Pese a sus dichos, Tapia está imputado en una causa que se inició por una denuncia de ARCA

Pese a que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le dijo a LA NACION en Mar del Plata que no está imputado en las investigaciones judiciales que se abrieron por el manejo irregular de fondos en ...

Pese a que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le dijo a LA NACION en Mar del Plata que no está imputado en las investigaciones judiciales que se abrieron por el manejo irregular de fondos en la máxima entidad del fútbol argentino, lo cierto es que el dirigente ya afronta una imputación en una causa en el fuero penal económico.

Según publicó este medio el 26 de diciembre pasado, el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Tapia, a su mano derecha Pablo Toviggino y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones.

La imputación advierte que, si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Tapia “como responsable de las maniobras descriptas” en su carácter de presidente de la AFA y “administrador de clave fiscal”, la “estructura societaria” de la entidad exige extender la investigación a “los otros integrantes de la comisión directiva”.

“¿Cómo lo llevo? Tranquilo. No estoy imputado, nada", había afirmado este lunes por la tarde Tapia ante una pregunta de LA NACION en el Balneario 12 de Punta Mogotes, en Mar del Plata. Pero los dichos del presidente de la AFA no registraron que, en una causa específica, efectivamente se encuentra imputado.

El dictamen del fiscal nombra también a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo, que integran la comisión directiva de la AFA. La denuncia había sido presentada por ARCA ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporada a un expediente por la presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario.

Tanto en la denuncia original como en su ampliación se acusó a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención —descontando impuestos y cargas sociales a terceros— y se financió con esos fondos.

En una primera instancia, ARCA había informado un monto cercano a los $7500 millones, correspondiente a una parte de las retenciones y aportes detectados. Ahora, en el último texto, al que tuvo acceso LA NACION, el organismo indicó que hubo retenciones y contribuciones no ingresadas en nuevos períodos que ascienden a $11.759 millones, al considerar un alcance temporal más amplio y nuevos conceptos tributarios y previsionales.

Así, la ampliación incorporó un cuadro consolidado bajo el título “Monto total denunciado”, en el que la entidad al mando de Andrés Edgardo Vázquez expone la totalidad de la pretensión punitiva, resultante de la suma de la denuncia original y la ampliación. De acuerdo con ese detalle, el monto global de la maniobra investigada asciende a $19.353.546.843,85, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias (en distintos regímenes) y contribuciones no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo (intención) por parte de la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.

Según informaron fuentes judiciales, ARCA encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no deposite los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles. El organismo solicitó al juzgado Penal Económico de Diego Amarante, donde recayó la causa, que cite a declaración indagatoria a Tapia y a los responsables del organismo y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.

Esta es una de las tres causas abiertas que tiene a las autoridades de la AFA en la mira de la Justicia. Las otras están vinculadas a los negocios de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, cercano a Tapia, y la quinta de lujo de Pilar que estaría a nombre de dos presuntos testaferros de Toviggino.

La causa de Sur Finanzas tramita en el juzgado de Luis Armella, en Lomas de Zamora, y cuenta con el impulso de la fiscal Cecilia Incardona. Investiga presuntas irregularidades en una red de movimientos financieros que une a la firma con la AFA y una gran cantidad de clubes de futbol. Se inició con una denuncia que señalaba un préstamo al club Banfield, pero cobró otra fisonomía con una presentación de la Dirección General Impositiva (DGI).

Otra causa que avanzó con allanamientos y medidas varias es la que investiga la fastuosa quinta en Pilar, que cuenta con helipuerto y un haras de caballos. En los papeles, es propiedad de un monotributista y una jubilada, pero la sospecha que funda el caso es que podría pertenecer a los altos mandos de la AFA.

La Justicia analiza si los dueños formales tanto de la quinta como de la colección de autos -Luciano Pantano y Ana Conte-, son, en realidad, prestanombres que integran un esquema de lavado y encubrimiento.