Venta de pasaportes argentinos por inversiones, una jugada riesgosa

“Este anuncio forma parte del proceso continuo de apertura e integración internacional de Argentina”, destacó Luis Caputo en París, acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el...

“Este anuncio forma parte del proceso continuo de apertura e integración internacional de Argentina”, destacó Luis Caputo en París, acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de la Argentina Week, donde se anunció la iniciativa por la cual los inversores que realicen aportes “relevantes” en efectivo o compren bonos de deuda podrán acceder a la ciudadanía argentina mediante la obtención de un pasaporte.

No son muchos los países que impulsan ese tipo de “comercio de ciudadanías”. Los que lo hacen hoy son República Dominicana, donde se puede obtener la ciudadanía mediante inversión inmobiliaria o fondos estatales desde USD 200.000; Antigua y Barbuda, que ofrece su pasaporte desde USD 230.000; Granada: desde USD 235.000, Santa Lucía: abonando USD 240.000 a través de opciones que incluyen la compra de propiedades; San Cristóbal y Nieves, que ofrece su ciudadanía desde USD 250.000 en contribuciones estatales o USD 400.000 en propiedades aprobadas; Vanuatu (Oceanía), uno de los procesos más rápidos y económicos fuera de América, con un costo que arranca en los USD 130.000; Egipto, a través de un programa de ciudadanía por inversión a partir de los USD 250.000 y El Salvador: que otorga el pasaporte a cambio de una inversión de 1 millón de dólares en Bitcoin o dólares digitales. También en Europa lo hace Malta, por USD 750.000, pero con la reprobación de la Unión Europea, que pidió enfáticamente abandonar ese programa antes de 2028.

Argentina también le puso precio a sus pasaportes, con un esquema que contempla dos mecanismos para acceder a la ciudadanía. El primero consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. El segundo establece la posibilidad de suscribir un título público por US$800.000, creado para el programa. Según señalaron los ministros Caputo Y Santilli, también podrán aplicar los familiares del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional y para los menores de 18 años, el aporte será de US$25.000, según informó el colega Francisco Jueguen en LA NACION desde París cubriendo el anuncio.

El programa señala que habrá “evaluación y controles” alineados con las recomendaciones de la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Qué es lo mínimo que se puede exigir. El problema es que el Presidente dijo recientemente que en dos años la Argentina expulsó a 30.000 terroristas del país -una mentira, o una exageración irresponsable-, lo cual lleva a pensar si no es confiarse demasiado, porque entre los interesados en utilizar el sistema podrían encontrarse terroristas, narcotraficantes o estafadores que necesitan huir de sus países de origen y obtener un pasaporte más calificado. Algo de esto pasó en países que tienen visa directa para ingresar a EE.UU., como Malta, que se convirtió en un puente entre los países de origen y EE.UU. para aquellos que cargaban con actividades de dudosa moral, que no tienen la posibilidad de conseguir una visa estadounidense. Por eso también es que Malta fue cuestionado por la Unión Europea.

Fue el GAFI que alertó en su momento que este tipo de prácticas con frecuencia fueron utilizados por grandes capitales de origen dudoso para ocultar fortunas, evadir impuestos o eludir la trazabilidad de fondos de sospechosa procedencia. Además, en Europa, se controla ese tipo de “servicios” porque en general, con el fin de recaudar, se realizan transacciones financieras rápidas, donde muchas veces no se exige una residencia efectiva, lo que complejiza a las autoridades realizar un control exigente de los antecedentes penales o de las intenciones genuinas del comprador. La nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión conducirá la evaluación de cada trámite en nuestro país, con la participación de organismos especializados. Ahora bien, aún si con controles efectivos y transparentes, ¿no estaríamos como país subestimando el derecho cívico de los argentinos y de aquellos que lo hicieron por opción de vida sin un pago millonario a cambio?

La ciudadanía es un vínculo sagrado de lealtad, valores compartidos y deberes cívicos. Convertirla en un bien comercializable degrada su valor específico. No podemos olvidar que la pertenencia a una nación implica deberes, una historia compartida y un vínculo comunitario inseparable. Al ponerle “precio” a un pasaporte se transforma la identidad nacional en un privilegio financiero reservado únicamente para quienes disponen del dinero para hacerlo, lo cual implicaría capacidad de comprar bienes o servicios, pero no el sentido de integración a una sociedad. Y suena paradójico que el mismo gobierno que acaba de instalar una bandera de soberanía como “causa nacional” con las Islas Malvinas, proponga este sistema de ciudadanía por inversión para personas que pueden venir eventualmente a apropiarse de extensas propiedades, no como extranjeros sino como ciudadanos argentinos, con el consiguiente riesgo para el cuidado de nuestras tierras y sus recursos naturales. Justamente lo que le estamos disputando con el Reino Unido en el archipiélago del sur y sus mares. Además, el debate sobre la “ley de extranjerización de tierras” pasaría a un segundo plano, porque con un pasaporte argentino adquirido un inversor ya no necesitaría una norma que limite o extienda sus posibilidades de compra.

La decisión anunciada en París es polémica, al ser una práctica muy cuestionada por especialistas en derecho inmigratorio. Hay cosas que no se pueden comprar y vender, y una ciudadanía no es un bien. Obtener un pasaporte significa también recibir derechos constitucionales para quien lo adquiere, igualando al que los tiene por su pertenencia a una nación por derecho natural o por herencia de sangre, y convierte esto último en un bien comercial y no en una adopción ciudadana.

Si queremos -y pregonamos- ser una nación desarrollada y virtuosa, no estaría mal empezar imitando integridades ajenas como un espejo donde reflejar nuestro propio crecimiento, y eso comienza cuando rechazamos o no aplicamos prácticas que definitivamente aquellos países descartan.