Universidades: baja graduación y un debate que elude la calidad educativa

En medio de las idas y vueltas de la trajinada ley de Financiamiento Universitario, acaba de aparecer otro dato preocupante sobre la relación entre educación y empleo en el país, otra cuenta pen...

En medio de las idas y vueltas de la trajinada ley de Financiamiento Universitario, acaba de aparecer otro dato preocupante sobre la relación entre educación y empleo en el país, otra cuenta pendiente desde hace cinco décadas.

El último boletín del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, difundido en abril, revela que la Argentina ocupa el lugar 38° en un ranking de 46 países elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para determinar qué porcentaje de población de 25 a 64 años de edad ha alcanzado como máximo el nivel educativo terciario.

Este nivel -que incluye títulos de ciclo corto, universitarios y de posgrado-, llega en el caso argentino a apenas 24%, (ya que 44% completó el secundario y otro 32% niveles inferiores). El ranking es encabezado por Canadá con el 65% de graduados en ese rango etario, seguido por Irlanda (58%) y Corea del Sur (56%). En el extremo opuesto se ubican Sudáfrica (9%), Indonesia (13%) e India (14%).

El ranking de la OCDE aparece en el informe “Education at a Glance 2025” como un vistazo global a la educación. En base a esos datos, el CEA analiza las cifras del nivel educativo máximo de la población de cada país seleccionado, las tasas de empleo y el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan (Ni-Ni), junto con los informes técnicos del Indec publicados el año último.

Alieto Guadagni, director del CEA, afirma en la introducción del trabajo que “nuestra acumulación de capital humano calificado es menor que en otros países e insuficiente para enfrentar los desafíos científicos y tecnológicos. El crecimiento económico no depende hoy de los recursos naturales, sino del incremento del capital humano acumulado por la educación, que permite a los países que estimulan inversiones en activos productivos lograr mayores tasas de incremento en su producción”.

“Desde ya, un alto nivel educativo no asegura un buen empleo – agrega-, pero un bajo nivel garantiza un mal empleo o desocupación estructural. Es hora de implementar una política educativa de calidad y con inclusión social para asegurar la igualdad de oportunidades. Hay que entender que las decisiones educativas correctas son las que apuntan a capacitar a niños y adolescentes para afrontar este siglo de conocimientos y avances científicos y tecnológicos. No es fácil crear trabajo productivo y estable para quienes están marginados de la educación”, concluye.

Francisco Boero, subdirector del CEA, sostiene a su vez que “los nuevos empleos asociados al avance científico y tecnológico de los últimos años requieren formación terciaria para ser llevados a cabo. Esto explica, en parte, la diferencia en las tasas de empleo observadas según el nivel educativo de los trabajadores. El nivel terciario se está transformando poco a poco en el piso establecido por la mayoría de las empresas modernas para incorporar personal”.

Jóvenes con y sin título

En este sentido, otro ranking pone el foco en el rango específico de 25 a 34 años de edad. Aunque la tendencia es similar, Corea lo lidera con el mayor porcentaje de población juvenil con nivel terciario completo, y su promedio de 71% resulta muy superior al de la OCDE (48%), secundado por Canadá e Irlanda, ambos con 66%.

Pero en el otro extremo aparecen Sudáfrica (9%), Indonesia (13%) y la Argentina en el puesto 43°, con apenas 19% de los jóvenes con estudios terciarios completos (pese a que 55% terminó la secundaria). A nivel regional, es superada por Chile (41%, según datos de 2022), Colombia (37%), Costa Rica (31%), México (29%) y Brasil (24% en 2023).

Consultado por LA NACION, un dato que enfatiza Boero es la diferencia en la eficacia de la graduación, medida como el porcentaje de estudiantes universitarios que se gradúan en el tiempo esperado para cada carrera. Según cifras de 2023 (últimas disponibles), llega a 41% en universidades privadas y se reduce a 19% en las estatales. En el total del país se ubica en 23%.

Para determinar el porcentaje de jóvenes en edad de ingresar a la universidad o al mercado laboral que no estudian ni trabajan, la OCDE releva la población de 18 a 24 años de edad en 42 países. Con 24% de Ni-Ni, ubica a la Argentina en el puesto 38° junto con Brasil (ambos con 24%), seguidos por Colombia (27%), lejos del promedio de 14% y del podio alcanzado por Islandia, Países Bajos y República Checa con apenas 5%.

El informe se focaliza además sólo en la población de 25 a 64 años con graduación terciaria completa y corrobora que, en casi todos los casos, cuanto mayor es el nivel educativo, mayor resulta la tasa de empleo. Los países con mejor desempeño son Noruega (98%), Hungría (92%) y Polonia (92%), y con el peor están Sudáfrica (40%), India (65%) y Turquía (75%). La Argentina, con una tasa de 88% de las personas de ese rango que alcanzaron el nivel terciario y se encuentran empleadas, se ubica en torno del promedio de OCDE (87%).

