Procesaron al empresario Marcelo Porcel por abuso y corrupción de menores y por producir pornografía infantil

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El caso Porcel dejó de moverse en el terreno de las denuncias y las cautelares cruzadas para ingresar de lleno en una etapa judicial distinta. Después de más de un año y medio y de una decena de denuncias de excompañeros de sus hijos, la Justicia procesó, sin prisión preventiva, al empresario Marcelo Porcel por corrupción y abuso sexual agravado de menores, además de haber producido material de contenido sexual, un delito que es una de las maneras de ejercer o promover la prostitución infantil.

Además, avanzó con medidas concretas como la prohibición de salir del país, restricción de movimientos y entrega del pasaporte bajo apercibimiento de detención. En un expediente que ya había escalado por el intento del acusado de frenar la difusión periodística, el cambio de etapa es evidente: de la disputa por el relato, a la consolidación judicial de los hechos.

El juez Carlos Bruniard dispuso el procesamiento de Marcelo Porcel en la causa CCC N° 36627/2024, al considerar acreditados —con el grado de probabilidad que exige esta etapa— una serie de delitos de extrema gravedad. Según la resolución, el empresario quedó imputado como autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, cometido contra menores de trece años y en un contexto de guarda ya que los menores estaban en su casa al ser compañeros de alguno de sus hijos. El magistrado acreditó que se trató de hechos reiterados que involucran al menos a diez víctimas.

A esa figura se le suma, en concurso ideal, el delito de corrupción de menores, también en múltiples oportunidades, y en uno de los casos, la producción de representaciones sexuales de un menor de edad. Este último delito deriva de las pericias que se hicieron en el celular del empresario en el que se encontraron grabaciones que, a escondidas, realizaba en el baño de su domicilio cuando los compañeros de sus hijos se duchaban.

La resolución no sólo avanza sobre la calificación penal sino que también fija límites concretos a la situación personal del acusado. El magistrado, si bien no dictó la prisión preventiva como pedía la querella, le impuso a Porcel la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, lo que en los hechos implica un impedimento para salir del país sin autorización judicial. Además, deberá entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de detención inmediata en caso de incumplimiento. La medida fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones, en un intento por asegurar la sujeción del imputado al proceso en una causa que, por su volumen y gravedad, empieza a consolidarse como uno de los expedientes más sensibles del fuero criminal.

Marcelo Porcel es un poderoso empresario que fue concesionario de Oh! Buenos Aires -habría salido del emprendimiento hace unos meses-, el predio donde antes funcionó el Design, en el corazón de la Recoleta. Además, con esa marca compró un lote en la zona de Nordelta donde también tiene el proyecto de construir un centro comercial de similares características al porteño. Eshijo del histórico fundador de Argencard, la tarjeta de crédito que en los años noventa se vendió al Grupo Exxel. Además, la familia es dueña de varios campos en la zona de Cañuelas.

El expediente empezó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado, todos alumnos del Colegio Palermo Viejo. El procesamiento se apoyó en las evidencias y testimonios de al menos 10 menores que se presentaron frente a un tribunal para denunciar los abusos que tuvieron como escenario la lujosa torre Le Parc, en Godoy Cruz y Cerviño, otro departamento frente a este edificio, y la oficina de Porcel, a pocos metros del Obelisco porteño, por hechos cometidos entre 2022 y 2024.

La denuncia, del 5 de julio de 2024, dio origen a la causa número 36.627/2024, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, cuyo titular es Pablo Turano.

El expediente inició entonces un peregrinaje silencioso de un grupo de padres del colegio Palermo Chico que, a pedido de sus hijos que decidieron contar su verdad y denunciaron a Porcel. Iniciada la causa, el magistrado dispuso una medida cautelar que prohíbe al imputado cualquier tipo de contacto −directo o indirecto− con las presuntas víctimas y sus familias. Esa perimetral impidió a Porcel acercarse al Colegio Palermo Chico y también al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), donde varios de los denunciantes juegan en un equipo de fútbol. Más allá de estas medidas, recién hoy lo procesó.

En diciembre, LA NACION contó por primera vez el caso que tramitaba con paso lento en la Justicia. Inmediatamente después, 3 menores más decidieron denunciar a Porcel.

En las páginas que constituyen las pruebas en las que se basó el juez quedaron plasmados los duros relatos de los compañeros de sus hijos. Porcel participaba activamente de actividades deportivas, organizaba encuentros en su casa, se ofrecía para trasladar chicos y se mostraba permanentemente disponible. Esa disponibilidad, que en un primer momento fue interpretada como generosidad, cambió con el tiempo. Esas reuniones terminaban casi siempre en su domicilio con los chicos invitados a dormir. Se trataba de una participación constante del adulto en espacios que suelen pertenecer al mundo adolescente.

En el expediente, los menores declararon que había provisión de alcohol en reuniones de adolescentes, además de incentivos económicos: dinero a cambio de consumir bebidas alcohólicas, premios por “aguantar más”, transferencias a billeteras virtuales. En los testimonios, hubo menciones de que los indujo a ingerir alcohol a cambio de figuritas del Mundial 2022. En otra oportunidad, relataron, habría compensado con dinero a quienes dieran una vuelta en calzoncillos alrededor de la mesa de directorio en una oficina.

Los testimonios de los chicos, qyue se tomaron en cámara Gesell fueron coincidentes. Todos describieron una metodología que se basaba en la complicidad de un adulto con un grupo de adolescentes de 13 o 14 años en el que el procesado ocupó, durante años, un lugar central.

El 19, 20 y 21 de enero, después de la publicación de LA NACION, tres compañeros más de sus hijos se sumaron a las denuncias existentes y declararon en Cámara Gesell. Las audiencias se tomaron sin representantes del juez. Entonces, los menores relataron que todos eran víctimas de una modalidad ya descripta en las audiencias anteriores.

Dijeron que el alcohol, los incentivos y los “masajes” a los que los sometía Porcel eran la forma en que se manifestaba el acoso. Varios los localizaron en los mismos lugares como la oficina del centro porteño o el departamento de la calle Cerviño, en la lujosa Torre Le Parc, donde vive el empresario y su familia.

En enero, además, Porcel intentó un “bozal” a la prensa. Presentó pedidos de medidas cautelares contra 13 empresas periodísticas, entre ellas LA NACION, América TV, Grupo Telefé, Editorial Perfil, Infobae, Crónica, Grupo Clarín y C5N.

De ese total, trascendió que solo tres cautelares habrían sido concedidas por diferentes juzgados. En esos tres casos, los jueces habrían habilitado expresamente la feria judicial para avanzar con los planteos. Sin embargo, las resoluciones nunca fueron notificadas.

Finalmente, la Justicia movió sus fichas. Lo procesó, aunque no le dictó la prisión preventiva, como pedía la Justicia. Pasó más de un año y medio, y aquel peregrinaje de los padres que condujeron a sus hijos para que cuenten su verdad, empezó a dar sus frutos.