los padres está contemplada en cooperadoras escolares y, en términos de una participación más comprometida en aspectos referidos a la comunidad educativa, en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) que todas las instituciones tienen y que suponen una construcción cooperativa de revisión periódica.

Por otra parte, los vouchers son un modo de financiar directamente a las familias que tienen poco impacto en sistemas grandes y diversos. Su influencia es muy puntual y parcial, en sí mismos no constituyen ninguna reforma relevante. La educación en los hogares (homeschooling) existió antes de los sistemas públicos modernos que, a su tiempo, fueron regulados y/o reconocidos. En la Argentina lo hizo la ley 1420 (1884) en su artículo N°4 “…La obligación escolar puede cumplirse en las escuelas públicas, en las escuelas particulares o en el hogar de los niños; puede comprobarse por medio de certificado y examen…”. Tampoco hay allí novedad.

Los resultados de las pruebas Aprender (administración Macri) se enviaban a las escuelas en forma directa, incluidos su comparación con instituciones de iguales características y los resultados nacionales. Esa información ha sido un insumo para ajustar y mejorar aspectos de la enseñanza-aprendizaje en muchas de ellas. La publicación en una especie de vitrina pública de los resultados no agrega nada, dado que las razones por las cuales las familias eligen tal o cual institución exceden lo estrictamente académico, aquí y en todo el mundo. Cercanía, tradición familiar, amigos, contención, contexto socioeconómico, vida deportiva, clima escolar y también, claro, nivel académico, son los criterios de elección más arraigados.

En relación con el financiamiento, cada provincia lo establece y lo administra, dado que son las que sostienen la educación en sus jurisdicciones. Ellas determinan cómo invertir los recursos que provienen de distintas fuentes: el presupuesto, los impuestos, la participación del sector privado, la concurrencia de los distintos niveles del gobierno y la ayuda externa. En nuestro país, el rol central lo tiene el Estado. El nuevo proyecto no agrega nada que suponga una transformación radical. Ni siquiera un enfoque novedoso sobre lo ya existente. ¿Entonces?

“…Tomemos cualquier política o problema educativo y hagamos una lista de todas las fuerzas que podrían figurar en la solución y que habría que modificar para realizar un cambio productivo. Luego, añadamos la idea de que los factores imprevisibles son inevitables…”, explica Michael Fullan, experto en análisis y reformas educativas. Su frase no supone inmovilidad ante un problema crucial, simplemente cuidado y precisión, alejamiento de macroobjetivos rimbombantes. Supone modestia y enfoque, concentración en aquello que, con pequeñas acciones, concretas, consistentes, monitoreables, producirá resultados ciertos.

Los docentes influyen directamente en los resultados de aprendizaje. No es el único factor, pero no hay duda de que buenos y competentes educadores son imprescindibles. Entonces, el Estado nacional, en coordinación con los provinciales, que mayoritariamente forman a docentes en sus institutos de formación, puede hacer mucho y comenzar rápido para conseguir impacto cierto.

Algunas sugerencias. El estudio de carreras docentes debería tener criterios de ingreso altos: exámenes de admisión, sistema de correlatividades fuertes. Quienes allí enseñan, deberían concursar de manera periódica sus cátedras, no una sola vez y para siempre, como lo hacen en la actualidad. Los concursos deberían existir en el ejercicio profesional de la enseñanza, evaluando, fundamentalmente, actualización académica, competencias de enseñanza, compromiso comunitario y liderazgo pedagógico.

Son pocas las acciones que no necesitan ninguna ley nacional. Requieren diálogo y un Estado nacional que use todos sus recursos humanos, técnicos y económicos para asistir a las provincias que más decididamente afronten el desafío. Son pequeños cambios en la arquitectura de las decisiones, como explicó el economista del comportamiento Richard Thaler, que producen resultados en políticas públicas más beneficiosos para el bien común. Necesitamos menos revoluciones y más microdecisiones.