Privatizan Transener y nuevas líneas de alta tensión en el AMBA

Con la energía eléctrica ocurre en la Argentina un fenómeno similar al del gas natural de Vaca Muerta a comienzos de esta década: la generación de electricidad (térmica y renovable) fue en au...

Con la energía eléctrica ocurre en la Argentina un fenómeno similar al del gas natural de Vaca Muerta a comienzos de esta década: la generación de electricidad (térmica y renovable) fue en aumento al igual que la demanda, pero no la infraestructura de transporte para llegar a las zonas del país donde más se la necesita. Así, las líneas de extra alta tensión (500 kV) y sus estaciones transformadoras (ET) pasaron a ser semejantes a los gasoductos troncales y sus plantas compresoras construidas o en construcción.

Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto de Energía General Mosconi, coincide en que “hay recurso, pero también un déficit de transporte que se mide en función de la demanda diaria y la carga de los equipos. Gran parte de las ET –agrega– deben ser ampliadas en el AMBA, que está saturada y con equipos obsoletos que deben soportar una carga superior al doble de la que fueron diseñadas”. También aboga por una planificación a largo plazo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), “ya que en los últimos años se generaron miles de megavatios en la provincia de Buenos Aires (con Atucha II, los ciclos combinados Belgrano y San Martín y la Central Costanera) sin que se instalaran nuevas líneas”, concluye.

Una prueba es que entre 2002 y 2024 la demanda eléctrica creció 117% y el sistema de transporte se expandió 54%, con lo cual quedó fuertemente saturado y con sobrecostos de mantenimiento, según el diagnóstico que expuso Pablo Tarca, director general de Transener, en una audiencia pública realizada a fin de febrero.

La diferencia es que, próximamente, la operación quedará íntegramente en manos de empresas privadas.

Por lo pronto, este martes 14 serán abiertas las ofertas económicas de la licitación anunciada en diciembre para privatizar las acciones de la estatal Enarsa en Citelec SA, compañía holding controlante de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país. Desde 1993 está a cargo de la operación, mantenimiento y supervisión del sistema de extra alta tensión de 500 kV con más de 18.000 kilómetros de líneas (incluyendo 6200 kilómetros de su filial Transba), que abarcan regiones de la ex Agua y Energía Eléctrica (liquidada en 1996).

No obstante, a raíz de los sucesivos congelamientos tarifarios y crisis macroeconómicas, su tarea se redujo al equipamiento y mantenimiento de estaciones transformadoras que tienen entre 50 y 60 años de antigüedad. Y si bien los costos fueron incluidos últimamente en la tarifa, no resuelven el crónico déficit de líneas de alta tensión para conectar con nuevos nodos de consumo y polos productivos.

Citelec controla el 52,65% de las acciones de Transener, compartidas por mitades entre Pampa Energía (Grupo Mindlin) y la empresa estatal Enarsa. El resto se reparte entre la Anses (19,57%) y otro 27,78% colocado en bolsa.

Según el sitio especializado EconoJournal, la empresa registró en 2025 una utilidad neta cercana a US$180 millones, debido a la recomposición de tarifas y a la normalización regulatoria que, sumadas a un equipo técnico competente y el horizonte despejado hasta 2030 tras la última revisión quinquenal tarifaria (RQT), la hacen atractiva para compañías energéticas como inversores financieros.

Fuentes del mercado eléctrico señalan que entre las empresas interesadas en la compra del 26,3% de las acciones de Enarsa estarían Genneia (que preside Jorge Brito, con foco en energía eólica), Central Puerto (que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York y en 2025 fue adjudicataria de la concesión de la represa hidroeléctrica Piedra del Águila) y Edison Energía (liderada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, más un grupo de empresarios locales). Incluso Pampa Energía podría participar como un comprador más según el pliego licitatorio. Una incógnita es si se sumará Integra Capital (José Luis Manzano, Mauricio Filiberti y Daniel Vila, controlantes de Edenor desde fin de 2020, con inversiones en petróleo y minería), que está interesada en la próxima privatización de Metrogas, como informó esta columna hace dos semanas.

