Pidieron indagar a Alejandro Muszak, fundador y presidente de la fintech Wenance, por otras 520 estafas

Por medio de un “ardid o engaño”, provocaron un “desplazamiento patrimonial” que perjudicó a 410 inversores por 3.331.096.665 de pesos, 8.760.820,86 dólares y 143.600 euros. Ante las pru...

Por medio de un “ardid o engaño”, provocaron un “desplazamiento patrimonial” que perjudicó a 410 inversores por 3.331.096.665 de pesos, 8.760.820,86 dólares y 143.600 euros. Ante las pruebas reunidas, el fiscal federal Federico Iuspa solicitó que el fundador y presidente de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, sea citado a prestar declaración indagatoria por 520 casos de estafa.

La presentación fue hecha ante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. El representante del Ministerio Público solicitó también que sean citados a prestar declaración indagatoria la directora Wenance, Paola Vallone; su pareja, Pedro Viggiano, y Rodolfo Cleto García.

Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. En julio pasado, la jueza Arroyo Salgado había elevado a juicio parte de la investigación contra Muszak, Vallone, Viggiano y García por integrar asociación ilícita, que habría operado entre 2016 y 2024.

“De acuerdo con el dictamen de la fiscalía, los 520 nuevos hechos por los que se pidió la indagatoria habrían sido cometidos en el marco de la referida asociación ilícita y guardan similitudes con las otras 524 estafas investigadas en la causa que comenzó en agosto de 2023 y que fue elevada a juicio en julio pasado. En este nuevo tramo de la investigación, la fiscalía consideró que la maniobra defraudatoria se vinculaba ‘con la operatoria de constitución de fideicomisos financieros y firma de contratos de mutuo, ofrecidos por las distintas sociedades del conglomerado empresarial’ liderado por Muszak, de 57 años, y que ‘fueron ejecutados de manera concertada bajo la dirección de la misma asociación ilícita’”, se dijo en la citada publicación.

Según explicó el fiscal Iuspa en su dictamen, por medio de un “ardid o engaño, 410 inversores habrían confiado sus ahorros -en moneda nacional y extranjera- al grupo societario conformado por los imputados. Así, mediante la suscripción de contratos de mutuo o fideicomisos financieros, se les prometía que el dinero entregado se destinaría ‘a inversiones rentables, con la promesa de obtener intereses elevados que generaron en los damnificados la expectativa de una ganancia extraordinaria’. Sin embargo, esto no fue más que uno de los tantos ardides empleados, al que se aduna la simulación de operaciones de inversión legítimas mediante fideicomisos financieros, la interposición de múltiples sociedades, la presentación engañosa de solvencia y respaldo financiero, la difusión masiva a través de medios digitales y redes”.

El representante del Ministerio Público sostuvo: “Dichas estrategias fueron empleadas para inducir a error a las víctimas y provocar así el desprendimiento patrimonial, dentro de un esquema fraudulento planificado y ejecutado por el entramado societario liderado por Muszak”.

Durante la investigación, el fiscal Iuspa tuvo la colaboración de distintas áreas especializadas del Ministerio Público, como la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que depende de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Según el requerimiento de elevación a juicio, tras poner en marcha Wenance, “Muszak diseñó un nuevo esquema de negocios basado en la constitución de diversos fideicomisos financieros, cuyo propósito consistía en sostener la actividad crediticia previamente desarrollada”.

El discurso para captar nuevos clientes se basaba en la presentación de supuestos beneficios económicos al tiempo que “se proyectaba la imagen de Muszak como un empresario exitoso y referente en el ámbito financiero, destacando su experiencia previa y presentándolo como creador y director de todos los negocios ofrecidos. Esta construcción discursiva buscaba otorgar credibilidad y legitimidad a las propuestas, reforzando la confianza de los potenciales inversores y facilitando la captación de sus ahorros”, destacó la fiscalía.

Iuspa afirmó también, según www.fiscales.gob.ar, que “la magnitud de la empresa, la expansión internacional y la existencia de una estructura con más de doscientos empleados denotan la existencia de un entramado societario y organizacional que habría permitido dotar de apariencia de legalidad a operaciones que, en su esencia, resultaban fraudulentas. Wenance y sus distintas marcas, habrían sido utilizadas para ocultar la verdadera magnitud del negocio y diluir responsabilidades penales, mediante la rotación de razones sociales, sedes y representantes legales, lo que dificulta deliberadamente la trazabilidad de los fondos y la identificación de los responsables”.

Según la fiscalía, luego de cumplirse inicialmente con los pagos de los intereses pactados, en julio de 2023 las sociedades que integraban el denominado Grupo Wenance entraron en estado de cesación de pagos y dejaron de cumplir las obligaciones asumidas, por lo que privaron a los inversores de la devolución de su capital como de los intereses prometidos, lo que evidenció en verdadero carácter defraudatorio de la maniobra. 

El fiscal Iuspa consideró que “no se trató de un incumplimiento contractual de índole comercial, sino de un esquema defraudatorio desde su origen, consistente en presentar a los inversores, créditos inexistentes o falsamente cedidos, con el único objeto de captar fondos bajo apariencia de legalidad”.

Además explicó que “el desvío de los capitales obtenidos en perjuicio de los inversores y en beneficio de los acusados, se evidencia a partir de su notorio crecimiento patrimonial personal, como así también de los cuantiosos gastos derivados del funcionamiento de la estructura societaria montada —sueldos de empleados y directivos, alquileres de inmuebles, honorarios fiduciarios, publicidad, desarrollo tecnológico, entre otros—, los cuales resultan a todas luces desproporcionados en relación con la actividad declarada y sin que se adviertan otras fuentes de ingresos lícitas que pudieran justificar tales erogaciones”.

En un primer momento, la investigación que llevó tras la rejas a Muszak estuvo radicada en el fuero nacional en lo criminal y correccional, con la intervención de la fiscal Mónica Cuñarro, pero por “conexidad” pasó a la justicia federal.