Un fiscal pidió que el Gobierno le entregue el expediente de una licitación por trabajos de jardinería en la Casa Rosada y Olivos
El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el Gobierno le entregue el expediente completo de una licitación “para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y r...
El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el Gobierno le entregue el expediente completo de una licitación “para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.
Se trata de una medida previa a decidir si debe abrirse una investigación penal. El fiscal escribió: “Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.
La denuncia que dio origen a este expediente la presentó la diputada nacional Marcela Pagano contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Es por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pagano llegó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza, pero hoy se distanció del bloque oficialista.
La Licitación Pública cuestionada es la N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Según relató el fiscal González en su resolución, “se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF- 2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.
Fuentes de los tribunales informaron a LA NACION que tras recibir y analizar la documentación de esta licitación, la fiscalía decidirá si corresponde impulsar una causa penal.