En el plano local, las últimas cifras del Indec (segundo trimestre de 2025) demuestran que los estudios secundarios completos ya no garantizan el acceso al empleo, dado que más de la mitad (53,5%) de la población desocupada en los 31 principales conglomerados urbanos alcanzó ese nivel. En consecuencia, el terciario pasa a ser determinante para acceder a un puesto de trabajo, que en la población ocupada con estudios superiores completos llega a 24,1% y en la desocupada se reduce al 10,6%.

Financiamiento universitario

Paralelamente, un trabajo difundido en abril por el instituto de estudios Ieral, de la Fundación Mediterránea, dentro de su Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL), pone énfasis en la necesidad de mejorar la controvertida ley de Financiamiento Universitario sin colisionar con el equilibrio fiscal.

De hecho, este debate arrancó en septiembre de 2024 con la ley aprobada por mayoría opositora, que establecía la actualización por IPC de los gastos de funcionamiento y mecanismos de recomposición salarial para el personal docente y no docente con reglas periódicas, que semanas más tarde fue vetada por un DNU del Poder Ejecutivo.

Una secuencia similar se repitió casi un año después, aunque en octubre de 2025 el Congreso aprobó y promulgó una nueva versión de la ley original para aplicar en 2026, cuyos efectos fueron suspendidos por otro decreto que supeditaba el aumento de gastos al recorte de otras partidas en línea con la ley de presupuesto nacional, que dio origen a varias medidas cautelares cuya suspensión de ejecución fue apelada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Hace 10 días, a través de la Procuración del Tesoro, el Gobierno presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema suspenda su vigencia y cuya definición está pendiente.

En medio de estos vaivenes, el documento institucional del Ieral señala que desde el año 2000 el gasto en universidades nacionales siguió una tendencia similar a la del gasto total del sector público nacional, que en 2015 fue récord y originó un déficit financiero equivalente al 7% del PBI. En el período 2015-2025 el gasto total cayó 29% y las transferencias a universidades se redujeron 36%, ambos en términos reales.

A juicio de la entidad, un factor que hace más complejo el proceso fue la vertiginosa creación de nuevas casas de estudio. “Entre 2004 y 2023 se crearon 23 nuevas universidades nacionales, de manera que actualmente desde el presupuesto nacional se financian 57 universidades nacionales de gestión estatal. Solo en 2023 el Congreso sancionó leyes que crearon cinco nuevas (Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo)”, explica.

Otro dato relevante es que “en conjunto, el gasto en personal docente y no docente representa casi 90% del total de transferencias a las universidades que, sumado a gastos de funcionamiento (7%) y de hospitales universitarios (2%) –añade-, dejan un margen ínfimo para inversiones en tecnología, esenciales para garantizar calidad educativa”. Sobre todo, cuando la información oficial indica que las universidades nacionales concentran actualmente más de 2 millones de estudiantes y el 78% de la matrícula total (sumando sector estatal y privado).

El documento institucional también alerta que la duración promedio de las carreras tiende a exceder los plazos teóricos establecidos en los planes de estudio, lo cual incide tanto en la eficiencia del gasto como en la trayectoria laboral de los estudiantes.

Desde el año 2000, mientras la matricula aumentó 55%, el número de egresados lo hizo 33%. El mismo fenómeno ocurre con la tasa de graduación, medida entre egresados y nuevos inscriptos. En 2023 (último disponible) apenas 1 de cada 5 ingresantes se graduó. Para más datos, en ese año el número de nuevos inscriptos en universidades e institutos universitarios nacionales y provinciales para cursos presenciales o a distancia (on line) totalizó casi 521.000 alumnos. En cuanto al número de egresados cada mil estudiantes en universidades estatales, en Chile alcanzó a 194, en Brasil a 123 y en la Argentina a apenas 44.

Según el Ieral, una de las posibles explicaciones de esta brecha son las diferencias en los sistemas de acceso a la educación superior. Mientras en la Argentina rige el ingreso irrestricto para quienes completan la educación secundaria, en Chile y Brasil se aplican exámenes nacionales al finalizar el nivel medio, cuyos resultados son utilizados por las universidades como criterio de admisión. Este tipo de mecanismos tiende a generar trayectorias educativas más eficientes y con mayores tasas de graduación.

Además, Brasil aplica un examen nacional de desempeño estudiantil que permite medir el nivel de conocimientos de los graduados y generar información para evaluar instituciones, carreras y planes de estudio. En contraste, la Argentina carece de instrumentos sistemáticos para medir los aprendizajes alcanzados al finalizar la universidad, lo cual limita la disponibilidad de información para evaluar el funcionamiento del sistema y orientar mejoras en la calidad formativa.

También destaca que la proporción de jóvenes pertenecientes al 20% de los hogares de mayores ingresos que asisten a universidades públicas casi duplica la observada entre los provenientes del 20% de los hogares más pobres. “En este sentido –añade- puede estimarse que alrededor del 27% del gasto universitario público es apropiado por el 20% de los hogares de mayores ingresos y el financiamiento presenta un sesgo pro-rico”, lo cual no ayuda a que un mayor número jóvenes de menores ingresos accedan y permanezcan en la educación pública superior”.

En síntesis, el debate por el financiamiento universitario gira alrededor de la cantidad del gasto y no de su calidad.