Trump gana otra batalla judicial: la Corte Suprema da luz verde a sus planes para eliminar miles de empleos federales
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WASHINGTON.- Donald Trump ganó otra batalla judicial y sumó un nuevo eslabón a la cadena de noticias positivas en los últimos días para su administración. La Corte Suprema norteamericana despejó este martes el camino para que la Casa Blanca ponga en marcha planes de despidos masivos y reorganizaciones en 19 agencias y departamentos federales mientras continúa el litigio.
Los jueces de la Corte levantaron una orden de un tribunal inferior que había bloqueado temporalmente los planes para despedir a miles de trabajadores federales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social (SSA), porque la administración no había consultado en primer lugar con el Congreso.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, permite así a los funcionarios de Trump despedir a reguladores independientes y a miles de trabajadores a prueba, mientras los desafíos legales se desarrollan en los tribunales inferiores. La decisión de produce a pesar de las advertencias de que con los despidos masivos se perderían servicios gubernamentales críticos.
Los recortes de empleos federales han sido liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en ingles), que estaba dirigido por el multimillonario Elon Musk hasta su salida del gobierno, en mayo pasado, tras lo cual entabló una durísima pelea con Trump, su otrora máximo aliado.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue el único voto disidente de la decisión, y acusó a sus pares de la Corte de un “entusiasmo demostrado por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia”.
“En mi opinión, esta decisión no sólo es verdaderamente desafortunada, sino también arrogante y sin sentido”, escribió la magistrada al explicar su desacuerdo en un voto particular de 15 páginas.
En este caso, otras dos de las jueces más progresistas -Elena Kagan y Sonia Sotomayor- se unieron a los conservadores al permitir que la administración planifique reorganizaciones y reducciones de las plantillas de distintos organismos estatales. Sotomayor explicó que era porque la administración había ordenado a las agencias operar “de acuerdo con la ley aplicable”.
“Los planes en sí no están ante este Tribunal, en esta etapa, y por lo tanto no tenemos ocasión de considerar si pueden y serán llevados a cabo de conformidad con las limitaciones de la ley”, escribió Sotomayor, que añadió que el juez de primera instancia aún es libre de evaluar la legalidad de los planes de la administración Trump.
La Corte señaló en su breve orden sin firma que la mayoría de los jueces dijo que “no expresamos opinión alguna sobre la legalidad de ninguno” de los planes de las agencias para reestructurar o reducir las plantillas, y dejó abierta la posibilidad de que la cuestión volviera al máximo tribunal.
Durante la segunda administración Trump, que empezó el 20 de enero pasado, decenas de miles de trabajadores federales fueron echados, dejaron sus empleos a través de planes de renuncia diferida o fueron puestos en licencia. No hay una cifra oficial de todos los recortes, pero se estima que unas 75.000 personas se adhirieron a la dimisión diferida y otros miles de trabajadores en período de prueba fueron despedidos.
El 11 de febrero pasado, Trump había ordenado a las agencias federales planificar y llevar a cabo despidos masivos y reorganizaciones como parte de su esfuerzo por reducir la fuerza de trabajo federal y eliminar lo que llamó el “despilfarro”.
El mayor sindicato de trabajadores federales del país, la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés), presentó una demanda contra los planes del gobierno, alegando que era ilegal que el presidente desmantelara unilateralmente agencias federales creadas por el Congreso.
En mayo pasado, la jueza federal Susan Illston, de California, había determinado que el gobierno necesitaba la aprobación del Congreso para hacer reducciones significativas a la fuerza laboral federal. De hecho, ordenó a varias agencias federales detener la ejecución de las órdenes sobre la fuerza laboral firmada por el presidente y un memorándum posterior emitido por DOGE y la Oficina de Gestión de Personal.
El fiscal general John Sauer, abogado de la administración ante la Corte Suprema, dijo luego a los jueces que Trump no necesita un permiso especial del Congreso para ejercer un poder presidencial básico de supervisión de las agencias federales. La orden del mandatario, señaló, ordena a las agencias cumplir con todas las leyes pertinentes en la “racionalización de sus plantillas”.
La decisión de la Corte llega luego de que el 27 de junio pasado acordara limitar la facultad de los jueces federales para suspender temporalmente órdenes ejecutivas del presidente, lo que abrió la puerta a que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes del país, incluso mientras los desafíos legales a la constitucionalidad de esa medida proceden en otras regiones.
La decisión fue calificada en ese momento como una “victoria monumental” por Trump, en el marco de sus esfuerzos para restringir la inmigración ilegal, una de sus principales promesas de campaña.