Nuevas leyes que benefician a millones de trabajadores en Arizona y entran en vigor el 1º de enero 2026

Desde enero de 2026, el ...

Desde enero de 2026, el mercado laboral de Arizona experimentará cambios relevantes que impactarán en los ingresos, los derechos y las posibilidades de reclamo de millones de trabajadores. Este conjunto de normas estatales actualizará el salario mínimo, ampliará de manera significativa los montos que podrán exigirse por sueldos impagos y reforzará los criterios de equidad de ingresos.

Aumenta el salario mínimo estatal en Arizona desde enero 2026

La actualización del sueldo mínimo entrará en vigor el 1º de enero de 2026. La modificación se apoyará en el marco legal establecido en el Arizona Revised Statutes, específicamente en el Título 23, sección 23-363, que regula el piso salarial que deben pagar los empleadores.

Bajo este esquema, el salario mínimo no se fija de manera aislada, sino que se ajusta de forma periódica de acuerdo con la evolución del costo de vida.

A partir de enero de 2026, la remuneración mínima por hora para empleados no exentos pasará de los actuales US$14,70 a US$15,15.

Este incremento responderá al mecanismo de actualización anual que la ley prevé desde 2021, cuando se dispuso que el salario base debía incrementarse cada 1º de enero, según la variación del índice de precios al consumidor medido en agosto del año previo.

El salario mínimo se elevará a US$15,15 por hora para trabajadores no exentos.El ajuste se calculará en función del aumento del costo de vida y se redondeará al múltiplo de cinco centavos más cercano.El esquema de actualizaciones automáticas seguirá vigente para años posteriores, conforme lo establece el A.R.S. § 23-363.

La normativa también contempla situaciones particulares, como el caso de los trabajadores que reciben propinas de manera habitual. En esos supuestos, los empleadores podrán seguir con el pago hasta US$3 por hora menos que el salario mínimo general, siempre que puedan demostrar, mediante registros o declaraciones fiscales, que la suma entre sueldo y gratificaciones igualó o superó el piso correspondiente por todas las horas trabajadas.

Mayor margen para reclamar sueldos no abonados en Arizona

Otra de las reformas que entrará en vigencia en enero de 2026 ampliará de forma considerable la capacidad de los trabajadores para recuperar salarios adeudados. Se tratará de un cambio introducido por la ley HB 2381, impulsada en la Legislatura estatal, que modificará los límites para presentar reclamos administrativos ante la Industrial Commission of Arizona (ICA).

Hasta ahora, quienes detectaban sueldos impagos podían presentar un reclamo ante la ICA solo si el monto adeudado no superaba los US$5000. A partir de enero de 2026, ese tope se elevará a US$12.000, lo que permitirá que un universo mucho más amplio de empleados pueda optar por esta vía administrativa sin necesidad de iniciar una demanda judicial desde el inicio.

El límite máximo de reclamo ante la ICA subirá de US$5000 a US$12.000.El plazo para presentar el reclamo administrativo se mantendrá hasta un año desde que se generó la deuda salarial.La comisión podrá utilizar herramientas como sentencias, embargos y otras medidas para lograr el cobro de los salarios impagos.

El cambio se insertará dentro del Título 23, Capítulo 2 de los Arizona Revised Statutes, que regula las prácticas laborales y las condiciones de trabajo. Ese mismo cuerpo legal establece que los empleadores deben pagar todos los salarios adeudados en días de pago fijos, designados al menos dos veces por mes y con no más de 16 días de diferencia entre uno y otro.

Cuando esa obligación no se cumpla, la ley aún habilita tanto la vía administrativa como la acción civil, que incluso podrá derivar en el cobro de hasta el triple del monto adeudado en determinados casos.

Refuerzo de la equidad salarial y la transparencia en Arizona

Las modificaciones que entrarán en vigor en 2026 también reforzarán los principios de igualdad en la remuneración. En este punto, la normativa estatal avanzará sobre prácticas que buscan reducir brechas salariales injustificadas y promover mayor claridad en los procesos de contratación.

Las mejoras se apoyarán en disposiciones como las previstas en el A.R.S. § 23-341, que prohíbe pagar salarios inferiores por razones de género cuando se trate del mismo trabajo, con igual cantidad y calidad, dentro de un mismo establecimiento.

Bajo este marco, las empresas deberán actuar sin discriminación por género o raza y sostener diferencias salariales solo cuando estén justificadas por factores objetivos, como la antigüedad, la experiencia, las habilidades, el tipo de tareas, el turno de trabajo o responsabilidades específicas.

La carga de la prueba recaerá en quien inicie el reclamo, pero la ley mantendrá herramientas claras para exigir el pago de las diferencias salariales cuando se comprueben violaciones.