Concesión de obra pública

La necesidad de ampliar la deficitaria infraestructura de líneas de alta y media tensión para el transporte eléctrico acaba de generar otra novedad importante.

Según fuentes oficiales, entre fines de abril y comienzos de mayo el Gobierno prevé dar a conocer los pliegos para el llamado a licitación del proyecto AMBA I bajo el régimen de concesión de obra pública (ley 17.520 del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía) y sus posteriores modificaciones.

Esto significará adjudicar a uno o más concesionarios privados –entre ellos Transener, si fuera a presentarse– la construcción, instalación, mantenimiento y financiación de nuevas líneas de alta tensión (LAT), estaciones transformadoras (ET) y redes por un período no mayor a 30 años.

La obra no será inversión del Estado, sino que se adjudicará al que ofrezca el menor precio y el concesionario recibirá a cambio una tarifa por el transporte de electricidad.

Por su parte, la Secretaría de Energía ya dispuso a comienzos de este mes (a través de la resolución 83/2026, plagada de siglas), que el régimen será aplicable a las ampliaciones de capacidad del sistema de transporte de energía eléctrica (Ampliación COP), que hayan sido previamente caracterizadas como ejecutables y realizadas por quienes resulten adjudicatarios de las licitaciones públicas. Estos firmarán contratos y licencia técnica, que serán remunerados mensualmente para compensar la inversión. Y en forma adicional, una vez habilitada comercialmente la ampliación, percibirán una tarifa máxima (Tarifa COP) por la operación y mantenimiento de los equipos que determine el ente regulador (ENRE o ENRGE), previa audiencia pública, y será abonada por los usuarios del servicio público de transporte de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Según se estima en el sector, las ofertas podrían contar con garantía del BID Invest, el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo que financia en la región proyectos de infraestructura en diferentes sectores y prioriza proyectos con impacto ambiental y social.

Un proyecto demorado

El proyecto AMBA I, largamente demorado ya que formaba parte de un plan nacional anunciado oficialmente a fin de 2022, consiste en la construcción de una línea de extra alta tensión de 500 kV para conectar Plomer (en Marcos Paz, al oeste del conurbano bonaerense, donde se instalará una nueva estación transformadora) con Vivoratá (cerca de Mar del Plata).

Por lo que trascendió, la primera etapa arrancaría con una nueva subestación para descargar la alta concentración de Ezeiza. A su vez, la construcción en Plomer de una ET más grande con posibilidades de expansión permitirá vincular Ezeiza y General Rodríguez con Atucha II a fin de mejorar la confiabilidad del sistema.

Para una segunda etapa, más adelante, se prevé la vinculación de Plomer con Vivoratá a través de una nueva LAT de 500 kV, que permitirá el ingreso de energías renovables desde el sur.

Años atrás, la inversión en este proyecto fue estimada extraoficialmente en US$1100 millones, aunque esa cifra surge de la negociación del gobierno de Alberto Fernández para obtener financiamiento de China, que finalmente fue desestimado.

En cambio, las próximas licitaciones para concesionar obras públicas a empresas privadas no incluyen el proyecto “AMBA II + STATCOM Rodríguez”, que prevé mejorar la estabilidad del sistema mediante equipos de compensación para reforzar las líneas de alta tensión y mitigar cuellos de botella en las zonas norte y oeste del conurbano bonaerense.

Hace algo menos de un año, a fin de mayo de 2025 y a través de la Secretaría de Energía, el gobierno nacional presentó un listado de 16 obras prioritarias en todo el país para mitigar cuellos de botella, fortalecer el SADI, ser financiadas y ejecutadas por empresas privadas a través del esquema de concesión de obra pública, sin fijar plazos.

Ese plan abarcó la incorporación de 5610 kilómetros de nuevas LAT (38% más que las actuales) con una inversión total superior a US$6600 millones a cargo del sector privado, sin fondos del Estado.

La próxima licitación del proyecto AMBA I será un caso testigo y el primer paso importante. Por algo se empieza, aunque resta más de una decena de obras fuera del área metropolitana después de casi una década sin inversión pública ni privada en el congestionado y deficitario sistema de interconexión.