Universidades: medidas que relegan debates de fondo
La cuarta marcha universitaria realizada ayer desde que asumió el actual gobierno reaviva un debate cuya solución aparece lejana. “Es una marcha política”, declaman en el Gobierno. “Los sa...
La cuarta marcha universitaria realizada ayer desde que asumió el actual gobierno reaviva un debate cuya solución aparece lejana. “Es una marcha política”, declaman en el Gobierno. “Los salarios docentes y de los investigadores son paupérrimos”, protestan los protagonistas del sector educativo, al tiempo que reclaman que se aplique la ley de financiamiento universitario, sancionada a fines de 2025, que instó al Gobierno a recomponer los haberes y reforzar los fondos de las casas de altos estudios del ámbito público.
Todos y cada uno de los actores involucrados creen tener razones que se fundamentan en la compleja realidad de la hora. Le asiste la verdad al Gobierno cuando señala a determinados sectores de la política que se suben a estas marchas tratando de explotarlas, llevando agua para su molino con cifras amañadas sobre la situación educativa. Pero también hay dirigentes que, conscientes de que la gratuidad absoluta es una falacia, están convencidos de que hay reclamos que son justos y aspiran a que se los tenga en cuenta.
Que un día antes de la marcha el Gobierno haya modificado el presupuesto 2026 recortándolo en 2,5 billones de pesos y haciendo recaer una buena parte de la poda en las áreas educativa y sanitaria puede no haber sido la más oportuna decisión administrativa en orden a mantener a raya el gasto público, pero también es cierto que quienes sancionaron la ley de financiamiento universitario en el Congreso no definieron de dónde deberían salir los recursos para hacerla viable, prescindiendo en consecuencia del análisis de cómo afectaría ello a las cuentas de la administración general del país.
La ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional es clara al respecto: sostiene que toda norma que autorice gastos no previstos en un presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos para su financiamiento y que no pueden crearse fondos u organismos que indiquen gastos que no se consoliden en el presupuesto general o que no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria. Fue por esa razón, precisamente, que la ley de 2025 fue vetada por el presidente Javier Milei. Más tarde, el Congreso insistió en la norma, tras lo cual el Gobierno presentó un recurso federal extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, donde el tema aguarda respuesta mientras la aplicación de la ley de financiamiento sigue suspendida.
También está debidamente documentado el desgaste de docentes y no docentes universitarios por los magros haberes que perciben. Los reclamos fueron variando con cada marcha. Tras la primera, realizada en abril de 2024, primó el pedido de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades –representan el 10% del total; el 90% corresponde a pago de salarios-. Para entonces, el Gobierno se sentó a dialogar y concedió un incremento del 270% para aquellos gastos. En la segunda, que tuvo lugar en octubre del mismo año, el pedido principal consistió en una recomposición salarial y en la revisión del presupuesto 2025. La tercera tuvo como eje reclamar a los legisladores que impulsaran la ley de financiamiento y se recompusiera el presupuesto para el área, hasta llegar a la de ayer, centrada en que el Gobierno cumpla con la ley sancionada y ahora judicializada.
Ese in crescendo arrojó como lamentable resultado la pérdida de horas de clase que significaron los paros docentes y la adhesión a numerosas protestas adoptadas en diferentes formatos y momentos de la cursada. Miles de estudiantes de universidades públicas se vieron obligados a recuperar clases en forma virtual, con agregado de materiales de lectura, forzando programas y generando grandes dudas sobre la calidad de los parciales. Muchos otros, que hicieron el esfuerzo de encarar una carrera universitaria, pero que no hallaron la correspondiente contraprestación de parte del sistema educativo, abandonaron los estudios. Ese aspecto también debe ser considerado en esta larga disputa en donde todos parecen tener razón en algo, pero no se muestran verdaderamente dispuestos a negociar una salida decorosa que no haga descender a la educación pública en la escalera de históricos y merecidos reconocimientos.
Cuando la discusión sobre el presupuesto monopoliza el debate, quedan relegados otros importantes temas, como la falsa gratuidad y las potenciales fuentes de financiamiento, incluido el arancelamiento para una mayoría de estudiantes que están en condiciones de afrontarlo y para quienes vienen del exterior exclusivamente a estudiar una carrera universitaria que en sus países de origen no pueden solventar. También, las auditorías docentes, los sistemas de ingreso, los índices de graduación, la escasez de profesores con dedicación exclusiva, la actualización de contenidos frente a las nuevas tecnologías y el alcance del uso de la inteligencia artificial en la enseñanza, entre muchas otras cuestiones que avanzan aceleradamente mientras la educación se ralentiza.
En 1983 cursaban estudios universitarios en el país unos 357.000 estudiantes. Hoy son más de 2,5 millones, con un aumento de la población del 60%. En la Argentina hay 557 alumnos por cada 10.000 habitantes; en Brasil, 408, y en Chile, 357. Nuestro índice de graduación promedio es de 20 graduados, 37 en Brasil y 80 en Chile. Solo un 23,7% de los ingresantes a universidades públicas argentinas se gradúan; en las privadas lo hace el 40%.
El 70 % de los alumnos que se reciben en la universidad pública pertenece al 20% de las familias con mayores ingresos, lo cual confirma que la gratuidad no solo conspira contra el índice de graduación, sino que tampoco beneficia a los de menores recursos.
También es bajo el porcentaje de quienes se reciben en los plazos curriculares establecidos.
En la Argentina, a pesar de las insatisfactorias condiciones con la que egresan muchos estudiantes del nivel medio, no está vigente el examen habilitante que en numerosos países es obligatorio aprobar en el último año. Tampoco rige entre nosotros la tramitación de una habilitación posterior a la graduación universitaria para el ejercicio profesional, algo habitual en otros lugares del mundo con licencias, como las de los médicos, que deben ser revaluadas periódicamente.
La universidad debe ser un ámbito de libertad, de búsqueda del conocimiento, de pluralismo. Sin embargo, asistimos a actos de censura en distintas facultades cuando el ideario de un expositor no coincide con el de quienes creen tener el monopolio de la verdad y no toleran el disenso, tanto del oficialismo como de la oposición. En la Universidad Nacional de La Plata, incluso, se ha llegado a premiar la labor a favor de “la democratización de la prensa” de dictadores como Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Evo Morales, auténticas burlas que desprestigian a cualquier centro de estudios.
Ciertamente, los países que invierten en educación y promoción de la investigación científica son los que más han crecido en las últimas décadas de la mano también de la industria del conocimiento. El retraso relativo de América Latina, y de nuestro país en particular, se origina en la desatención en que la política ha sumergido estas cuestiones.
Es necesario pensar en cómo promover fuentes de financiamiento que son habituales en otros países, como la investigación científica y las donaciones, y en cómo superar la inequidad social de la gratuidad del actual sistema.
El diseño de las prioridades educativas debe estar en manos de expertos para sopesar cuestiones académicas, no de políticos que solo buscan hacer proselitismo y funcionarios que por años lucraron con suculentas cajas apostando a conservar cautivos a sus votantes.
Si unos y otros tienen parte de razón, está fallando el diálogo, la comprensión de las razones de cada protagonista y la búsqueda de una solución que no será perfecta ni definitiva, pero que debería encaminarnos a salir del fondo del pozo en el que nos encontramos.